Siguen saliendo audios de «la fontanera»

Un escándalo de gran envergadura ha sacudido el panorama político español tras la publicación, por parte de El Confidencial, de una serie de audios que desvelan una presunta operación clandestina vinculada al PSOE para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una de las instituciones más respetadas en la lucha contra la corrupción en España. Según la información publicada, María Leire Díez Castro, descrita como una «fontanera» de Moncloa y Ferraz, habría ofrecido beneficios judiciales al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por la Audiencia Nacional, a cambio de información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.

Según los audios desvelados por El Confidencial, la reunión tuvo lugar en febrero de 2025 mediante una videoconferencia en la que participaron Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset (procesado por fraude en subvenciones y colaborador de Ferraz), el abogado Jacobo Teijelo y otros letrados que apenas intervinieron. En el otro lado de la pantalla estaba Alejandro Hamlyn, un industrial detenido en abril de 2019 por la UCO en la operación Drake, acusado de un fraude fiscal de 154 millones de euros relacionado con la venta de combustible. Hamlyn, que actualmente reside en Dubái, se enfrentaba el inicio de su juicio oral en la Audiencia Nacional el 26 de mayo de 2025, el mismo día en que se publicaron los audios.

En la conversación, Leire Díez, una ex teniente de alcalde socialista en Vega de Pas (Cantabria) entre 2011 y 2014, y que ocupó cargos en empresas públicas como Enusa (2018-2021) y Correos (2022-2024), instó a Hamlyn a proporcionar información que pudiera desacreditar a Antonio Balas, responsable de investigaciones sensibles que afectan a figuras cercanas al Gobierno, como Begoña Gómez (esposa de Pedro Sánchez), David Sánchez (hermano del presidente), el caso Koldo y el fiscal general del Estado. Díez llegó a referirse a la UCO como “la Camorra de la Guardia Civil” y expresó su intención de “desmontar” a Balas, afirmando que “si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado”.

El punto más controvertido de los audios es la promesa explícita de Leire Díez de interceder ante la Fiscalía para aliviar la situación judicial de Hamlyn. Según El Confidencial, Díez aseguró al empresario: “Te voy a ofrecer una cosa. Yo te puedo sentar con Fiscalía”, sugiriendo que podría facilitar un acuerdo para mitigar las consecuencias de su proceso judicial. Hamlyn, por su parte, mostró desconfianza y exigió “un papelito”, es decir, una garantía escrita que asegurara los beneficios prometidos a cambio de su colaboración.

MÁS AUDIOS DE LA «BANDA» SOCIALISTA

Para generar interés, Hamlyn afirmó tener pruebas de que los mandos de la UCO, incluido Balas, estaban involucrados en actividades ilícitas, como el tráfico de “contenedores de cocaína”. Sin embargo, según la información publicada, no aportó ninguna prueba que respaldara estas acusaciones, lo que sugiere que sus declaraciones podrían haber sido una estrategia para negociar. A pesar de la falta de pruebas, Díez y sus acompañantes reaccionaron con entusiasmo, celebrando la posibilidad de obtener material contra Balas con frases como “si Balas está muerto, mejor”.

La operación desvelada por El Confidencial no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de tensiones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la UCO. La unidad, conocida por su independencia y eficacia en la lucha contra la corrupción, ha estado al frente de investigaciones que afectan directamente al entorno del presidente, lo que ha generado críticas y sospechas desde el Ejecutivo. Por ejemplo, tras la filtración de mensajes entre Sánchez y José Luis Ábalos publicada por El Mundo, miembros del Gobierno, como la vicepresidenta María Jesús Montero, insinuaron sin pruebas que la UCO estaba detrás de dichas filtraciones.

Además, la denuncia inicial sobre estas maniobras partió del empresario Víctor Aldama, quien colabora con la Fiscalía desde noviembre de 2024. Aldama afirmó el 7 de marzo de 2025 en El Programa de Ana Rosa que tres personas vinculadas al PSOE habían ofrecido beneficios judiciales a cambio de información para desacreditar a la UCO, una acusación que ahora parece confirmarse con los audios.

El PSOE ha negado categóricamente cualquier implicación en la operación y ha calificado la información de El Confidencial como “difamatoria” y destinada a causar “daño reputacional”. Según fuentes de Ferraz, ninguna de las personas mencionadas en los audios está en nómina del partido, y Leire Díez, aunque reconocida como militante socialista, no actuaría en nombre del PSOE. La portavoz socialista, Esther Peña, ha afirmado que el partido respeta el trabajo de la UCO y se reserva el derecho a emprender acciones legales contra la publicación.

Por su parte, Leire Díez, en declaraciones a laSexta, ha reconocido la autenticidad de los audios, pero aseguró que no trabajaba para el PSOE y que su actuación formaba parte de un “reportaje de investigación” como periodista. Sin embargo, su historial de cargos públicos y su relación con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, han alimentado las sospechas sobre su papel en Ferraz.

El Partido Popular (PP) ha reaccionado con dureza, calificando la operación como “propia de una organización criminal” y anunciando acciones políticas y judiciales para esclarecer los hechos. Asociaciones de la Guardia Civil, como Jucil y AUGC, han expresado su preocupación por lo que consideran una “purga sistemática” contra la UCO, recordando casos previos como las destituciones de Manuel Sánchez Corbí y Diego Pérez de los Cobos por el Ministerio del Interior.