Una delegación de la Unión Europea ha viajado a España para analizar las razones por las cuales el Gobierno liderado por Pedro Sánchez no ha adaptado la normativa electoral nacional a las disposiciones de la legislación electoral europea, un incumplimiento que, según diversas fuentes, convierte a España en el único país de la UE que no ha implementado los cambios exigidos. Este asunto ha generado polémica, especialmente tras la negativa de Moncloa a reunirse con la delegación enviada desde Bruselas, lo que ha intensificado las críticas hacia el Ejecutivo español.
La misión de la UE responde a la preocupación expresada por el Parlamento Europeo sobre la falta de adaptación de la legislación electoral española a las normativas comunitarias, en particular en lo que respecta a la introducción de un umbral electoral mínimo del 2% para obtener representación en las elecciones europeas. Esta medida, que ya ha sido adoptada por los demás Estados miembros, busca evitar la fragmentación excesiva en el Europarlamento y garantizar una representación más cohesionada. Sin embargo, el Gobierno español ha mantenido un veto a esta reforma.
Según publicaciones en la red social X, la delegación de eurodiputados tenía previsto negociar con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para abordar la eliminación de este veto. Sin embargo, el Gobierno español declinó participar en dichas reuniones, una decisión que ha sido interpretada como un intento de proteger los intereses de los socios de la coalición de Sánchez, cuyos partidos podrían verse perjudicados por la introducción del umbral electoral.
El núcleo del problema radica en la resistencia del Gobierno a implementar el umbral electoral mínimo, una medida que podría afectar a partidos minoritarios que forman parte de la coalición que sostiene a Sánchez en el poder. Entre estos socios se encuentran formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y otros partidos regionalistas o nacionalistas que, aunque tienen una representación limitada en el ámbito europeo, son fundamentales para la estabilidad del Ejecutivo en el Congreso español. La introducción de un umbral del 2% podría dificultar la obtención de escaños por parte de estas formaciones, lo que debilitaría su influencia y, por extensión, la capacidad de Sánchez para mantener su coalición de Gobierno.
El diario La Razón informó que esta negativa a adaptar la normativa ha sido vista en Bruselas como una estrategia política para priorizar los intereses de los socios de coalición sobre las obligaciones europeas. Según el medio, España es el único país que no ha cumplido con esta normativa, lo que ha llevado a la UE a enviar una misión para esclarecer las razones de este incumplimiento y presionar al Gobierno para que se alinee con el resto de los Estados miembros.
La decisión de Moncloa de no recibir a la delegación de Bruselas ha generado una oleada de críticas, tanto a nivel nacional como internacional. En España, sectores de la oposición, especialmente el Partido Popular (PP) y Vox, han acusado al Gobierno de actuar con opacidad y de anteponer intereses partidistas a las exigencias democráticas de la UE. En la red social X, usuarios y analistas han señalado que esta actitud refuerza la percepción de que Sánchez está dispuesto a ignorar las normativas europeas para proteger su base de poder.
Por su parte, desde Bruselas, eurodiputados han expresado su enfado ante lo que consideran una falta de cooperación por parte del Gobierno español. Algunos han señalado que la ausencia de un umbral electoral en España facilita la entrada de partidos con agendas populistas o antisistema, lo que podría tener un impacto negativo en la gobernabilidad del Parlamento Europeo.