En un caso que ha generado indignación y desconcierto en la opinión pública, un hombre de 78 años en la comarca del Arlanza, Burgos, se enfrenta a una posible sanción de hasta 200.000 euros por haber retirado 16 nidos de golondrina común (Hirundo rustica) de la fachada de un bloque de viviendas del que es propietario. Este incidente, ocurrido el pasado mes de mayo, pone de manifiesto un conflicto entre la estricta legislación ambiental española y lo que muchos consideran una respuesta desmesurada ante una acción que podría interpretarse como un simple acto de mantenimiento doméstico.
El caso salió a la luz gracias a la denuncia de un vecino, quien alertó a la Guardia Civil sobre la supuesta eliminación de nidos de golondrina en un edificio residencial. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) realizaron una inspección en la vivienda del anciano, donde constataron la desaparición de varios nidos, con evidencias claras como marcas circulares de barro en la fachada y restos en la acera y vehículos aparcados. Aunque algunos nidos seguían intactos, el SEPRONA determinó que el hombre de 78 años había destruido hasta 16 nidos, lo que constituye una infracción grave según la legislación española. El caso ha sido trasladado al Juzgado de Instrucción de Lerma, donde se tramitan las diligencias.
La perspectiva de un abogado en Palma de Prolegali
En los últimos años, la preocupación por la protección de los animales y el medio ambiente ha derivado en una regulación cada vez más estricta por parte de las administraciones públicas. Sin embargo, desde la perspectiva de un abogado en Palma de Prolegali, no son pocos los casos en los que estas normativas se aplican de forma desproporcionada, imponiendo multas excesivas que, en muchos casos, arruinan a pequeños propietarios, ganaderos, autónomos o incluso a ciudadanos particulares que, en la mayoría de las ocasiones, desconocen la complejidad de la normativa vigente.
Un ejemplo recurrente son las sanciones derivadas de la tenencia de animales de compañía o de explotaciones ganaderas. En ocasiones, un simple descuido administrativo —como no tener actualizado un registro de identificación animal, no presentar a tiempo una vacunación o dejar escapar a un perro sin microchip— puede traducirse en multas que superan con creces la capacidad económica del afectado. Lo mismo ocurre con pequeñas infracciones relacionadas con la protección de la fauna salvaje, como la instalación de vallados sin permisos específicos o la modificación de terrenos rústicos, que pueden acarrear sanciones administrativas de miles de euros.
Matices como la intención, la edad del infractor o las circunstancias específicas
La golondrina común es una especie migratoria protegida en España bajo la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que prohíbe expresamente dañar o destruir sus nidos, incluso si están desocupados o fuera de la temporada de cría. Esta normativa, diseñada para preservar la fauna silvestre y su papel ecológico, establece sanciones que pueden oscilar entre 5.001 y 200.000 euros, dependiendo de la gravedad del daño causado y su impacto ambiental. Las golondrinas son valoradas por su contribución al control de plagas, ya que su dieta basada en insectos ayuda a mantener el equilibrio ecológico en entornos urbanos y rurales.
Si bien la protección de estas aves es comprensible, la aplicación rígida de esta ley en el caso de un anciano que, probablemente, actuó sin pleno conocimiento de las implicaciones legales, levanta preguntas sobre la proporcionalidad de las sanciones. La normativa no parece contemplar matices como la intención, la edad del infractor o las circunstancias específicas, lo que lleva a situaciones que muchos consideran absurdas.
El caso ha generado un fuerte debate en redes sociales y medios de comunicación, con muchos usuarios calificando la posible multa de 200.000 euros como «injusta» y «ridícula». En plataformas como X, se ha criticado la disparidad en el sistema judicial español, donde, según algunos, delitos más graves, como robos reiterados o ocupaciones ilegales de viviendas, parecen recibir sanciones más leves o, en algunos casos, quedan impunes. Un usuario en X expresó: «España, ese país donde puedes ocupar una vivienda o robar 500 veces en el metro y no pasa nada, pero un anciano de 78 años elimina nidos de su vivienda en Burgos y ahora se enfrenta a una multa de 200.000€».
Esta percepción de injusticia se ve agravada por la edad avanzada del protagonista
Esta percepción de injusticia se ve agravada por la edad avanzada del protagonista. A los 78 años, es probable que el hombre no estuviera plenamente consciente de la normativa o del impacto de sus acciones. Además, la destrucción de los nidos se ha realizado, evidentemente, con la intención de mantener limpia la fachada de su propiedad, algo común en comunidades de vecinos donde los excrementos de aves pueden generar molestias.
La estricta protección de las golondrinas responde a un compromiso legítimo con la conservación del medio ambiente. Las aves migratorias como la golondrina común son esenciales para los ecosistemas, y su población ha disminuido en muchas regiones debido a la urbanización. Sin embargo, la aplicación de sanciones tan elevadas, especialmente en casos que no parecen implicar una intención maliciosa, puede percibirse como una falta de equilibrio entre los objetivos ambientales y las circunstancias personales de los infractores. En este caso, el anciano no solo enfrenta una multa que podría arruinarlo económicamente, sino también el peso de un proceso judicial que, a su edad, puede ser abrumador.
Según un abogado de Palma, de la plataforma Prolegali, la ley no parece ofrecer alternativas como advertencias, multas menores o programas educativos para infractores primerizos, lo que podría haber sido más apropiado en este contexto. En cambio, la sanción máxima de 200.000 euros parece diseñada para casos de daño ambiental intencional o a gran escala, no para un propietario que retira nidos de su propia vivienda.
Toda sanción debe respetar los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad
El abogado defensor, ante este tipo de situaciones, tiene la responsabilidad de recordar a la administración que toda sanción debe respetar los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad. Es decir, no toda conducta debe castigarse de la misma forma, y la multa debe guardar relación con la gravedad real del daño causado y la intencionalidad del infractor. En muchos expedientes sancionadores se observa una aplicación mecánica de la normativa, sin valorar circunstancias atenuantes como la buena fe, la ausencia de lucro o la corrección inmediata de la infracción.
Un punto especialmente delicado es la indefensión que sufren muchas personas sancionadas por desconocimiento de los plazos y recursos. Es habitual que un ganadero o un pequeño propietario reciba una notificación sancionadora y no sepa cómo responder, perdiendo la oportunidad de presentar alegaciones dentro de plazo o aportar pruebas que demuestren su inocencia o la desproporción de la sanción. En este sentido, la intervención de un abogado especializado resulta clave para recurrir multas, solicitar su anulación o, en su defecto, negociar su reducción y fraccionamiento.