El Tribunal Supremo ha dado un paso significativo al consultar a la Fiscalía si debe imputar a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados y tercera autoridad del Estado, por un presunto delito de falso testimonio en la comisión de investigación del Senado sobre el conocido como «caso Koldo», según publica ‘La Razón‘. Esta acción se produce tras una querella presentada por la asociación Hazte Oír, que acusa a Armengol de mentir bajo juramento al negar conocer al empresario Víctor de Aldama, figura clave en la trama de presuntas comisiones ilegales durante la pandemia de la COVID-19.
El caso Koldo, que lleva el nombre del exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, investiga una presunta red de corrupción relacionada con la adjudicación irregular de contratos de material sanitario, principalmente mascarillas, durante la crisis sanitaria. Víctor de Aldama, empresario señalado como «conseguidor» de la trama, ha sido vinculado a varias operaciones de cobro de comisiones, lo que ha puesto bajo el foco a diversas figuras políticas, incluido el entorno del PSOE.
Francina Armengol, que fue presidenta del Gobierno de Baleares entre 2015 y 2023, compareció por primera vez el 7 de junio de 2024 ante la comisión del Senado que investiga este caso. Durante esa sesión, a preguntas del senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, Armengol negó rotundamente conocer a Aldama, afirmando que «no lo conocía», que «nunca había hablado con él» y que «ni siquiera se lo habían presentado».
Sin embargo, su versión cambió posteriormente. En una segunda comparecencia ante la misma comisión el pasado 8 de julio, Armengol reconoció haber coincidido con Aldama en una reunión institucional en Palma de Mallorca, en la sede de la Presidencia de las Islas Baleares, junto al presidente de Globalia, Juan José Hidalgo (Pepe Hidalgo). Según Armengol, esta reunión tuvo lugar en el contexto de una cita con directivos de Globalia, una de las mayores empresas de Baleares, y Aldama asistió como acompañante o asesor de Hidalgo, sin que ella supiera inicialmente quién era.
Para justificar su olvido inicial, Armengol argumentó que, como presidenta autonómica, se reunió con «más de 1.000 personas» y que no podía recordar a todas. También negó la veracidad de unos mensajes de WhatsApp supuestamente intercambiados con Aldama, en los que ella le preguntaba sobre la disponibilidad de mascarillas infantiles durante la pandemia, afirmando que «nunca» tuvo su contacto telefónico ni intercambió mensajes con él.
Estos mensajes, hechos públicos en diciembre de 2024 a través del programa de televisión Horizonte, muestran un tono de familiaridad, con Armengol utilizando emoticonos como un beso y un corazón, lo que, según Hazte Oír, evidencia una relación de confianza que contradice su declaración inicial de no conocerlo.
La asociación Hazte Oír presentó una querella ante el Tribunal Supremo el 14 de junio de 2025, acusando a Armengol de incurrir en un delito de falso testimonio, tipificado en el artículo 502.3 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de seis meses a un año o multas de 12 a 24 meses a quienes mientan en una comisión parlamentaria de investigación.
En su denuncia, Hazte Oír sostiene que Armengol mintió «de forma tajante» y «consciente» al negar conocer a Aldama, a pesar de las pruebas documentales y testimoniales que acreditan lo contrario. Entre las evidencias aportadas se incluyen:
Mensajes de WhatsApp: Conversaciones extraídas del móvil de Aldama por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en las que Armengol supuestamente le consultaba sobre mascarillas infantiles.
Testimonio de Aldama: El empresario afirmó públicamente haberse reunido con Armengol en la sede del Consolat de Mar en Palma, en el contexto de una reunión con Globalia.
Admisión del entorno de Armengol: Fuentes cercanas a la presidenta del Congreso confirmaron que el encuentro con Aldama ocurrió, aunque lo enmarcaron como un evento institucional sin relevancia.
Hazte Oír argumenta que la negación inicial de Armengol no fue un simple «lapsus» o un olvido, como ella ha defendido, sino una mentira deliberada para evitar vincularse con la trama Koldo, lo que habría entorpecido la labor de la comisión parlamentaria. La querella solicita que el Supremo interrogue a Armengol, cite a declarar a Aldama y a Hidalgo, y requiera la documentación de la reunión en Palma, así como los mensajes extraídos del teléfono de Aldama.
El Partido Popular (PP), que controla la mayoría absoluta en el Senado, ha intensificado la presión sobre Armengol. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, anunció que el partido presentará una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de falso testimonio, una vez que los servicios jurídicos del Senado emitan un informe al respecto.
El PP considera que las contradicciones de Armengol, junto con las de otros comparecientes como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, exsecretarios de Organización del PSOE, constituyen un intento de ocultar información relevante sobre la trama Koldo. Además, los populares han señalado que el caso tiene ramificaciones en Baleares, donde el Gobierno de Armengol pagó 3,7 millones de euros por mascarillas defectuosas y adjudicó contratos por 9 millones a empresas vinculadas a la trama, como Levantina, Ingeniería y Construcción, para obras que nunca se completaron.
Francina Armengol ha insistido en que «no ha mentido ni ocultado información» y que su olvido sobre el encuentro con Aldama fue involuntario. Durante su comparecencia del 8 de julio de 2025, reiteró que no está imputada en el caso Koldo y que ningún miembro de su Ejecutivo en Baleares lo está. También subrayó que nunca firmó contratos de compra de mascarillas y que no recibió presiones de Ábalos ni de Koldo García para adjudicar contratos a empresas específicas.
Armengol ha enmarcado la reunión con Aldama en un contexto institucional, relacionado con las negociaciones sobre una posible fusión entre las aerolíneas IAG e Iberia, en la que el Gobierno balear emitió informes desfavorables para proteger los intereses de la ciudadanía. Además, ha calificado de «falsos» los mensajes de WhatsApp que la vinculan con Aldama, sugiriendo que podrían haber sido enviados a otras personas, pero no al empresario.
El PSOE ha cerrado filas en torno a Armengol, defendiendo que no está investigada y acusando al PP de utilizar el caso Koldo como una estrategia política para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez. Los socialistas han insistido en que la legislatura seguirá hasta 2027 y que no aceptarán «lecciones de corrupción» de la oposición.
La consulta del Tribunal Supremo a la Fiscalía es un paso previo a decidir si admite a trámite la querella de Hazte Oír y abre una investigación formal contra Armengol. Dado su estatus de aforada, cualquier procedimiento penal contra ella debe tramitarse en el Supremo. Si la Fiscalía considera que hay indicios suficientes, Armengol podría ser imputada, lo que pondría en una situación delicada su posición como presidenta del Congreso y generaría un nuevo golpe político para el PSOE, ya salpicado por las imputaciones de Ábalos y Cerdán en el caso Koldo.
El delito de falso testimonio en una comisión parlamentaria, aunque no es de los más graves, tiene una trascendencia significativa en el ámbito político, ya que afecta a la credibilidad de una figura institucional de alto rango. Además, la UCO está ultimando un informe que podría ampliar las conexiones de Armengol con la trama, especialmente en relación con contratos de obras públicas y mascarillas en Baleares, lo que podría agravar su situación.