Nintendo ha anunciado una actualización significativa en su Acuerdo de Cuenta de Nintendo (Nintendo Account Agreement) que ha generado polémica entre los usuarios de sus consolas, especialmente de la Nintendo Switch y la próxima Switch 2. La nueva política otorga a la compañía japonesa el derecho de inutilizar de forma remota las consolas de los usuarios que infrinjan sus reglas, un movimiento que refuerza su histórica batalla contra la piratería, el uso de emuladores y las modificaciones no autorizadas. Este cambio, descrito por algunos como un «interruptor de apagado remoto», plantea preguntas sobre la propiedad de los dispositivos y la relación entre los consumidores y los fabricantes en la era digital.
La actualización del acuerdo, reportada inicialmente por Game File y confirmada por medios como Eurogamer, Ars Technica y TechRadar, incluye un lenguaje explícito que prohíbe una amplia gama de actividades consideradas «no autorizadas». Entre las acciones vetadas se encuentran:
- Piratería: Obtener, instalar o usar copias no autorizadas de juegos o servicios de Nintendo.
- Modificaciones: Modificar, copiar, distribuir, realizar ingeniería inversa, desencriptar o eludir los sistemas de protección de la consola.
- Uso de hardware o software no autorizado: Instalar aplicaciones caseras (homebrew), emuladores o cartuchos de terceros para jugar copias piratas o respaldar juegos.
El acuerdo, que se aplica tanto a los usuarios en Estados Unidos como en el Reino Unido, establece que cualquier violación puede llevar a Nintendo a «hacer que los servicios de la Cuenta de Nintendo y/o el dispositivo correspondiente sean permanentemente inutilizables, total o parcialmente». En otras palabras, Nintendo se reserva el derecho de «brickear» (inutilizar) la consola, convirtiendo un dispositivo de 300 a 450 euros en un costoso pisapapeles.
Nintendo ha sido conocida por su enfoque agresivo contra la piratería y las modificaciones de sus consolas. En los últimos años, la compañía ha emprendido acciones legales contundentes, como la demanda contra el emulador Yuzu en 2024, el cierre de la plataforma de intercambio de archivos Dstorage en Francia, y la persecución de streamers que jugaban copias piratas antes de su lanzamiento oficial. En diciembre de 2024, un individuo en Japón fue arrestado por vender partidas modificadas de Pokémon Sun, pudiendo sufrir varios años de prisión.
La nueva política parece ser una extensión de estas medidas, pero llevada al ámbito del consumidor individual. Según PC Gamer, Nintendo no solo apunta a los piratas, sino también a quienes modifiquen sus consolas para usos legítimos, como instalar aplicaciones caseras para leer libros electrónicos, jugar versiones traducidas por fans de juegos no localizados, o mejorar el rendimiento de juegos mediante emulación en PC. Estas actividades, aunque no siempre relacionadas con la piratería, ahora podrían provocar la desactivación remota de la consola.
Aunque Nintendo no ha detallado el mecanismo técnico para inutilizar las consolas, expertos especulan que podría involucrar un «interruptor de apagado» remoto a través de actualizaciones de firmware o una verificación en línea que detecte modificaciones no autorizadas. Reclaim The Net sugiere que podría tratarse de un «firmware bomb» o un bloqueo basado en la conexión a los servidores de Nintendo, especialmente para consolas que acceden a servicios en línea. Sin embargo, no está claro si este bloqueo afectaría el uso offline o si los usuarios podrían restaurar la funcionalidad de una consola.
Nintendo ya cuenta con sistemas robustos para detectar consolas modificadas que se conectan a sus servicios en línea, y ha emitido prohibiciones a nivel de dispositivo en el pasado, impidiendo el acceso a funciones como la eShop o el multijugador. La nueva política, sin embargo, eleva las consecuencias al amenazar con desactivar completamente el hardware, incluso para uso sin conexión.
La comunidad de jugadores ha reaccionado con una mezcla de indignación y preocupación. En publicaciones en X, usuarios como @GamingKarmig han criticado a Nintendo, argumentando que la política no solo revela la vulnerabilidad de las consolas al jailbreak, sino que también viola el derecho de propiedad de los consumidores sobre el hardware que compraron. Otros, como @UnoNoticias y @RevistaSemana, han destacado el tono «drástico» de la medida, advirtiendo a los jugadores que cualquier actividad sospechosa podría resultar en la pérdida de su consola.
Reclaim The Net ha calificado la actualización como una «declaración de guerra» contra los usuarios que tratan su hardware como propio, señalando que términos vagos como «adaptar» o «traducir» podrían interpretarse de manera amplia, castigando incluso a quienes investigan el funcionamiento de su consola. Además, existe el temor a falsos positivos, ya que Nintendo no ha aclarado cómo detectará las violaciones ni si los usuarios tendrán la oportunidad de apelar antes de que su consola sea desactivada.
Esta política plantea preguntas sobre la propiedad en la era digital. Como señala PC Gamer, Nintendo parece considerar que los usuarios no son dueños de sus consolas, sino que las «alquilan» bajo condiciones estrictas. Esto contrasta con el creciente movimiento a favor del «derecho a reparar» y la libertad de modificar dispositivos comprados. La posibilidad de que una empresa desactive remotamente un producto pagado podría sentar un precedente preocupante para otras industrias tecnológicas.
Para los usuarios, el mensaje es claro: cualquier modificación, incluso con fines no comerciales, conlleva riesgos significativos. Actividades como extraer ROMs de juegos propios, usar temas personalizados o instalar software casero ahora podrían costar cientos de dólares en hardware inutilizado. Con el lanzamiento de la Switch 2, que se espera cueste alrededor de 450 dólares, las consecuencias económicas de un «brickeo» son aún más graves.