Raúl Afonso, más conocido como ‘Un Murciano Encabronao’, se enfrenta a una avalancha de persecuciones judiciales que amenazan con silenciarlo. En un vídeo que ha publicado recientemente se detalla cómo ha recibido 16 denuncias judiciales en los últimos 3 años, encontrándose con que en la última se le obliga a depositar, por adelantado, 2.000 euros como una especie de señal ante la condena que pudiera sufrir en el juicio posterior.
Raúl Afonso se ha ganado un merecido reconocimiento en las redes sociales por su valentía al señalar casos de corrupción, abusos de poder y malas prácticas en el ámbito político y administrativo español. A través de vídeos y publicaciones, ha destapado situaciones que los grandes medios de comunicación ignoran o encubren. Sin embargo, esta labor le ha supuesto un alto coste personal. En este vídeo, se relata que las 16 denuncias acumuladas parecen formar parte de una estrategia para desgastarlo emocional, económica y legalmente. Da la sensación de que estas acciones judiciales no buscar castigarle solo a él, puesto que parecen como una especie de «aviso a navegantes» para que a nadie se le ocurra hacer lo mismo.
La última denuncia, esta que le impone un depósito de 2000 euros por adelantado, se presenta como la gota que colma el vaso, ya que reconoce no tener más remedio que pedir ayuda económica a su comunidad para afrontar todo el desgaste económico que le está suponiendo esta persecución. El vídeo subraya que, lejos de rendirse, está decidido a seguir adelante, pero para eso reconoce necesitar ya ese apoyo.
Con este caso seguimos viendo una práctica muy habitual en un sistema que utiliza el brazo de la justicia para protegerse y tratar de amedrentar a quien destape irregularidades. Según el vídeo, las denuncias contra Afonso no se basan en pruebas sólidas, sino que parecen responder a intereses de quienes se sienten amenazados por sus revelaciones. Esta narrativa resuena con una crítica más amplia hacia la falta de protección para los denunciantes de corrupción en España, un tema que ha sido objeto de debate en los últimos años.
Todo esto conlleva, además, no solo un impacto económico en el denunciado, también un impacto familiar y psicológico. Cada proceso judicial implica gastos en abogados, tiempo y energía, lo que podría desanimar a cualquier persona en su posición, algo que parece que, por fortuna, no se está consiguiendo con Raúl.
La historia de Raúl Afonso no es un caso aislado. En España, los denunciantes de corrupción a menudo se enfrentan a represalias, desde demandas judiciales hasta acoso personal. Organizaciones como Transparencia Internacional han señalado la necesidad de implementar leyes más robustas para proteger a los denunciantes.
Merece todo el apoyo posible en la forma que podamos…
El ataque a Raúl es el ataque a toda la ciudadanía qaue busca la verdad. La enmafiada masonada tiene patente de corso porque el pueblo lo permite, esté engañado o no