Este 18 de agosto, los españoles celebramos, con más resignación que alborozo, el Día de la Liberación Fiscal, una fecha que marca el momento en que, tras 228 días de trabajo, empezamos a generar dinero para nosotros mismos y dejamos de trabajar para pagar impuestos al Estado, que se queda con casi el 47% de nuestros salarios, según el informe de la Fundación Civismo.
Este dato supone un retroceso alarmante respecto a 2018, cuando el Día de la Liberación Fiscal se situó en el 26 de junio, 53 días antes. En apenas siete años, la presión fiscal ha crecido de manera brutal, obligando a los ciudadanos a dedicar un mes y medio adicional de su esfuerzo laboral al fisco. Este incremento desmedido, que en 2025 ha sumado 16 días más respecto al año anterior, refleja una voracidad recaudatoria que asfixia a los contribuyentes mientras el gobierno demuestra una incapacidad total para gestionar las graves crisis que azotan el país.
La recaudación por IRPF, que ha crecido un 50% desde 2020, es un ejemplo claro de esta escalada impositiva. Este aumento, lejos de traducirse en mejores servicios públicos, coincide con una gestión desastrosa de emergencias como los incendios forestales, la erupción del volcán de La Palma y las devastadoras riadas de Valencia. Los ciudadanos, que vemos cómo casi la mitad de nuestros ingresos se destinan al Estado, nos enfrentamos a una realidad donde la respuesta gubernamental es ineficaz o directamente inexistente.
Pero más allá del IRPF y el IVA, los ciudadanos soportamos una carga adicional que pasa desapercibida pero pesa como una losa. Según la Fundación Civismo, el contribuyente medio dedica 4.850 euros al año a impuestos como el IBI, el impuesto de circulación, transmisiones patrimoniales, sucesiones y diversas tasas municipales. Estos tributos, que suponen más de 80 días laborales adicionales, son omnipresentes en la vida cotidiana, pero su impacto rara vez se discute.
Mientras el gobierno incrementa estas cargas, los servicios públicos no mejoran y las crisis se gestionan con una ineficiencia que roza la negligencia. La presión fiscal, que ha crecido de forma desproporcionada desde 2018, no se justifica con una mejora en la calidad de vida o en la respuesta ante emergencias.
La tragedia de La Palma, con la erupción del volcán Cumbre Vieja en 2021 y sus efectos aún presentes en 2025, es un claro ejemplo de la inacción del gobierno. Miles de personas perdieron sus hogares, y la reconstrucción prometida sigue siendo un espejismo para muchos. Las ayudas económicas, que deberían haber sido ágiles y efectivas, se han visto atrapadas en un laberinto burocrático, dejando a los afectados en una situación de precariedad.
Las riadas de Valencia, con centenares de fallecidos y miles de negocios perdidos, son otro ejemplo de la incapacidad estatal para prevenir y reaccionar ante desastres. Las infraestructuras obsoletas, la falta de planificación urbanística y la ausencia de medidas preventivas multiplicaron los daños, mientras los ciudadanos, que ya destinamos casi la mitad de sus ingresos al Estado, nos preguntamos dónde está el retorno de nuestros impuestos.
Los incendios forestales, que este verano están arrasando miles de hectáreas destruyendo pueblos enteros y llevándose por delante la vida de varias personas, son la guinda de un pastel de despropósitos. La falta de inversión en prevención, la escasez de recursos para los bomberos y la nula coordinación entre administraciones han convertido el verano en un verdadero infierno. Mientras los contribuyentes vemos cómo nuestros impuestos se evaporan en un sistema que no logra proteger nuestro patrimonio natural ni nuestras vidas, el insaciable Estado sigue exprimiéndonos a impuestos porque sabe que no vamos a reaccionar, que vamos a seguir tragando con lo que nos echen.
En resumen: Hasta hoy, 18 de agosto, los contribuyentes españoles hemos estado trabajando para este gobierno de traidores, inútiles, corruptos y ladrones.
(Por Laura González)
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