El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia histórica que sacude los cimientos de la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen. El tribunal ha determinado que la Comisión violó las normas de transparencia de la UE al negarse a divulgar los mensajes de texto intercambiados entre von der Leyen y Albert Bourla, consejero delegado de Faiser, durante las negociaciones de los contratos de brebajes contra el bicho inexistente. Este caso, conocido como «Pfizergate», ha generado un intenso debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión de la crisis sanitaria por parte de las instituciones europeas.
En abril de 2021, un artículo del New York Times reveló que von der Leyen y Bourla intercambiaron mensajes de texto durante las negociaciones de un contrato de brebajes que se convirtió en el mayor acuerdo de este tipo en la historia de la UE: la compra de hasta 1.8 mil millones de dosis de la pócima Pfizer-BioNTech, valorada en más de 20.000 millones de euros. Según Bourla, estos mensajes fomentaron una «confianza profunda» que facilitó el acuerdo, firmado en mayo de 2021, el cual incluía la compra inicial de 900 millones de dosis y la opción de adquirir 900 millones adicionales para 2022 y 2023.
La existencia de estos mensajes desató críticas inmediatas, ya que la Comisión Europea se negó a divulgarlos, argumentando que no se consideraban «documentos oficiales» debido a su naturaleza «efímera» y que, por lo tanto, no estaban sujetos a las normas de transparencia de la UE. Esta postura fue respaldada por la comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, quien afirmó que los mensajes podrían haber sido eliminados por su carácter «de corta duración». Sin embargo, esta explicación fue cuestionada por eurodiputados, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, que exigieron acceso a los mensajes para esclarecer cómo se negoció un contrato de tal magnitud.
El caso llegó a los tribunales cuando The New York Times, liderado por la exjefa de su oficina en Bruselas, Matina Stevis-Gridneff, presentó una demanda contra la Comisión Europea en enero de 2023, argumentando que la negativa a divulgar los mensajes violaba las leyes de transparencia de la UE. La demanda, registrada en el TJUE, sostenía que los mensajes eran documentos relevantes para la toma de decisiones políticas y, por ende, debían ser accesibles al público. Nicole Taylor, portavoz del periódico, afirmó: «Presentamos esta demanda porque plantea cuestiones importantes sobre la supervisión democrática en la Unión Europea. El público sigue sin acceso a información sobre los términos negociados de uno de los mayores contratos de adquisición en la historia de la UE».
El 15 de noviembre de 2024, el TJUE celebró una audiencia pública en Luxemburgo, donde la Comisión se enfrentó a duras críticas de los jueces por su manejo del caso. Por primera vez, la Comisión admitió la existencia de los mensajes, pero insistió en que no eran «sustantivos» ni relevantes para las negociaciones, por lo que no se archivaron. El abogado de la Comisión, Paolo Stancanelli, afirmó: «No negamos que [los mensajes] existan», pero sostuvo que no contenían información crucial. Sin embargo, los jueces, como Savvas Papasavvas y Paul Nihoul, cuestionaron la falta de diligencia de la Comisión para localizar los mensajes y criticaron su «confuso expediente» y la ausencia de documentación sobre las búsquedas realizadas.
En el fallo emitido hoy se declara que la Comisión Europea «no ha proporcionado una explicación plausible para justificar la no posesión de los documentos solicitados». El tribunal ha ordenado la divulgación de los mensajes de texto, estableciendo que estos constituyen documentos oficiales sujetos a las normas de transparencia de la UE, independientemente de su formato. La sentencia subraya que la negativa de la Comisión a buscar y archivar los mensajes representa una violación de los principios de buena administración y acceso público a la información.
Este fallo se suma a una sentencia previa del Tribunal General de la UE en julio de 2024, que ya había criticado a la Comisión por redactar grandes partes de los contratos de vacunas antes de hacerlos públicos, en un caso presentado por eurodiputados verdes. En esa ocasión, el tribunal dictaminó que la Comisión no justificó adecuadamente la protección de los intereses comerciales de las farmacéuticas ni el ocultamiento de los nombres de los funcionarios involucrados.
La sentencia del TJUE tiene implicaciones profundas para von der Leyen, quien asumió su segundo mandato como presidenta de la Comisión en 2024 tras una ajustada reelección. El fallo llega en un momento delicado, ya que von der Leyen había prometido públicamente defender los estándares de transparencia y eficiencia en su nueva gestión. La decisión judicial ha sido celebrada por defensores de la transparencia, como la ONG Article 19, que afirmó que el caso «podría reconfigurar el panorama de la transparencia en la UE». Ilaria Fevola, experta legal de la organización, destacó que una mayor claridad en las obligaciones de la Comisión fortalecerá la confianza ciudadana en las instituciones europeas.
El caso también ha avivado las críticas de los opositores políticos de von der Leyen. Eurodiputados como Sophie in ’t Veld han señalado que la Comisión se ha vuelto «menos transparente» bajo su liderazgo, acusándola de eludir la rendición de cuentas. Además, el caso ha sido aprovechado por gobiernos como el de Hungría, liderado por Viktor Orbán, que presentó una denuncia paralela sobre las negociaciones de vacunas, y por el demandante belga Frédéric Baldan, quien en mayo de 2024 pidió la dimisión de von der Leyen y la pérdida de sus derechos de pensión por presuntas irregularidades.
Por otro lado, algunos aliados de von der Leyen, como el eurodiputado alemán Peter Liese (PPE), han minimizado el impacto del fallo, argumentando que la prioridad de la Comisión durante la pandemia fue garantizar el acceso rápido a las vacunas y que ciertas redacciones eran justificables para proteger intereses comerciales. La Comisión, por su parte, ha indicado que estudiará la sentencia y reserva sus opciones legales, incluyendo la posibilidad de apelar ante el TJUE.
El escándalo de «Pfizergate» no se limita al ámbito judicial. Desde 2023, la Fiscalía Pública Europea (EPPO) investiga posibles delitos relacionados con las negociaciones de brebajes, incluyendo acusaciones de «interferencia en funciones públicas, destrucción de mensajes, corrupción y conflicto de intereses». La investigación, iniciada tras una denuncia de Baldan y apoyada por Hungría, se centra en los mensajes de texto y el proceso de negociación del contrato con Pfizer. Aunque los detalles de la investigación no son públicos, la EPPO tiene la autoridad para incautar dispositivos y documentos en oficinas de la Comisión o en países como Alemania, país natal de von der Leyen.
Además, en 2022, la Defensora del Pueblo Europea, Emily O’Reilly, calificó la negativa de la Comisión a buscar los mensajes como un caso de «mala administración» y un «llamado de atención» para las instituciones de la UE. O’Reilly señaló que la transparencia había retrocedido bajo el mandato de von der Leyen.
Menudo Tribunal nos han puesto ¿Y nadie la detiene por fascista, conspiradora y macrogenocida? ¿Qué nos espera mientras sigamos teniendo esos gestores en Europa?