La reciente noticia de que el Ministerio de Hacienda ha pactado un bonus de 125 millones de euros para su plantilla a cambio de incrementar la recaudación de IRPF e IVA es, sencillamente, un escándalo que pone en evidencia la perversión de los incentivos en la gestión pública.
Este acuerdo no solo roza la ilegalidad, sino que plantea serias dudas sobre la ética y la equidad del sistema tributario español. Vamos a desgranar por qué este movimiento es un disparate que debería indignar a cualquier ciudadano.
Primero, hablemos de la premisa básica: Hacienda, la institución encargada de gestionar los impuestos de todos, ha decidido que sus trabajadores merecen un jugoso cheque extra si exprimen más los bolsillos de los contribuyentes. ¿No es esto, en esencia, un incentivo para apretar las tuercas a los ciudadanos? Establecer un sistema donde los funcionarios son premiados directamente por recaudar más impuestos crea un conflicto de intereses grotesco. Su trabajo debería ser garantizar el cumplimiento fiscal de manera justa y eficiente, no actuar como cazadores de recompensas que persiguen cada euro con la promesa de un bonus. Esto convierte a Hacienda en una especie de empresa de cobro de deudas, donde el cliente —el ciudadano— es el que siempre pierde.
El argumento de Hacienda parece ser que es el de que este bonus busca “motivar” a la plantilla para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Pero, seamos serios, ¿es necesario un incentivo económico tan desorbitado para que los trabajadores hagan su trabajo? La Agencia Tributaria ya cuenta con una mastodóntica estructura, tecnología avanzada y miles de empleados bien remunerados. El problema, quizás, es la falta de voluntad política para ir tras los verdaderos defraudadores: grandes fortunas, políticos de uno y otro lado incluidos, y multinacionales que juegan con paraísos fiscales. En lugar de eso, este acuerdo huele a una maniobra para llenar las arcas públicas a costa de los de siempre: la clase media y los autónomos, que son los más fáciles de fiscalizar.
Además, el momento elegido para este pacto no podría ser más sospechoso. Entre corrupción y corrupción, España atraviesa un contexto económico delicado, con una inflación que sigue mordiendo los salarios, una deuda pública descontrolada y una economía tambaleante. Mientras los ciudadanos aprietan el cinturón, Hacienda decide repartir 125 millones entre sus empleados como si el dinero público fuera confeti. ¿De dónde salen esos fondos? Obviamente, de los mismos impuestos que pagamos todos. Es una bofetada en la cara a los contribuyentes, que ven cómo sus esfuerzos fiscales no se destinan a mejorar servicios públicos, sino a engordar los bolsillos de quienes ya tienen un empleo estable y privilegiado.
Otro punto crítico es la falta de transparencia. ¿Qué criterios se usarán para medir esa “mayor recaudación”? ¿Se trata de un objetivo concreto o de una meta arbitraria que permitirá a Hacienda justificar el bonus pase lo que pase? Y mientras tanto, nadie habla de reformar el IRPF o el IVA para hacerlos más justos, ni de aliviar la presión fiscal sobre quienes apenas llegan a fin de mes.
Por último, este pacto envía un mensaje peligroso: el Estado ve a los ciudadanos como una fuente infinita de ingresos, y está dispuesto a premiar a quienes mejor los esquilmen. En lugar de fomentar una cultura de confianza en el sistema fiscal, donde pagar impuestos se perciba como una contribución al bien común, Hacienda opta por un modelo coercitivo que refuerza la idea de que el fisco es un adversario. Si el objetivo es combatir el fraude, que empiecen por las grandes corporaciones y los entramados offshore de expresidentes y exministros, no por exprimir más a los trabajadores y pequeños empresarios que ya cumplen con creces.
Diarios como Financial Times llevan tiempo criticando de forma feroz a la Agencia Tributaria española calificando este tipo de medidas como un «peligroso precedente” que convierte a los funcionarios en cazadores de recompensas, incentivados no por la justicia fiscal, sino por metas recaudatorias. Este conflicto de intereses es grotesco: el trabajo de Hacienda debería ser garantizar el cumplimiento tributario de forma equitativa, no actuar como una máquina de extorsión que celebra cada euro extra arrancado a los contribuyentes.
En definitiva, este bonus de 125 millones no es solo un despilfarro, sino una aberración moral y política. Refleja una Hacienda desconectada de la realidad, más preocupada por sus propios intereses que por el bienestar de los ciudadanos. Es hora de exigir una gestión fiscal transparente, justa y orientada al interés general, no a los titulares ni a los sobresueldos. Porque, al final, los que pagamos la fiesta somos siempre los mismos.
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