El gobierno de Pedro Sánchez se ha vendido a sí mismo como el «gobierno de la gente», una administración comprometida con la justicia social, la igualdad y el bienestar de los ciudadanos. Desde su llegada al poder, Sánchez ha enfatizado políticas que supuestamente benefician a las clases trabajadoras y a los más vulnerables, presentándose como un baluarte de la socialdemocracia en Europa. Sin embargo, la realidad a la que se enfrentan muchos españoles, especialmente los jóvenes, pinta un panorama muy diferente: una subida bestial de precios en todos los ámbitos y una vivienda que se ha vuelto casi imposible de alcanzar. Esta contradicción entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana ha generado un creciente descontento, cuestionando la legitimidad de la narrativa gubernamental.
Desde que Sánchez asumió el poder, la inflación se ha disparado, afectando de manera significativa el costo de la vida en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios al consumidor (IPC) ha registrado aumentos anuales superiores al 5% en los últimos años, con picos que han superado el 8% en 2023. Esta escalada de precios no solo ha impactado en bienes básicos como alimentos, energía y transporte, sino que ha erosionado el poder adquisitivo de las familias, especialmente aquellas con ingresos medios y bajos.
La situación se agrava con el aumento del costo de la vivienda, un problema estructural que ha alcanzado niveles críticos. Un informe del Banco de España de 2023 reveló que los precios de la vivienda aumentaron un 10% anual, impulsados por la especulación inmobiliaria y la escasez de unidades asequibles. En ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, los precios de los pisos han alcanzado máximos históricos, con un metro cuadrado que supera los 3.000 euros en áreas céntricas. Esta tendencia no solo afecta a la compra de vivienda, sino también al alquiler, donde los precios han subido un 15% en promedio en los últimos tres años, según datos de Idealista.
Para los jóvenes españoles, la situación es particularmente desesperanzadora. La edad media para comprar una primera vivienda ha aumentado de 32 años a 38 en la última década, un reflejo de las barreras económicas a las que se enfrentan. Los altos costos de los alquileres y las tasas hipotecarias, combinados con salarios estancados, han hecho que la emancipación sea un objetivo cada vez más lejano. Según Eurostat, en 2025, la edad media para independizarse en España supera los 30 años, colocándonos entre los países europeos con mayor retraso en este indicador.
El gobierno de Sánchez nos ha vendido que iba a abordar esta crisis con medidas como la Ley de Vivienda de 2023, que introdujo limitaciones a los precios del alquiler para propietarios con más de diez viviendas. Sin embargo, esta legislación ha sido ampliamente criticada por su alcance limitado, ya que deja fuera a la mayoría de los caseros y no aborda el problema de fondo: la falta de oferta de vivienda asequible. Además, la creación de una nueva empresa pública de vivienda anunciada para 2025, con un presupuesto inicial de 10.000 millones de euros, ha sido recibida con escepticismo, ya que los expertos consideran que llega demasiado tarde y que su impacto será marginal frente a la magnitud del problema.
La narrativa del «gobierno de la gente» choca frontalmente con la realidad de millones de españoles que ven cómo sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos. La juventud, en particular, se siente abandonada, con tasas de desempleo juvenil que rondan el 30% en 2025, a pesar de las promesas de creación de empleo y formación. Esta desconexión entre el discurso y la acción ha generado un creciente descontento, que se manifiesta en encuestas de opinión y en las redes sociales, donde se acusa al gobierno de priorizar medidas cosméticas sobre reformas estructurales.
Además, la imagen internacional de Sánchez como defensor de la socialdemocracia contrasta con la percepción doméstica de un personaje que no ha logrado frenar la desigualdad ni garantizar el acceso a derechos básicos como la vivienda. La brecha entre ricos y pobres se ha ampliado, y el acceso a la vivienda se ha convertido en un privilegio reservado para unos pocos, mientras que la mayoría de los jóvenes se ven obligados a posponer proyectos de vida o a emigrar en busca de oportunidades.