Un revelador informe pericial ha sacudido las instituciones públicas al señalar graves fallos en la gestión previa a la devastadora riada que azotó Valencia el 29 de octubre, dejando un saldo trágico de cientos de víctimas. Según la investigación, publicada por ESdiario este 9 de julio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) podrían haber anticipado la catástrofe hasta 48 horas antes, pero no tomaron las medidas necesarias para evitarla. El documento, elaborado por un perito externo contratado por la organización agraria Ava-Asaja y firmado por el ingeniero de Caminos y Puertos Teodoro Velázquez, apunta a una serie de «incumplimientos» y «decisiones políticas injustificadas e imprudentes» como responsables de la tragedia.
El informe sostiene que, con los datos meteorológicos disponibles y el conocimiento hidrológico de la CHJ, era posible transformar las previsiones de lluvia de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en estimaciones de caudal, permitiendo establecer alertas automáticas con un margen de al menos 24 a 48 horas. Sin embargo, estas alertas no se emitieron, lo que, según el perito, contribuyó directamente a la pérdida de vidas. Además, se acusa a ambas instituciones de no haber ejecutado obras previstas que, de haber sido realizadas, «habrían salvado la mayoría de las vidas humanas». Entre los incumplimientos destacados está la falta de aplicación del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, que incluye la obligación de proteger a las personas frente a riesgos de inundaciones mediante un sistema de alerta temprana (SAT).
El texto también critica decisiones políticas específicas, como el archivo de siete proyectos en la Cuenca del Poyo por supuesta incompatibilidad con la Ley de la Huerta, una excusa que el perito considera injustificada. Según el informe, esta medida vulnera el Real Decreto 903/2010, que prioriza la compatibilidad de los planes de gestión del riesgo de inundación sobre las ordenanzas territoriales y urbanísticas. Esta inacción habría dejado desprotegidas a las personas que viven en zonas inundables, perpetuando el riesgo incluso tras la tragedia.
La publicación de este informe ha generado mucha polémica, ya que la Fiscalía se ha movido rápidamente para intentar impedir su incorporación a la instrucción judicial del caso, que actualmente se centra en investigar a dos altos cargos de la Generalitat Valenciana. Este paso ha sido interpretado como un intento de «enterrar» un documento incómodo para el Gobierno, lo que ha avivado las tensiones políticas en torno a la gestión de la emergencia. El perito insiste en que la responsabilidad recae exclusivamente en el Miteco y la CHJ, exonerando a la Generalitat y a los ayuntamientos de la obligación de prever y alertar sobre la riada.