El pasado lunes 28 de abril de 2025, un incidente grave sacudió la ciudad de Madrid en medio del caos generado por un apagón masivo que dejó sin electricidad a toda la península ibérica. El vehículo oficial del director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, estuvo implicado en el atropello de una niña de 10 años, identificada como Aitana, en el Paseo de Extremadura, distrito de Latina. Lo que podría haberse tratado como un accidente más, derivado de las circunstancias excepcionales del apagón, ha desatado una tormenta de críticas y acusaciones debido a la presunta ocultación del suceso por parte de Rodríguez, quien no solo omitió informar a los mandos policiales y al Ayuntamiento, sino que también negó los hechos, afirmando que la menor «se había caído delante del coche». Este caso, destapado por el diario El País y ampliado por otros medios como El Mundo, ha generado una fuerte controversia política y sindical, con exigencias de dimisión y una investigación en curso.
El accidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas, apenas una hora después del inicio del apagón, que dejó los semáforos fuera de servicio y sumió a la ciudad en un desorden vial. El coche oficial, un Skoda Superb gris oscuro conducido por un inspector de la Policía Municipal, circulaba por el carril bus-taxi del Paseo de Extremadura en dirección a la Jefatura de la Policía Municipal en la Casa de Campo. Rodríguez viajaba como copiloto, dirigiéndose a una reunión urgente con los mandos del cuerpo. Según testigos, el vehículo se desplazaba a una velocidad considerada «inadecuada» para una vía urbana en esas circunstancias, especialmente en un paso de peatones donde los semáforos no funcionaban.
La víctima, Aitana, cruzaba la calle de la mano de su madre cuando fue golpeada por el lateral del vehículo, cayendo al suelo. Inicialmente, el parte del Samur (Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate) señaló que las heridas eran leves, y un testigo afirmó que la niña se marchó caminando con su madre tras ser atendida. Sin embargo, en el Hospital Clínico de Madrid se descubrió que la menor sufría una fractura en el tobillo derecho y una posible lesión en la rodilla izquierda, que aún está bajo evaluación debido a la inflamación. La niña, con la pierna escayolada, permanece postrada en su domicilio, y sus padres, de origen ecuatoriano y recursos modestos, han denunciado la falta de contacto por parte de las autoridades municipales.
Lo que ha elevado este incidente a un escándalo de proporciones es la gestión posterior al accidente. Según múltiples fuentes, Pablo Enrique Rodríguez no informó del suceso ni a los mandos de la Policía Municipal ni al Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, dirigida por la vicealcaldesa Inmaculada Sanz. En las horas siguientes, cuando comenzaron a circular rumores en grupos de WhatsApp de agentes sobre el atropello, Rodríguez negó los hechos ante las preguntas del Área de Seguridad, asegurando que la niña «tropezó y colisionó contra el coche» mientras cruzaba, eximiendo de responsabilidad al vehículo y minimizando el incidente como «leve». Esta versión contrasta con los testimonios de testigos, que señalan que el coche circulaba a alta velocidad, y con las lesiones de Aitana, que sugieren un impacto significativo.
Además, se han denunciado varias irregularidades en el procedimiento administrativo y policial:
- Falta de registro inmediato: El parte del accidente no fue subido al Sistema Integral de Gestión de Incidentes de Tráfico (SIGIT) en las 24 horas preceptivas, según la normativa interna de la Policía Municipal. Dos días después del suceso, ni Emergencias Madrid ni la Policía Municipal tenían constancia oficial del incidente en sus bases de datos.
- Ausencia de la prueba de alcoholemia: No hay constancia de que se realizara el obligatorio control de alcoholemia al conductor, un inspector que habitualmente actúa como chófer de Rodríguez, pese a que el protocolo lo exige en casos de atropellos con heridos.
- Intervención tardía de la Unidad de Atestados: El Equipo de Investigaciones de Tráfico, encargado de analizar accidentes con heridos o vehículos policiales involucrados, no acudió al lugar hasta el viernes 2 de mayo, cuatro días después del suceso, y tras la publicación de la noticia por El País. Esta demora ha sido calificada de «irregular» por fuentes sindicales.
- Errores en los partes iniciales: El parte del Samur contenía incongruencias, como la mención de un atropello por una moto en una dirección distinta (Paseo de Extremadura 16) y la subestimación de las lesiones de la menor.
El abuelo de Aitana, Fernando Cepeda, presente en el lugar, relató que el conductor mostró su placa «de manera prepotente» cuando se le pidió identificación, mientras Rodríguez se interponía entre ambos. También afirmó que su nieta presentaba marcas de neumático en la pierna, lo que refuerza la hipótesis de un impacto directo.
El caso ha desencadenado una oleada de críticas desde la oposición y los sindicatos policiales, que exigen responsabilidades y la dimisión de Rodríguez. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha calificado el incidente de «turbio» y ha pedido el cese inmediato del director, acusándolo de ser un «protegido» del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Maestre ha cuestionado la velocidad del vehículo en un contexto de caos, la falta de transparencia y la posible manipulación de informes, amenazando con llevar el caso a los tribunales si no se entregan los documentos solicitados. Asimismo, ha señalado la responsabilidad política de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, máxima responsable del Área de Seguridad.
El PSOE, por boca de su portavoz Reyes Maroto, ha exigido una investigación interna y ha denunciado la «opacidad» del gobierno municipal, afirmando que «este Ayuntamiento no es el cortijo de nadie». El concejal de Seguridad, Enrique Rico, también ha calificado los hechos de «muy graves» y ha pedido explicaciones.
Desde el ámbito sindical, la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y el sindicato UPM han criticado duramente la actuación de Rodríguez. La APMU ha cuestionado que Sanz mantenga en el cargo a un director que, según ellos, «no puede ser un ejemplo ni un referente» para el cuerpo, y ha señalado la gravedad de no haber realizado la prueba de alcoholemia ni haber informado del suceso. Algunas fuentes sindicales han sugerido que el apagón pudo generar problemas técnicos que retrasaron los registros, pero insisten en que esto no justifica la falta de transparencia ni el incumplimiento de protocolos.
El gobierno municipal, liderado por Almeida, ha negado cualquier intento de ocultación y ha defendido que la gestión administrativa del accidente se realizó «correctamente». Según fuentes municipales, el formulario inicial del accidente se abrió dentro del plazo de 24 horas, y la normativa permite hasta 10 días para completar los datos, un plazo que aún no había expirado al momento de las primeras críticas. El consistorio ha insistido en que, al tratarse de un accidente considerado «leve» inicialmente, no se comunica de oficio, y que la información fue proporcionada a los medios tras ser solicitada.
Almeida ha pedido «prudencia» y ha calificado las acusaciones de la oposición como «hipótesis» que deben esperar a la documentación oficial de la Policía Municipal y el Samur para ser esclarecidas. También ha confirmado que Sanz ya ha hablado con Rodríguez para aclarar la situación, y ha asegurado que, de confirmarse algún incumplimiento, se tomarán medidas. Sin embargo, por el momento, el alcalde ha descartado el cese del director.
Pablo Enrique Rodríguez, de 60 años, es un veterano de la Policía Municipal de Madrid, donde ingresó en 1986. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, ha ocupado diversos cargos de responsabilidad, incluyendo la dirección del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE) y la subdirección general de Formación y Seguridad. Fue nombrado director general de la Policía Municipal en julio de 2019, poco después de la llegada de Almeida al poder, y percibe un salario bruto anual de 101.580 euros, según el portal de transparencia del Ayuntamiento.
Rodríguez no es ajeno a la polémica. Actualmente está investigado en dos causas judiciales: una por presuntas irregularidades en oposiciones a comisario e inspector de la Policía Municipal, reabierta en 2024 tras dos archivos previos, y otra por un posible delito de prevaricación relacionado con la detención del autobús de la asociación Hazte Oír en 2024. Estas investigaciones han avivado las críticas de la oposición, que lo acusan de acumular «escándalos» sin que el gobierno municipal tome medidas.
La Policía Municipal continúa investigando el atropello, con la Unidad de Atestados recopilando datos adicionales tras su tardía intervención. La familia de Aitana, que no ha presentado denuncia hasta el momento, ha expresado su indignación por la falta de contacto por parte de Rodríguez o del Ayuntamiento. El padre de la menor, Jefferson, tuvo que acudir inicialmente a una comisaría de la Policía Nacional por error, pensando que el vehículo implicado pertenecía a ese cuerpo, y finalmente obtuvo los datos del seguro en la unidad de Latina de la Policía Municipal.
Tenía que correr, no podía correr el riesgo de quedar atrapado entre la piojosa plebe, como la charo kakistócrata que se hizo recoger por un coche oficial para escapar de ese tren lleno de chusma plebeya encabronada.
Sueño con guillotinas. Por mucho menos se hicieron legítimas limpiezas en épocas pasadas.