En un nuevo capítulo de la investigación que sacude al Ministerio Fiscal, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha confirmado que Google y WhatsApp han logrado recuperar con éxito mensajes borrados por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Estos datos, eliminados de su teléfono móvil y correo electrónico, son considerados clave en la causa por presunta revelación de secretos relacionada con la filtración de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este avance, notificado el 23 de abril de 2025, marca un punto de inflexión en un caso que pone en jaque la credibilidad del máximo responsable del Ministerio Público.
El juez Hurtado, encargado de la instrucción, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizar la información obtenida a través de una comisión rogatoria enviada a Irlanda, donde tienen su sede europea tanto Google como WhatsApp. Según el auto del magistrado, los datos recuperados corresponden al período del 8 al 14 de marzo de 2024, fechas críticas en las que se produjo la filtración de correos electrónicos relacionados con la investigación por fraude fiscal de González Amador. La recuperación de estos mensajes, que García Ortiz había eliminado alegando un protocolo de seguridad interno, podría arrojar luz sobre su implicación en la difusión de información reservada.
El instructor ha dispuesto que la UCO realice un informe pericial detallado, limitando el análisis estrictamente al período mencionado para garantizar la proporcionalidad de la diligencia. Además, ha abierto una pieza separada bajo secreto de sumario por un mes, lo que indica la sensibilidad de la información obtenida y la intención de proteger el proceso de posibles filtraciones.
La investigación tomó un rumbo decisivo cuando la UCO constató que García Ortiz no solo había eliminado los mensajes de su móvil, sino que también cambió de terminal una semana después de que el Supremo abriera la causa penal en su contra, el 16 de octubre de 2024. Según los informes policiales, el fiscal general borró hasta 5.877 mensajes en dos ocasiones ese mismo día y realizó siete copias de seguridad antes del registro de su despacho el 30 de octubre. Este comportamiento, calificado por la UCO como un “borrado intencionado”, contrastó con las explicaciones de la Fiscalía General, que justificó la eliminación como parte de un protocolo de seguridad.
La falta de colaboración de García Ortiz, reprochada en varias resoluciones por el juez Hurtado, llevó al magistrado a solicitar la intervención de Google y WhatsApp. La defensa del fiscal general, representada por la Abogacía del Estado, intentó sin éxito frenar estas diligencias, argumentando que eran “indiscriminadas” y “desproporcionadas”. Sin embargo, el Supremo respaldó al juez, subrayando que estas medidas no habrían sido necesarias si García Ortiz no hubiera hecho desaparecer las pruebas.
La causa se centra en la filtración de un correo electrónico del 2 de febrero de 2024, en el que la defensa de González Amador admitía un fraude tributario y proponía un acuerdo con la Fiscalía. Este documento, que llegó a manos de varios medios de comunicación y al Gobierno, fue difundido tras una nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo, ordenada por García Ortiz. La UCO, tras analizar los mensajes de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, concluyó que el fiscal general tuvo un “papel preeminente” en la divulgación de la información, una acusación que él ha negado rotundamente.
El caso ha adquirido una dimensión política, con críticas desde diversos sectores que acusan a García Ortiz de actuar con motivaciones partidistas. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha sido especialmente contundente, solicitando al juez que los datos se requirieran a las sedes españolas de Google y WhatsApp para evitar la intervención del Gobierno, dado el “interés directo” del Ministerio de Justicia en el asunto.
El juez Hurtado ha citado a los agentes de la UCO el 16 de mayo para revisar el informe sobre el móvil de Pilar Rodríguez, que conservó mensajes relevantes a diferencia de García Ortiz. También está programada la declaración como testigo de Alberto González Amador el 23 de mayo, lo que podría aportar nuevos elementos a la investigación. La documentación enviada desde Irlanda, cuyo contenido exacto aún no se ha revelado, podría estrechar el cerco sobre el fiscal general o incluso derivar en nuevas imputaciones.
Este avance supone un revés significativo para García Ortiz, cuya gestión al frente de la Fiscalía ya estaba bajo escrutinio por otras decisiones controvertidas, como el reciente nombramiento de un fiscal afín en contra del criterio del Consejo Fiscal. La recuperación de los mensajes eliminados no solo pone en riesgo su posición, sino que alimenta el debate sobre la independencia y transparencia del Ministerio Fiscal en un momento de alta polarización política.