El juez Juan Carlos Peinado ha ampliado las imputaciones contra Begoña Gómez. Este pasado lunes 18 de agosto, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha acordado imputarle un presunto delito de malversación de caudales públicos relacionado con la contratación y el uso de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. Esta decisión suma un quinto delito a la lista de cargos que pesan sobre Gómez, quien ya estaba siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
La imputación se extiende también a Cristina Álvarez, quien declarará como investigada el próximo día 10 de septiembre, mientras que Gómez lo hará al día siguiente, el 11 de septiembre, a las 10:30 horas. Esta nueva citación marca la cuarta ocasión en que Gómez se presenta ante el juez en el marco de esta causa, aunque en esta instancia el interrogatorio se centrará exclusivamente en el supuesto desvío de fondos públicos para fines privados.
El caso contra Begoña Gómez se inició en 2024 tras denuncias presentadas por organizaciones como Manos Limpias y Hazte Oír, que acusaban a la esposa del presidente de aprovechar su posición para obtener beneficios en contratos públicos y actividades académicas.
Gómez ha sido vinculada a su rol en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde supuestamente utilizó recursos públicos para promover intereses privados, incluyendo la obtención de fondos de empresas y el registro de software.
Cristina Álvarez, contratada en julio de 2018 como asesora de confianza en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno —cuando Félix Bolaños era su responsable—, ha sido señalada como una figura clave en estas actividades. Álvarez, amiga personal de Gómez desde su etapa en una empresa de mercadotecnia, acompañaba a la investigada en visitas a la UCM y gestionaba correos y consultas relacionadas con la cátedra.
El juez Peinado había imputado previamente a Álvarez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero anuló su primera declaración como testigo en diciembre de 2024, siguiendo un fallo de la Audiencia Provincial de Madrid en junio de 2025.
En mayo de 2025, Peinado imputó malversación al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su papel en la contratación de Álvarez, pero descartó entonces investigar a Gómez y Álvarez por este delito, considerando que no tenían responsabilidad directa en el nombramiento. Sin embargo, este auto representa un cambio de criterio, respaldado por la Audiencia Provincial.
El juez Peinado se apoya en un auto de la Audiencia Provincial de Madrid de junio de 2025, que avaló la investigación por malversación y señaló una «estructura institucionalizada de poder» en La Moncloa que permitió una «clara y palmaria desviación» de recursos públicos. Los magistrados indicaron que Álvarez podría haberse sobrepasado en sus funciones públicas para favorecer el «plan delictivo» de Gómez, desviando medios estatales hacia intereses privados.
La Audiencia destacó la amistad previa entre Gómez y Álvarez como motivo del nombramiento, lo que podría constituir una desviación de fondos públicos para reforzar la influencia de Gómez desde la Presidencia del Gobierno. Ejemplos incluyen correos electrónicos gestionados por Álvarez con el vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, y consultas sobre el registro de software.
Peinado también menciona que no ha recibido notificación del Tribunal Supremo sobre el archivo de la exposición razonada contra Bolaños por malversación y falso testimonio, rechazada en junio de 2025 por falta de indicios.
Hasta ahora, Gómez se enfrentaba a cuatro delitos principales:
- Tráfico de influencias y corrupción en los negocios: Relacionados con contratos adjudicados a empresas vinculadas a sus actividades, como el rescate de Air Europa en 2020, que salpicó indirectamente el caso pero fue frenado por la Audiencia.
- Apropiación indebida: Por el supuesto uso indebido de software desarrollado para la cátedra de la UCM.
- Intrusismo profesional: Acusada de ejercer roles académicos sin titulación adecuada.
La causa ha incluido diligencias como el análisis de tráfico de llamadas de Álvarez y requerimientos a Moncloa sobre un posible correo oficial de Gómez (bgomez@presidencia.gob.es), solicitado en agosto de 2025 para verificar su uso en actividades privadas.
El juez planea procesar a Gómez tras el verano, sin más prórrogas.
Con las citaciones fijadas para septiembre, la causa podría avanzar hacia el procesamiento formal de Gómez. El juez ha requerido informes adicionales a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre comunicaciones y fondos, lo que podría revelar más detalles sobre el supuesto uso indebido de recursos públicos.