Un nuevo escándalo sacude al PSOE tras las revelaciones de El Mundo sobre las maniobras de Leire Díez Castro, conocida como la «fontanera» del partido, para intentar silenciar al empresario Víctor de Aldama, figura clave en el caso Koldo. Según documentos exclusivos, Díez expresó al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en la misma trama, la preocupación del PSOE por las informaciones que Aldama podría revelar, instándole a evitar que «bajo ningún concepto» salieran a la luz datos comprometedores para altos cargos socialistas. Esta operación, que incluye reuniones secretas, promesas de favores judiciales y estrategias para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha desatado una tormenta política en España.
Díez, descrita como la «mano derecha» de Cerdán, se reunió en al menos dos ocasiones con Rubén Villalba, un comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo. Según las actas de estos encuentros, celebrados el 10 y 26 de marzo de 2025 en un restaurante de Leganés, Díez expresó su inquietud por las revelaciones de Aldama, pidiéndole a Villalba que utilizara su relación con el empresario para evitar que continuara «tirando de la cuerda». En sus palabras: «Bajo ningún concepto pueden salir determinadas informaciones», refiriéndose a datos que podrían ser «sumamente graves» para el PSOE.
Los esfuerzos de Díez no se limitaron a silenciar a Aldama. Según los audios publicados por El Confidencial, la «fontanera» también buscó desacreditar a la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil que lidera investigaciones sensibles, incluyendo el caso Koldo, las pesquisas sobre Begoña Gómez (esposa de Pedro Sánchez), su hermano David Sánchez y el fiscal general del Estado. En una videoconferencia en febrero de 2025 con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por fraude en hidrocarburos, Díez ofreció beneficios judiciales a cambio de información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. «Si Balas está muerto, mejor», afirmó, calificando a la UCO como la «Camorra de la Guardia Civil».
Acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset, Díez insistió en la necesidad de pruebas concretas contra Balas, subrayando que «no hacen falta 250 presunciones, con cuatro cosas documentadas me vale». Hamlyn, sin embargo, exigió garantías escritas, mostrando escepticismo ante las promesas de Díez de interceder con la Fiscalía.
Las actas de Villalba revelan que Díez no solo buscaba silenciar a Aldama, sino también influir en las defensas legales de los implicados en el caso Koldo. Según El Mundo, Díez se jactó de haber seleccionado a los abogados de Ábalos y Koldo García, marcando la estrategia a seguir, aunque dio por «perdido» al exministro. También sugirió a Villalba que abandonara a su abogado y se pusiera en manos de uno de su órbita de influencia, ofreciéndole protección judicial y un posible ascenso en la Guardia Civil a cambio de información sobre «elementos subversivos» en el cuerpo.
Además, Díez insinuó la existencia de un «sistema de escuchas ilegal» empleado por la UCO y afirmó que algunos mandos habían recibido pagos de empresarios, señalando incluso a un conocido prostíbulo en Madrid como fuente de posibles escándalos. Su objetivo, según Villalba, era «desmontar» la cúpula de la Guardia Civil y «limpiar» a quienes consideraba obstáculos para el PSOE.