El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falso testimonio. La solicitud, dada a conocer el 24 de junio de 2025, se centra en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa asignada a Gómez, y en las declaraciones de Bolaños como testigo en una pieza separada del caso.
Según Peinado, existen indicios de que Bolaños, quien en 2018 era secretario general de la Presidencia, «ha podido participar directamente» en la contratación de Álvarez. El juez sostiene que Álvarez, contratada el 2 de junio de 2018, realizó tareas más allá de las protocolarias, como gestiones relacionadas con el máster que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Estas actividades, según Peinado, podrían implicar un uso indebido de fondos públicos, constituyendo un presunto delito de malversación conforme al artículo 432 del Código Penal.
Además, Peinado acusa a Bolaños de mentir durante su declaración como testigo el 16 de abril de 2025 en Moncloa, lo que podría configurar un delito de falso testimonio según el artículo 458 del Código Penal. El juez señala contradicciones entre el testimonio de Bolaños, quien afirmó desconocer quién propuso el nombramiento de Álvarez, y un documento de julio de 2018 donde el propio ministro solicitó su contratación como «directora de programas». Esta discrepancia, según el magistrado, justifica la investigación por falso testimonio.
La investigación sobre Álvarez forma parte de una pieza separada del caso contra Gómez, donde también están imputados el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el empresario Juan Carlos Barrabés y la propia Álvarez. Organizaciones como Vox, HazteOir y Manos Limpias ejercen la acción popular, respaldando las acusaciones. Peinado argumenta que Álvarez, amiga personal de Gómez, fue contratada para asistirla en actividades privadas, lo que podría implicar un desvío de recursos públicos.
El interrogatorio a Bolaños fue tenso, con Peinado reprochándole respuestas «evasivas» y una actitud inadecuada, llegando a amenazar con un careo con otro testigo, Alfredo González, para contrastar versiones. Bolaños, por su parte, defendió la legalidad de la contratación y negó ser el superior jerárquico de Álvarez o haber intervenido directamente en su nombramiento.
La Audiencia Provincial de Madrid ha delimitado previamente el alcance de la causa contra Gómez, excluyendo líneas de investigación como el rescate de Air Europa, pero manteniendo la pesquisa por posible tráfico de influencias. La solicitud de Peinado al Supremo, que debe decidir si asume la competencia dado el aforamiento de Bolaños, intensifica el cerco judicial al entorno de Sánchez, generando un fuerte impacto político.