Desde Montevideo, el PresiMiente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha tenido la osadía de proclamar que la «corrupción generalizada» en España terminó en 2018 con la moción de censura que lo catapultó al poder.
En un alarde de cinismo que roza lo grotesco, Sánc-hez ha afirmado que su Ejecutivo ha actuado con «rapidez e inmediatez» ante los casos de corrupción que salpican a figuras de su cercanísimo entorno, como José Luis Ábalos o Santos Cerdán-ahora en prisión- y que su Gobierno está «colaborando con la justicia«. Estas declaraciones, pronunciadas con la solemnidad de quien se cree intocable, no solo son un insulto a la inteligencia de los españoles, sino una muestra descarada de hipocresía que desmonta cualquier pretensión de integridad moral que el líder socialista pueda reclamar.
Hagamos un repaso de los hechos, porque la memoria es frágil y Sánc-hez parece confiar en que los ciudadanos nos olvidemos. El caso Montoro, que ahora Sánchez utiliza como una cortina de humo para desviar la atención, no es más que la punta del iceberg de una serie de escándalos que involucran tanto al partido de la supuesta oposición como a su propio partido y su círculo más cercano. Mientras Sánc-hez presume de haber actuado contundentemente con la corrupción, su partido, el PSOE, se tambalea bajo la presión de las investigaciones que apuntan, de momento, a figuras clave como Ábalos, exministro de Transporte y Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, actualmente en prisión, aunque ya se vislumbran nombres como el ministro Ángel Víctor Torres y la presidente de Congreso, Armengol y el exministro de Sanidad, Salvador Illa, entre otros, implicados en la trama Koldo, un monumental escándalo de presuntos sobornos y comisiones ilegales que ha dejado al descubierto las cloacas del poder socialista.
Pero lo que eleva la desfachatez de Sánchez a niveles estratosféricos es su afirmación de que su Ejecutivo colabora con la justicia. Esto lo dice el mismo hombre que, en el caso que involucra a su esposa, la imputada Begoña, él se negó rotundamente a declarar como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar las acusaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Begoña Gómez, imputada en este caso, también optó por el silencio, amparándose en su derecho a no declarar. ¿Colaboración con la justicia? Lo que Sánchez y su esposa han demostrado es una estrategia de obstrucción y desprecio hacia el sistema judicial, un sistema al que, por cierto, no han dudado en atacar.
Peo ojo, no contentos con esquivar las preguntas del juez, Sánchez y su entorno fueron un paso más allá: presentaron varias querellas contra el juez Peinado, acusándolo de parcialidad y abuso de poder. Estas querellas, que buscaban deslegitimar la investigación sobre Begoña Gómez, por suerte fueron archivadas, dejando en evidencia la fragilidad de sus argumentos y la desesperación por desviar el foco de las acusaciones. ¿Es esta la colaboración con la justicia de la que presume Sánchez? Más bien parece un intento burdo de intimidar a los jueces y manipular la opinión pública para presentarse como víctima de una supuesta persecución política.
Sánc-hez no solo miente descaradamente al hablar de transparencia y lucha contra la corrupción, sino que se atreve a hacerlo desde Uruguay, a miles de kilómetros de distancia, como si la geografía pudiera absolverlo de sus contradicciones. Mientras su esposa y su hermano, David Sánchez, enfrentan investigaciones por presunto tráfico de influencias, y mientras figuras clave de su partido caen una tras otra bajo el peso de las acusaciones, el presimiente tiene el descaro de presentarse como el paladín de la limpieza política. Es una burla a los españoles, que ven cómo el PSOE se ha convertido en un gigante nido de escándalos que avergüenzan a nuestra querida España.