En un giro que parece sacado de una novela distópica, la legislación española ha trazado una línea peculiar en lo que respecta a lo que puedes hacer dentro de tu coche. Según la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales, llevar más de 100.000 euros en efectivo dentro del territorio nacional sin justificación puede acarrearte una multa considerable. Sin embargo, una reciente instrucción del Ministerio del Interior ha eliminado las sanciones por consumir o poseer drogas en el habitáculo de un vehículo aparcado, considerando este espacio como una extensión de tu privacidad. Este contraste resulta no solo surrealista, sino profundamente desconcertante: en el España de 2025, puedes drogarte en tu coche sin temor a una multa, pero llevar una suma de dinero elevada sin un formulario te convierte en sospechoso.
La normativa establece que el límite de efectivo permitido en el coche es de 100.000 euros. Si superas esta cantidad, debes presentar el formulario S1, disponible en el sitio web del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), donde se detalla la procedencia del dinero, el destinatario, el propósito y el medio de transporte. La sanción por incumplimiento puede oscilar entre 600 euros y el doble de la cantidad incautada, según el artículo 57 de la misma ley. Si cruzas la frontera, el límite baja drásticamente a 10.000 euros, y cualquier exceso debe declararse para evitar multas que, en casos graves, podrían implicar cargos por delito fiscal.
El propósito de estas restricciones es, supuestamente, combatir el blanqueo de capitales y la economía sumergida, pero la ironía es palpable. Mientras las autoridades te permiten consumir sustancias en la intimidad de tu vehículo, el mismo espacio se convierte en un campo minado si llevas billetes de más. Imagina la escena: un conductor, detenido en un control policial, respira aliviado porque sus drogas no son un problema, pero suda frío al recordar el fajo de billetes en la guantera que no declaró. Es una realidad que parece escrita por Kafka, donde la privacidad se protege para unos actos, pero se vigila con lupa para otros.
La instrucción del Ministerio del Interior, publicada en 2025, subraya que el habitáculo de un coche aparcado es un «espacio privado», lo que exime de sanciones administrativas el consumo o tenencia de drogas en ese contexto. Sin embargo, esta lógica no se aplica al dinero en efectivo, que debe estar acompañado de un rastro documental para no levantar sospechas. La Agencia Tributaria, no la Dirección General de Tráfico, es la encargada de investigar estos casos, y las multas pueden ser severas si no justificas adecuadamente el origen del efectivo.
Este escenario plantea preguntas inquietantes sobre las prioridades de la legislación. En un país donde los pagos digitales son cada vez más comunes, llevar grandes sumas en efectivo es una práctica en declive, reservada para situaciones específicas como compras en pequeños comercios o transacciones en mercados tradicionales. Sin embargo, la ley parece obsesionada con controlar cada billete, mientras que el consumo de drogas en un coche estacionado recibe un pase libre. Es un contraste que no solo desconcierta, sino que invita a reflexionar sobre la coherencia de un sistema que castiga con más rigor el movimiento de dinero que el uso de sustancias.
Tras encontrarnos con contrastes como estos, queda la sensación de habitar un mundo donde las normas desafían la lógica, y lo que debería ser un derecho —llevar tu dinero donde quieras— se convierte en un delito potencial, mientras otros actos, más cuestionables, se deslizan sin castigo. En este paisaje surrealista, el coche ya no es solo un medio de transporte, sino un escenario donde las paradojas legales dibujan un futuro tan absurdo como inquietante.