Un artículo de ABC publicado este domingo revela un dato estremecedor que muchos nos temíamos: una investigación preliminar publicada en la revista Eurosurveillance detectó 147 muertes adicionales en los tres días posteriores al apagón masivo del 28 de abril, que dejó sin electricidad a España, Portugal, Andorra y zonas del sur de Francia.
Los autores del estudio señalan un notable aumento de mortalidad, especialmente entre personas de 65 a 84 años, con 94 fallecimientos adicionales en este grupo. Sin embargo, el margen de error del estudio sugiere que el número real de víctimas podría ser mucho mayor, una posibilidad que el sentido común refuerza al considerar la dependencia de miles de personas de equipos médicos vitales.
Las cifras oficiales, como siempre, parecen maquilladas para minimizar el desastre y proteger la imagen de una administración que demuestra, con cada crisis, su absoluta incapacidad para gestionar y su desprecio por la verdad. Ya hizo con las víctimas de la devastadora riada de Valencia.
¿Cómo no va a haber más muertos si miles de personas dependen de máquinas de oxígeno para respirar, de respiradores en hospitales, de diálisis o de sistemas de refrigeración para medicamentos vitales como la insulina? Un apagón de esta magnitud, que paralizó desde centros médicos hasta residencias de ancianos y hogares no puede haber causado solo la decena de muertes que nos han hecho creer. Es insultante que el Gobierno pretenda hacernos creer esa cifra, como si los ciudadanos no pudiéramos sumar dos más dos.
Por ejemplo, pensemos en los ancianos en residencias sin ascensores ni sistemas de emergencia adecuados, o en pacientes en UCI cuyos equipos dejaron de funcionar por falta de energía. ¿Cuántos murieron sin que nadie lo registrara? ¿Cuántos casos fueron clasificados como “muertes naturales” para evitar engrosar las estadísticas, como ocurrió con una paciente en Valencia cuya muerte, según fuentes oficiales, fue atribuida a causas naturales pese a estar conectada a un respirador que falló?
El artículo de ABC también destaca que el sistema de monitorización MoMo del Instituto de Salud Carlos III registró 84 muertes adicionales el 29 de abril y 83 más el 30, un incremento del 7,2% respecto a lo esperado. Curiosamente, el día del apagón se reportaron 20 muertes menos de lo habitual, lo que los investigadores interpretan como una falta de efecto inmediato, pero esto no hace más que levantar sospechas sobre la manipulación de datos. Si el propio estudio admite un margen de error que podría triplicar la cifra de fallecidos, ¿por qué el Gobierno no ha impulsado una investigación exhaustiva? ¿Por qué no hay transparencia sobre las causas reales del apagón, que el informe atribuye a una “sobretensión multifactorial” sin señalar responsables claros?
La realidad es que este Gobierno, como en la tragedia de Valencia, prefiere la opacidad y las excusas a la verdad. No hubo planes de contingencia efectivos, a pesar de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había alertado en enero de 2025 sobre los riesgos de inestabilidad en la red eléctrica por la alta penetración de renovables. La falta de coordinación para proteger a los más vulnerables es criminal. Casos como el de una persona con ELA en Castilla y León, cuya muerte se investiga por posible relación con la falta de energía en su respirador, o el de una mujer en una residencia de Vizcaya que dependía de oxígeno, muestran la magnitud del desastre.
Este Ejecutivo, obsesionado con su narrativa de energías renovables y su imagen impoluta, no solo falló en prevenir el apagón, sino que ahora encubre su impacto real. Las 147 muertes reportadas son solo la punta del iceberg, y la falta de autocrítica y rendición de cuentas es una burla a las víctimas y sus familias. Como en Valencia, nos toman por idiotas, manipulando cifras y evadiendo responsabilidades. La pregunta es: ¿cuánto más vamos a tolerar esta farsa?