La reciente noticia de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, adjudicó más de dos millones de euros en fondos europeos a empresas vinculadas a la presunta trama corrupta de Santos Cerdán y Koldo García es lo que nos faltaba por ver.
Según informa El Confidencial, el Ministerio de Transportes destinó 2,2 millones de euros a Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), empresas ya señaladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como parte de una red de corrupción que involucra a figuras clave del PSOE, como el exsecretario de Organización Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
El caso, conocido como «caso Koldo», no es un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de escándalos que cercan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. La UCO ha documentado cómo estas empresas, presuntamente corruptoras, habrían pagado mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, muchas financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación. En total, se estima que el Gobierno adjudicó 21 millones de euros a compañías de esta trama, incluyendo contratos en Navarra y otras regiones. La implicación de Puente, quien llegó a mofarse de las acusaciones de Víctor de Aldama llamándolas “papeluco”, agrava aún más la percepción que tenemos los españoles de una gestión opaca y cuestionable.
La dimisión de Cerdán como secretario de Organización del PSOE tras la filtración de grabaciones comprometedoras no ha calmado las aguas. Estas revelaciones, que incluyen conversaciones sobre deudas de constructoras por más de 400.000 euros, apuntan a una organización criminal enquistada en la cúpula socialista. La posible intervención de la Fiscalía Europea, que ya investiga otros casos de malversación de fondos comunitarios, añade presión internacional y pone en riesgo la credibilidad de España en la gestión de los famosos fondos Next Generation.
El caso trasciende a Puente y Cerdán. Nombres como Ábalos, acusado de beneficiarse de comisiones, y empresas como Acciona, vinculada a contratos millonarios en Navarra, dibujan un mapa de influencias y favores que está acabando con la paciencia del pueblo español. La adjudicación de 76 millones para el túnel de Belate a una UTE con Servinabar 2000, empresa en la que Cerdán tenía un 45% de participación, es solo un ejemplo de cómo el poder político y los intereses económicos se entrelazan en perjuicio del interés general.
El PSOE, que se presentaba en su día como garante de la transparencia, se encuentra atrapado en una red de escándalos que incluye el caso Mediador (el del «Tito Berni»), el caso Isofotón, el caso del Fiscal General, las acusaciones contra la imputada Begoña, esposa de Sánchez, así como las acusaciones contra el hermano de éste. Esta acumulación de casos no solo cuestiona la integridad del partido, sino que pone en jaque la legitimidad de un Gobierno que está hasta el cuello de corrupción. La ciudadanía merece explicaciones claras y sanciones ejemplares, no excusas ni cortinas de humo.