En un movimiento que muchos consideran un ataque directo a la libertad de expresión, la Comisión Europea anunció el 8 de mayo de 2025 que llevará a Chequia, España, Chipre, Polonia y Portugal ante el Tribunal de Justicia de la UE. ¿El motivo? Estos países no han creado o empoderado a un Coordinador Nacional de Servicios Digitales, una figura impuesta por la Ley de Servicios Digitales (DSA) para vigilar y censurar contenidos en redes sociales. Esta decisión expone el afán de Bruselas por controlar el discurso digital, bajo el pretexto de combatir la desinformación y el discurso de odio.
La DSA, aprobada en 2022, obliga a los Estados miembros a establecer autoridades que supervisen plataformas como X, Meta o TikTok, con poder para eliminar publicaciones consideradas «inapropiadas». Pero este enfoque centralizado despierta serias dudas: ¿quién decide qué es desinformación? ¿Qué garantiza que estas autoridades no silencien opiniones incómodas para los gobiernos o la propia UE? La acción contra estos cinco países parece más una amenaza para forzar la censura que un esfuerzo por proteger a los ciudadanos.
En plataformas como X, la indignación es palpable. Usuarios denuncian que la Comisión, liderada por Ursula von der Leyen, busca convertir las redes sociales en espacios controlados, donde solo se permitan narrativas aprobadas. Lejos de promover un entorno digital seguro, la DSA podría convertirse en una herramienta para sofocar el debate público, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones europeas ya está erosionada.
La Comisión justifica su postura alegando que los países incumplen un compromiso legal, pero esta rigidez ignora las legítimas preocupaciones sobre la soberanía nacional y el riesgo de abuso de poder. Si el Tribunal de Justicia impone multas, no solo se castigará a estos Estados, sino que se enviará un mensaje claro: la UE prioriza el control sobre la libertad.
Es hora de cuestionar hasta dónde está dispuesta a llegar la Comisión Europea en su obsesión por regular las redes sociales. La censura, disfrazada de protección, no es la solución. La verdadera seguridad digital pasa por fomentar el pensamiento crítico y el diálogo abierto, no por imponer silencio.
Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1081