Hasta 13 sentencias judiciales han anulado las ZBE en ocho ciudades de nuestro país, y una nueva campaña de alegaciones al proyecto de Real Decreto que busca endurecer su regulación amenaza con poner fin definitivo a estas áreas restringidas. Este panorama, sumado a la reciente decisión de Francia de eliminar sus propias Zonas de Bajas Emisiones (ZFE), pone en entredicho el futuro de estas medidas en España.
Las ZBE son áreas urbanas delimitadas por las administraciones públicas donde se restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos según su supuesto nivel de emisiones, conforme a las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Estas zonas están reguladas en España por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y aquellos de más de 20.000 habitantes que superen los límites de calidad del aire a implementar ZBE antes de 2023. El Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, establece los requisitos mínimos para su implantación, como los objetivos, la delimitación y las condiciones de acceso.
Hasta la fecha, 13 sentencias judiciales han anulado las ZBE en ocho ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Gijón, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Segovia y Ávila. Estas anulaciones, dictadas por tribunales como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se basan principalmente en dos argumentos: defectos formales en la implantación de las ZBE y su carácter discriminatorio hacia los sectores más vulnerables.
Los tribunales han señalado que muchas ordenanzas municipales no cumplen con los principios de transparencia, participación pública, motivación y proporcionalidad, exigidos por la normativa europea y nacional. Por ejemplo, la sentencia del TSJM del 17 de septiembre de 2024 anuló las ZBE de Madrid, incluyendo las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) de Distrito Centro y Plaza Elíptica, por la «patente insuficiencia» del informe de impacto económico. Este informe no evaluó adecuadamente las consecuencias económicas para los ciudadanos de bajos ingresos ni para sectores empresariales como autónomos y pymes, que se enfrentan a dificultades para renovar sus vehículos.
Asimismo, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han enfatizado que las medidas restrictivas deben ser proporcionales y estar respaldadas por un análisis de costes, beneficios y alternativas menos restrictivas. En muchos casos, los ayuntamientos no han presentado estudios suficientes que justifiquen las restricciones impuestas.
Un argumento recurrente en las sentencias es que las ZBE penalizan de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos y a los pequeños negocios, que no pueden permitirse adquirir vehículos con etiquetas ECO o Cero Emisiones. En Madrid, el TSJM destacó que la Ley 7/2021 consagra el principio de «transición justa», que obliga a considerar la vulnerabilidad de ciertos colectivos y a ofrecer medidas de apoyo, algo que no se tuvo en cuenta en la ordenanza municipal.
En Segovia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la ZBE en mayo de 2024, tras un recurso de la asociación Liberum, que argumentó que la normativa municipal no se ajustaba a derecho. Esta sentencia ha sido celebrada como una «gran victoria» por los opositores a las ZBE, quienes ven un «efecto dominó» que podría extenderse a otras ciudades.
En Francia, la eliminación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZFE) ha marcado un punto de inflexión que ha resonado en España. En marzo de 2025, una comisión especial de la Asamblea Nacional francesa aprobó, con 26 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones, la abolición de las ZFE, argumentando que penalizan a los hogares de bajos ingresos al obligarlos a elegir entre comprar vehículos menos contaminantes o renunciar a la movilidad. Aunque esta decisión aún requiere la aprobación final de la Asamblea Nacional y el Senado, ha generado un precedente significativo.
El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) ha señalado que la decisión francesa refuerza su postura de que las ZBE «tienen los días contados» en España, ya sea por rectificación política o por vía judicial. En recursos presentados contra las ZBE de Bilbao y San Sebastián, el RACVN alega que estas zonas carecen de proporcionalidad y vulneran el derecho fundamental a la libertad de movilidad. Además, destacan que la Unión Europea no obliga a implementar ZBE, sino a tomar medidas contra la contaminación, lo que abre la puerta a alternativas menos restrictivas.
El proyecto de Real Decreto que busca modificar el Real Decreto 1052/2022 y el Reglamento General de Circulación ha desatado una nueva ola de oposición. Este proyecto propone endurecer las restricciones de las ZBE, incluyendo limitaciones basadas en los sistemas de asistencia a la conducción y el número de ocupantes por vehículo, además de las etiquetas medioambientales. Sin embargo, asociaciones como la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM), DEMOMAPEX, No ZBE Manresa y Salvar Torrelavega de una ZBE Ruinosa han lanzado una campaña masiva de alegaciones para frenar su aprobación.
Estas asociaciones argumentan que las sanciones por incumplir las restricciones de las ZBE, tipificadas como infracciones graves con multas de 200 euros, son excesivamente gravosas, especialmente para personas con bajos ingresos. AVARM sostiene que una multa de este importe representa el 16,89% del salario mínimo interprofesional, y varias sentencias, especialmente en Madrid, han indicado que estas infracciones deberían considerarse leves.
El futuro de las ZBE en España es incierto. Por un lado, el Gobierno central ha presionado a los municipios para que activen sus ZBE antes de finales de 2025, amenazando con retirar ayudas al transporte público a quienes no cumplan. Sin embargo, las sentencias judiciales y las alegaciones masivas podrían retrasar o incluso anular estas iniciativas.