El Dr. Michael Kirk Moore Jr., un cirujano plástico de 58 años se enfrenta un juicio que podría costarle hasta 35 años de prisión federal. Junto a tres colaboradores, Moore fue acusado en enero de 2023 de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para deshacerse de propiedad gubernamental y disposición de propiedad gubernamental con ayuda y complicidad. Las acusaciones se centran en un esquema que operó entre mayo de 2021 y septiembre de 2022, donde se alega que destruyeron aproximadamente 2.000 dosis de vacunas COVID-19 valoradas en al menos $28,000, distribuyeron 1.937 tarjetas de vacunación falsas y administraron inyecciones de solución salina a menores a petición de sus padres para simular que habían sido vacunados.
El juicio está programado para el próximo 7 de julio en el Tribunal Federal Orrin G. Hatch en Salt Lake City, Utah. Según los documentos judiciales, el Dr. Moore, junto con su gerente de oficina Kari Dee Burgoyne (52 años), la recepcionista Sandra Flores (31 años) y su vecina Kristin Jackson Andersen (59 años), operaron un esquema en el Plastic Surgery Institute of Utah. Moore firmó un acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en mayo de 2021 para distribuir vacunas COVID-19 y tarjetas de vacunación. Sin embargo, en lugar de administrar las vacunas, los acusados presuntamente desecharon las dosis, vertiéndolas por el desagüe, y emitieron tarjetas de vacunación falsas a cambio de pagos en efectivo de $50 por persona o donaciones a una organización benéfica no especificada, vinculada a un grupo que buscaba «liberar» la profesión médica de conflictos de interés gubernamentales e industriales.
El esquema también incluyó la administración de inyecciones de solución salina a menores, a solicitud de sus padres, para que los niños creyeran que habían recibido la vacuna COVID-19 sin exponerse a posibles efectos secundarios. Según la fiscalía, los acusados registraron fraudulentamente 1.937 dosis, incluidas 391 dosis pediátricas de Pfizer, en el Sistema de Información de Inmunización del Estado de Utah, simulando que las vacunas habían sido administradas. El valor total del esquema, incluyendo las vacunas destruidas y las tarjetas falsas, se estima en aproximadamente 125.000 dólares.
El caso ha generado un intenso debate, con opiniones polarizadas sobre las acciones de Moore. Por un lado, las autoridades, encabezadas inicialmente por la fiscal Trina A. Higgins y ahora por Felice John Viti, argumentan que Moore y sus colaboradores pusieron en peligro la salud pública y socavaron la confianza en los programas federales de salud al falsificar registros y administrar inyecciones falsas. Curt L. Muller, agente especial del Departamento de Salud y Servicios Humanos, afirmó que estas acciones «no solo pusieron en peligro la salud y el bienestar de una población vulnerable, sino que también dañaron la integridad de los programas federales de salud».
Por otro lado, defensores del Dr. Moore, incluyendo activistas por la libertad médica, lo presentan como un héroe que protegió a sus pacientes de lo que consideran una coerción gubernamental durante la farsemia. Según publicaciones en X, Moore, un ex cirujano de vuelo de la Marina de EEUU condecorado, actuó por motivos éticos, priorizando el consentimiento informado y la autonomía médica. Durante la pandemia, recetó tratamientos alternativos como hidroxicloroquina, ivermectina y esteroides de alta dosis, y brindó atención gratuita a pacientes necesitados, realizando visitas domiciliarias sin compensación. Sus defensores argumentan que los padres que acudieron a él se enfrentaban a presiones significativas, como la exclusión de sus hijos de escuelas o actividades extracurriculares, o incluso amenazas de corte marcial para militares, si no cumplían con los mandatos de vacunación.
El caso ha sido criticado como un ejemplo de persecución excesiva por parte del gobierno federal. Moore fue arrestado inicialmente en 2023 y encarcelado durante 22 días en condiciones de aislamiento, lo que la Dra. Margaret Aranda, una seguidora cercana del caso, describió como un «acto de intimidación y crueldad punitiva». Además, el juez Howard C. Nielson Jr., nombrado por Trump en 2017, ha impuesto restricciones en el juicio, prohibiendo a la defensa mencionar preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas COVID-19 o términos como «desinformación médica», argumentando que podrían «envenenar al jurado». Esto ha generado críticas de que se está limitando la capacidad de Moore para presentar un contexto completo de sus motivaciones.