En marzo de 2022, la Dirección General de Tráfico (DGT) implementó una medida controvertida al eliminar la norma que permitía superar en 20 km/h el límite de velocidad en carreteras convencionales para realizar adelantamientos. Esta decisión, justificada por el director de la DGT, Pere Navarro, como una forma de alinearse con las normativas europeas y reducir el riesgo de colisiones frontales, ha sido objeto de críticas y análisis. Un estudio reciente, patrocinado por Dvuelta y realizado por la Universidad de Zaragoza, revela que esta medida no solo no ha cumplido su objetivo de mejorar la seguridad vial, sino que, lejos de reducir la siniestralidad, ha coincidido con un aumento significativo de los accidentes mortales en 2023.
La supresión del margen de 20 km/h adicionales para adelantar se presentó como una solución para disminuir los accidentes en carreteras convencionales, que son vías de doble sentido y calzada única, donde los adelantamientos conllevan un riesgo elevado. Según Pere Navarro, esta norma era «anacrónica» y fomentaba maniobras peligrosas. Sin embargo, la DGT no aportó estudios científicos que respaldaran esta decisión, y el compromiso de evaluar los resultados un año después no se cumplió, según denuncia Dvuelta. Jorge Ordás, entonces subdirector de Movilidad y Tecnología de la DGT, reconoció en su momento que no existían investigaciones que relacionaran directamente los adelantamientos rápidos con colisiones frontales o salidas de vía, los tipos de accidentes más comunes en estas carreteras.
El estudio de la Universidad de Zaragoza, liderado por el doctor ingeniero Juan José Alba, utilizó datos de la base Arena de la propia DGT para analizar el impacto de la medida. Los resultados son contundentes: mientras que en 2022, primer año de aplicación parcial de la norma, la siniestralidad relacionada con adelantamientos disminuyó, en 2023 se registró un incremento notable. Según el informe, el número de fallecidos en accidentes vinculados a adelantamientos en carreteras convencionales aumentó hasta un 123% en 2023, dependiendo de cómo se clasificaran los siniestros en los atestados de la Guardia Civil de Tráfico. Además, se observaron incrementos en todas las variables analizadas: número de accidentes, fallecidos, heridos hospitalizados y heridos leves, alcanzando valores máximos en la serie histórica iniciada en 2019.
La eliminación del margen de 20 km/h ha prolongado el tiempo y la distancia necesarios para realizar un adelantamiento, incrementando el riesgo de colisiones frontales. Según cálculos citados por Dvuelta, adelantar a un vehículo a 90 km/h en lugar de a 110 km/h triplica el tiempo que el conductor permanece en el carril contrario (de 2,52 segundos a 7,56 segundos) y multiplica por 2,5 la distancia recorrida (de 77 metros a 189 metros). Esto, lejos de mejorar la seguridad, convierte los adelantamientos en maniobras más peligrosas, especialmente en carreteras convencionales donde el tráfico en sentido contrario es constante.
El portavoz de Dvuelta, Pedro Javaloyes, ha calificado la medida como un «experimento fallido» argumentando que las decisiones de la DGT carecen de rigor técnico. Por su parte, Juan José Alba subraya la necesidad de investigaciones técnicas independientes para identificar las causas reales de los accidentes, más allá de buscar responsabilidades penales. «Todo accidente con víctimas exige una investigación policial, pero también debería exigir una investigación técnica para emitir recomendaciones que eviten que se repitan», afirma Alba.
Ante las críticas, la DGT ha defendido su postura argumentando que el aumento del tráfico en carreteras convencionales en 2022 y 2023 distorsiona los datos. Según el organismo, es más adecuado analizar el porcentaje de accidentes relacionados con adelantamientos en relación con el total de siniestros, en lugar de los valores absolutos. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a los expertos, que consideran que la DGT no ha presentado datos concluyentes ni ha cumplido su promesa de evaluar la medida tras un año de implementación.
El estudio de la Universidad de Zaragoza pone de manifiesto la importancia de basar las políticas de seguridad vial en análisis científicos y no en decisiones arbitrarias. Alba cita el ejemplo de la N-232 entre Zaragoza y Navarra, una carretera con alta siniestralidad donde la prohibición de adelantamientos mediante una doble raya continua no resolvió el problema de fondo, que residía en el diseño deficiente de la vía. Este caso evidencia que las soluciones simplistas, como la eliminación del margen de 20 km/h, no siempre abordan las causas reales de los accidentes.