El lunes 28 de abril de 2025, España y Portugal sufrieron un apagón eléctrico masivo que paralizó la península ibérica durante casi 10 horas, afectando a millones de ciudadanos, comercios, hospitales, aeropuertos y el sistema ferroviario. Apenas una semana después, el 4 de mayo, un supuesto robo de cable de cobre en la línea -línea de alta velocidad Madrid-Sevilla causó un colapso ferroviario que afectó a más de 16.000 viajeros. En ambos casos, el Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha insistido en no descartar un ciberataque como causa del apagón y un sabotaje como causa del incidente ferroviario. Esta postura, según algunos analistas, podría estar motivada por un intento de evitar responsabilidades económicas, ya que, de confirmarse estas hipótesis, el Gobierno podría eximirse de indemnizar a los afectados. Sin embargo, las investigaciones preliminares de Red Eléctrica, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Civil no han encontrado indicios claros que respalden estas teorías.
El apagón del 28 de abril comenzó a las 12:33 horas, cuando una pérdida súbita de 15 gigavatios (el 60% de la energía consumida en ese momento) provocó un “cero energético” que desconectó la red ibérica del sistema eléctrico europeo. Red Eléctrica, el operador del sistema, descartó rápidamente un ciberataque tras analizar sus sistemas con el apoyo del CNI, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC). Eduardo Prieto, director de operaciones de Red Eléctrica, afirmó que no había “ningún tipo de intrusión” en sus sistemas de control, apuntando a dos “desconexiones de generación” en el suroeste peninsular, posiblemente relacionadas con plantas solares.
A pesar de esto, el Gobierno ha mantenido viva la hipótesis del ciberataque, argumentando que el sistema eléctrico español incluye miles de instalaciones privadas (gestionadas por empresas como Iberdrola, Endesa o Naturgy) que aún deben ser investigadas. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, señaló que descartar un ciberataque requiere un análisis exhaustivo de todas estas infraestructuras. El Ejecutivo creó un comité multidisciplinar que, en su tercera reunión el 5 de mayo, formó dos grupos de trabajo: uno para analizar un posible error técnico y otro para investigar un ciberataque.
La insistencia en esta hipótesis ha generado críticas. Una publicación en X sugirió que el Gobierno podría estar promoviendo la idea de un ciberataque para evitar responsabilidades económicas, ya que, en caso de confirmarse, las indemnizaciones a los afectados podrían recaer en el Consorcio de Compensación de Seguros o no aplicarse si se considera un acto de fuerza mayor. Sin embargo, según los Mediadores de Seguros, las eléctricas están exentas de indemnizar si el apagón se debe a causas no imputables, algo que aún no se ha aclarado.
El 4 de mayo, un supuesto robo de cable de cobre en varios puntos de la provincia de Toledo interrumpió la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, afectando a 30 trenes y más de 16.000 pasajeros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el incidente como un “grave acto de sabotaje” en una publicación en X, sugiriendo una “voluntad deliberada de causar daño”. La Guardia Civil, que investiga el caso, identificó un modus operandi típico de bandas organizadas dedicadas al robo de cobre, pero no ha confirmado intencionalidad política o terrorista.
El Gobierno ha mantenido abierta la posibilidad de un sabotaje, lo que, al igual que con el ciberataque, podría eximirlo de responsabilidades económicas. Según expertos, si se clasifica como sabotaje, las indemnizaciones podrían recaer en seguros privados o no aplicarse, dependiendo de la naturaleza del acto. Sin embargo, el PP y la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han acusado al Gobierno de usar esta narrativa para desviar la atención de su “inoperancia” en la gestión de infraestructuras. El PP exigió compensaciones inmediatas para los viajeros y una auditoría de la red ferroviaria, mientras que el Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno, pidió alternativas para los afectados.
La narrativa del ciberataque y el sabotaje tiene importantes implicaciones económicas. En el caso del apagón, los daños económicos aún no se han cuantificado, pero afectaron a comercios, industria, transporte y servicios esenciales. Los supermercados reportaron pérdidas por alimentos perecederos, y las aerolíneas y Renfe enfrentaron cancelaciones masivas. Si se determina que el apagón fue un fallo técnico, las eléctricas podrían enfrentarse a reclamaciones, aunque su responsabilidad depende de si se demuestra negligencia. En el caso del colapso ferroviario, Renfe ha restablecido el servicio, pero no ha anunciado compensaciones específicas, lo que ha avivado las críticas de la oposición.
Políticamente, el Gobierno enfrenta presiones. El 46,2% de los españoles, según una encuesta del CIS, cree que el apagón fue un accidente técnico, mientras que solo el 26,6% lo atribuye a un acto deliberado como un ciberataque. La oposición, encabezada por el PP, ha acusado al Ejecutivo de “desinformar” al promover hipótesis sin pruebas y de usar estos incidentes para tapar otras controversias, como el procesamiento del hermano de Sánchez. Ayuso calificó ambos eventos como “símbolos de desprestigio” para España, afirmando que “con Pedro Sánchez nada funciona”.
La Audiencia Nacional, bajo el juez José Luis Calama, investiga el apagón como posible sabotaje informático, declarando la causa secreta para proteger la investigación. Calama ha solicitado informes al CNI, Red Eléctrica y la Policía Nacional, con un plazo de 10 días. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también analiza el incidente desde una perspectiva regulatoria. Para el colapso ferroviario, la Guardia Civil continúa sus pesquisas, pero no ha descartado que se trate de un robo con fines económicos en lugar de un sabotaje.
La Comisión Europea prepara un informe independiente sobre el apagón, con una versión técnica en seis meses y recomendaciones para septiembre de 2026. Mientras tanto, el comité del Gobierno, liderado por Aagesen, analiza 750 millones de datos de operadores eléctricos, habiendo identificado tres pérdidas de generación previas al colapso.
Contexto y perspectivas
El énfasis del Gobierno en el ciberataque y el sabotaje responde, en parte, al contexto geopolítico. La guerra en Ucrania y los ciberataques atribuidos a actores como Rusia han aumentado la preocupación por la seguridad de infraestructuras críticas. Sin embargo, la ausencia de reivindicaciones en redes de hackers, como las asociadas a grupos prorrusos, y la falta de “huellas digitales” debilitan estas hipótesis. Expertos como Carlos Cagigal han sugerido que el apagón pudo deberse a una sobrecarga en el sistema renovable, que cubría casi el 100% de la demanda ese día, revelando vulnerabilidades en la transición energética.
El Gobierno español mantiene abiertas las hipótesis de ciberataque y sabotaje para el apagón y el colapso ferroviario, lo que podría eximirlo de responsabilidades económicas y desviar la atención de posibles fallos en la gestión de infraestructuras. Sin embargo, las investigaciones preliminares apuntan a causas técnicas en el apagón y a un robo común en el incidente ferroviario, lo que aumenta la presión sobre el Ejecutivo para esclarecer los hechos y asumir las consecuencias. Los próximos informes del CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil serán cruciales para determinar si estas teorías se sostienen o si, como sugieren algunos, son una estrategia para minimizar el impacto político y financiero.
Mas bien parece un ataque de falsa bandera ordenado por ellos mismos para justificar sabe Dios que.
La paradoja,es que supieron del robo de cobre con antelación…y permitieron que la gente tomará el tren.
Y claro la culpa de Marzon,y no de los burros Sabanderos que ocupan los ministerios.
Y Sánchez,es tan moderno!,que ya habla sobre cybers…,es decir que fueron unos robots.
El documental emitido en la 2 sobre las riadas…una especie de aniversario de la rotura de la Presa de Tous,muy bien hecho,basado exclusivamente en acusar de todo al PP,por qué lo de los avisos era cuestión del PP.
Ni una sola palabra de quien dio la orden de abrir las presas,que fue Teresa Rivera.
Así es que yo me lo guiso yo me lo como la televisión es del PSOE y las manifestaciones del PC.
También están muy centrados en acusar a Alvise Pérez,ha sido Alvise dice Sánchez!,habrá sido Belén Esteban?.