Las investigaciones judiciales que se están realizando de las riadas del 29 de octubre de 2024 están destapando graves deficiencias en la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que salpican a la que por aquel entonces era su máxima responsable, la exministro Teresa Ribera. Entre las revelaciones más significativas están:
Retraso en las alertas sobre el desbordamiento del barranco del Poyo:
La CHJ admitió ante la juez que tuvo datos sobre el desbordamiento del barranco del Poyo a las 18:00 horas del 29 de octubre, pero no envió un correo de alerta a Emergencias de la Generalitat hasta las 18:43 horas, 43 minutos después. Este retraso fue crítico, ya que el caudal del barranco alcanzó niveles extremos (1.725,89 m³/s a las 18:00 horas), contribuyendo a la devastación en Paiporta y otras localidades.
Fuentes de la Generalitat Valenciana acusan a la CHJ de «mentir» en su informe judicial, afirmando que el organismo no ejecutó las medidas previstas en el Plan Hidrológico y el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de 2023, y que su sistema de recogida de datos era «muy vulnerable».
Apagón informativo durante horas clave:
Durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 17:00 horas, la CHJ no advirtió del incremento del caudal en el barranco del Poyo, a pesar de que sus propios correos internos registraban ascensos y descensos significativos. Nueve altos cargos y técnicos de la CHJ recibieron un correo a las 17:56 horas con información sobre la riada, pero no se contactó al 112 ni se tomaron medidas inmediatas.
Entre las 16:13 y las 18:43 horas, la CHJ no comunicó información relevante sobre el barranco del Poyo, lo que el Partido Popular (PP) y la Generalitat han calificado como un «apagón informativo» de dos horas y media, justo cuando el caudal se multiplicó casi por cien.
Gestión del embalse de Forata:
La CHJ decidió liberar 7.000 millones de litros de agua del embalse de Forata entre las 19:00 del 29 de octubre y las 1:00 del 30 de octubre para evitar su rotura, una acción que, aunque evitó un colapso mayor, inundó municipios como Algemesí, Carlet y Guadassuar, causando víctimas mortales y daños significativos.
Aunque la CHJ avisó a Emergencias de la Generalitat sobre el riesgo de desbordamiento del río Magro, los municipios afectados no fueron notificados adecuadamente sobre el vertido masivo, lo que generó críticas por falta de coordinación y comunicación.
Falta de mantenimiento de cauces:
La Generalitat y varios ayuntamientos han denunciado que la CHJ no limpió adecuadamente los cauces, como el barranco del Poyo, debido a restricciones medioambientales impuestas por el Ministerio de Ribera. Un documento aprobado por Ribera catalogaba ciertas especies animales en el Poyo, lo que dificultó los permisos para desbrozar y limpiar el cauce, contribuyendo al desbordamiento.
La CHJ impuso multas de hasta 300.000 euros a municipios que limpiaron cauces sin autorización, lo que desincentivó el mantenimiento preventivo. Esta política fue criticada tras las riadas, ya que la acumulación de vegetación, cañas y escombros agravó las inundaciones.
Vulnerabilidad del sistema de monitoreo:
La CHJ reconoció ante la juez que su sistema de recogida de datos era «muy vulnerable», lo que limitó su capacidad para prever y responder al aumento de caudales. Esta admisión refuerza las acusaciones de negligencia en la preparación para eventos extremos, a pesar de las alertas previas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Responsabilidad de Teresa Ribera
Como ministro para la Transición Ecológica, Ribera era la máxima responsable de la CHJ, un organismo autónomo adscrito a su ministerio. Las acusaciones contra ella se centran en:
Falta de supervisión y liderazgo:
Ribera fue criticada por su escasa presencia pública durante los primeros días de la crisis, apareciendo únicamente diez días después del desastre y evitando comparecer en el Congreso hasta el 20 de noviembre de 2024, bajo presión del PP.
El senador del PP Javier Márquez acusó a Ribera de «estar desaparecida» mientras se preparaba para su nombramiento en Bruselas, en lugar de liderar la respuesta a la crisis en Valencia.
Decisiones controvertidas previas:
En 2021, Ribera y el entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, paralizaron las obras de encauzamiento del barranco del Poyo por falta de presupuesto, una decisión que ha sido señalada como un factor clave en la magnitud del desastre.
La adjudicación de la vigilancia del barranco del Poyo a una empresa privada con una oferta un 21% a la baja ha sido cuestionada, al igual que la contratación de un seguro de responsabilidad civil para los directivos de la CHJ un mes antes de las riadas, lo que sugiere que Ribera anticipaba posibles problemas legales.
Defensa de la CHJ y negación de fallos:
En sus comparecencias en el Congreso y el Senado el 20 de noviembre de 2024, Ribera defendió que la CHJ y la AEMET actuaron en «tiempo real», enviando más de cien correos con actualizaciones de caudales y negando un «apagón informativo». Sin embargo, estas afirmaciones han sido contradichas por la Generalitat y el PP, que destacan la falta de comunicación directa y oportuna.
Ribera cargó la responsabilidad sobre la Generalitat Valenciana, liderada por Carlos Mazón, argumentando que la gestión de alertas y la protección civil eran competencia autonómica. Esta estrategia ha sido criticada como un intento de eludir responsabilidades.
Impacto político en Europa
Las revelaciones judiciales han debilitado la posición de Ribera en Europa, donde asumió su cargo como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea en diciembre de 2024, tras un proceso de ratificación controvertido. Los puntos clave incluyen:
Presión del Partido Popular Europeo (PPE):
El PP español, liderado por eurodiputados como Dolors Montserrat, ha utilizado las riadas para cuestionar la idoneidad de Ribera para su cargo europeo. Durante su audiencia en el Parlamento Europeo el 12 de noviembre de 2024, Ribera fue interpelada por su gestión de la crisis, con acusaciones de «mentir» sobre las competencias de su ministerio en sistemas de alerta y mantenimiento de cauces.
El PPE exigió que Ribera se comprometiera a dimitir si era imputada en las investigaciones judiciales, una condición que ella rechazó, generando tensiones dentro de la coalición que apoyó su nombramiento.
Riesgo para Ursula von der Leyen:
Las posibles consecuencias judiciales de Ribera podrían salpicar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que respaldó su candidatura. Según los tratados europeos, cesar a un comisario es complejo, requiriendo una moción de censura contra toda la Comisión o una dimisión voluntaria. Forzar la renuncia de Ribera sería políticamente arriesgado para Von der Leyen.
Internacionalización del caso:
El PP ha buscado internacionalizar el debate, llevando las acusaciones contra Ribera al Parlamento Europeo y cuestionando su credibilidad en foros como la COP. Eurodiputados de otros países, incluida la alemana Anja Arndt, también han interrogado a Ribera sobre la DANA, ampliando el escrutinio más allá de España.
Aunque fuentes europeas indican que Ribera «no está en peligro» inmediato, su posición depende de la evolución de la investigación judicial en Catarroja. Si surgen pruebas contundentes de negligencia o se formalizan imputaciones, la presión para su dimisión podría intensificarse, afectando su papel en la política de competencia y transición verde de la UE.
Expertos y figuras políticas han expresado múltiples preocupaciones sobre la gestión de la CHJ y la responsabilidad de Ribera:
Falta de coordinación entre administraciones:
Expertos en gestión de riesgos, citados por medios como El Mundo y ABC, destacan la falta de coordinación entre la CHJ, la Generalitat y los ayuntamientos como un factor clave en la tragedia. La ausencia de un sistema de alertas unificado y la dependencia de correos electrónicos, en lugar de comunicaciones directas, evidencian fallos estructurales.
Negligencia en la prevención:
La paralización de obras de encauzamiento y las restricciones a la limpieza de cauces, justificadas por motivos medioambientales, han sido criticadas por ingenieros hidráulicos y representantes municipales. Según OK Diario, la acumulación de vegetación en el barranco del Poyo convirtió el cauce en un «torrente mortal» al arrastrar toneladas de escombros.
Debilidades institucionales:
Expertos en gestión de crisis han señalado que la CHJ y otros organismos carecen de la infraestructura y los protocolos necesarios para enfrentar eventos climáticos extremos. Ribera misma reconoció que España se enfrenta una «nueva realidad hidrológica» que requiere mejor preparación.
Impacto en la confianza pública:
La diputada de Junts Pilar Calvo señaló que las riadas «se han llevado la confianza de la gente en los políticos», un sentimiento compartido por expertos que ven en la falta de transparencia y rendición de cuentas un riesgo para la credibilidad institucional.
Ribera ha defendido la actuación de la CHJ y la AEMET, afirmando que emitieron alertas desde el 24 de octubre y que la responsabilidad recaía en la Generalitat.
Las revelaciones ante la juez han intensificado el debate sobre la preparación de España para eventos climáticos extremos y la responsabilidad de las instituciones en su gestión. Aunque Ribera mantiene su cargo en la Comisión Europea, las investigaciones judiciales podrían tener consecuencias a largo plazo:
Judiciales: Si la juez de Catarroja encuentra pruebas de negligencia grave, Ribera o altos cargos de la CHJ podrían enfrentar imputaciones, lo que aumentaría la presión para su dimisión.
Políticas: El PP seguirá utilizando el caso para desgastar al PSOE y a Ribera, mientras Mazón enfrenta su propia investigación por la gestión autonómica.
Institucionales: La tragedia ha evidenciado la necesidad de reformar los sistemas de alerta y coordinación, así como de aumentar la inversión en infraestructuras hidráulicas.
Las revelaciones sobre la dejadez de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante las riadas de octubre de 2024 han colocado a Teresa Ribera en una posición delicada, tanto en España como en Europa. Los retrasos en las alertas, la falta de mantenimiento de cauces y la gestión controvertida del embalse de Forata han alimentado las acusaciones de negligencia, mientras el PP intensifica su ofensiva política para cuestionar su idoneidad como vicepresidenta de la Comisión Europea.
Aunque Ribera niega un «apagón informativo» y carga la responsabilidad en la Generalitat, las pruebas judiciales y las críticas de expertos subrayan fallos estructurales en la gestión de la crisis.
Sería loable que los asesinos paguen en esta vida pero ¿Desde cuándo le ha ido mal la cosa a la masonada de alto rango? ¿Es que no funcionan todos a una y no tienen al mundo en sus manos ya?