El empresario Víctor de Aldama, figura central en el conocido como «caso Koldo», ha presentado una demanda de conciliación en los juzgados de Madrid contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aldama reclama 250.000 euros como indemnización por lo que considera un «juicio paralelo» orquestado por Montero al llamarlo «delincuente» y «presunto delincuente» durante una entrevista en el programa Lo de Évole de La Sexta, emitida el pasado 16 de marzo.
Además, exige que la vicepresidenta se retracte públicamente de estas declaraciones, consideradas por el empresario como «injuriosas» y una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. En caso de no llegar a un acuerdo en el acto de conciliación, Aldama ha advertido que presentará una querella por un delito de injurias con publicidad.
El conflicto actual tiene su origen en las declaraciones de María Jesús Montero en el programa Lo de Évole. Durante la entrevista, Montero se refirió a Aldama como «delincuente» y expresó su convencimiento de que «volverá a la cárcel» por el caso de los hidrocarburos. Estas palabras, según la demanda presentada por el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, constituyen «graves injurias» que vulneran el derecho a la presunción de inocencia, especialmente porque el Ministerio de Hacienda, dirigido por Montero, es parte interesada en la investigación del fraude de IVA. Aldama sostiene que las afirmaciones de la vicepresidenta, emitidas en un medio de comunicación de gran audiencia, generaron un «juicio paralelo» que dañó su honor, imagen y reputación social.
En la demanda de nueve páginas, Aldama argumenta que Montero, como alto cargo del Estado, incumplió su deber de neutralidad al emitir «claros prejuicios de culpabilidad» a través de un medio masivo. Además, cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que establece que la vulneración de la presunción de inocencia por parte de los poderes públicos lesiona el honor y la reputación de la persona investigada.
El empresario exige una retractación pública en los mismos medios donde se emitieron las declaraciones y una indemnización de 250.000 euros por los daños morales causados. Si no se llega a un acuerdo en el acto de conciliación, Aldama amenaza con presentar una querella penal por injurias con publicidad, un delito que podría acarrear graves consecuencias legales para Montero.
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