Anticorrupción ha dado un paso contundente al respaldar la imputación de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes, por su presunta implicación en la contratación irregular de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Este escándalo, enmarcado en el denominado “caso Koldo” (que más bien se podría llamar ya «Caso Sánchez») pone en el punto de mira a una figura que, lejos de mantener un perfil discreto, ha estado respaldada por la vehemente defensa de su hermana, la periodista Ana Pardo de Vera, cuya actitud beligerante hacia ciertos medios ha generado no poca polémica.
Un enchufismo descarado
Isabel Pardo de Vera, una alta funcionaria que ocupó cargos de relevancia en el entramado del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, se enfrenta ahora a serias acusaciones por malversación y tráfico de influencias. Según la investigación, Pardo de Vera habría jugado un papel clave en la contratación “caprichosa e irregular” de Jéssica Rodríguez, quien, sin desempeñar ninguna función real, cobró un salario público durante más de dos años en Ineco y Tragsatec. La contratación, según el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, fue orquestada “libérrimamente” por Ábalos, con la “relevante participación” de su exasesor Koldo García y, presuntamente, con la complicidad de Pardo de Vera.
Los mensajes intervenidos entre Pardo de Vera y Koldo García (ex portero de pvt¡club y mano derecha de Ábalos) son particularmente reveladores. En uno de ellos, Koldo, con su habitual estilo soez, instaba a la entonces presidenta de Adif a acelerar la contratación de Jéssica, advirtiendo: “Llamen a la chica para que inicie los trámites de contratación, que si no, Ábalos me corta los huevos”. Pardo de Vera, lejos de cuestionar la legitimidad de la solicitud, respondió con diligencia, asegurando que el proceso estaba en marcha. Este intercambio, junto con la falta de criterios técnicos para justificar la contratación y la ausencia de actividad laboral por parte de Jéssica, dibuja un cuadro de favoritismo y abuso de poder que ahora podría costarle caro a la expresidenta de Adif.
Ana Pardo de Vera, la defensora acérrima y protagonista de escándalos
Mientras Isabel Pardo de Vera se enfrenta al escrutinio judicial, su hermana, la «periodista» Ana Pardo de Vera, no ha pasado desapercibida. Conocida por su papel como directora del diario Público y por sus intervenciones en tertulias televisivas, Ana ha adoptado una postura agresiva y desafiante cada vez que se ha mencionado el nombre de su hermana en relación con el caso. Su actitud, lejos de proyectar serenidad o confianza en la inocencia de Isabel, ha sido interpretada como un intento desesperado de desviar la atención y silenciar a los medios.
Ana Pardo de Vera ha protagonizado momentos especialmente bochornosos, como cuando, en un arranque de furia, tiró el micrófono a un reportero que intentaba hacerle una pregunta. O cuando, en un programa de televisión, se enfrentó a una diputada del PP lanzando advertencias como: “No te atrevas a decir que mi hermana hizo algo ilegal”, mientras los indicios de irregularidades se acumulan en los tribunales.
La actitud de Ana no solo ha contribuido a mantener el caso en el ojo público, sino que ha generado críticas por su aparente hipocresía. Mientras defiende a ultranza a su hermana, ha evitado pronunciarse con claridad sobre los hechos concretos que la investigación ha destapado, optando por ataques a determinada prensa y descalificaciones que poco aportan a la transparencia que debería caracterizar a una periodista.
El caso de Isabel Pardo de Vera trasciende el ámbito personal y pone en evidencia las dinámicas de enchufismo y abuso de poder que, según los investigadores, permeaban el Ministerio de Transportes bajo la gestión de Ábalos. La contratación de Jéssica Rodríguez no fue un hecho aislado: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a Pardo de Vera como una pieza clave no solo en este “enchufe”, sino también en la renovación del contrato de Rodríguez, asegurando su continuidad en el entramado de empresas públicas sin que existiera justificación alguna para ello.
Además, el caso Koldo abarca otras acusaciones, como el presunto cobro de comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia, lo que agrava el contexto de corrupción en el que se enmarca la actuación de Pardo de Vera. La decisión de Anticorrupción de respaldar su imputación, apoyada en los indicios recopilados por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, marca un punto de inflexión que podría derivar en consecuencias legales significativas para la exfuncionaria.
La caída de un intocable
Isabel Pardo de Vera, quien en su momento fue una figura de confianza en el gobierno de Pedro Sánchez, ve ahora su reputación hecha añicos. Su presunta participación en un esquema de favoritismo no solo pone en tela de juicio su integridad, sino que cuestiona la ética de un sistema que permitió tales prácticas bajo la mirada cómplice de altos cargos.