La imagen es tan impactante como indignante: Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, yace en una cama de una UCI tras una operación intestinal, conectado a sueros y monitores, mientras una oficial de justicia, enviada por el s¡n¡estro ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, entra para notificarle una acción judicial, eso sí, con el consentimiento y la complicidad de los médicos.
Este episodio surrealista, denunciado por el propio Bolsonaro en un tuit publicado este miércoles, no solo revela una falta de humanidad alarmante, sino que pone en evidencia la deriva autoritaria del actual gobierno de Lula da Silva y su aliado en el STF, Alexandre de Moraes.
El tuit de Bolsonaro, acompañado de un video de 11 minutos, expone cómo, bajo las órdenes de Moraes, una oficial de justicia irrumpió en la UCI donde el ex presidente se encuentra internado, en un estado de salud claramente delicado. La acción, que podría haberse pospuesto hasta que Bolsonaro estuviera en condiciones de recibirla, no solo viola principios básicos de dignidad humana, sino que también contraviene estándares éticos y legales que el propio STF ha respetado en el pasado. ¿Por qué, entonces, se ha actuado de manera tan diferente con Bolsonaro?
La respuesta parece ser clara: persecución política. Desde que Lula asumió la presidencia en 2023, el STF, con Alexandre de Moraes a la cabeza, ha emprendido una cruzada implacable contra Bolsonaro y sus seguidores. Moraes, conocido por su postura agresiva contra lo que considera «amenazas a la democracia», ha sido acusado de censura, abuso de poder y violaciones a los derechos humanos, como lo señaló el congresista estadounidense McCormick en febrero de 2025, quien pidió sanciones contra el juez por «violaciones de derechos humanos y uso del poder judicial para manipular elecciones».
El incidente en la UCI no es un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de maniobras destinadas a neutralizar a Bolsonaro como figura política. En marzo de 2025, el STF decidió por unanimidad llevar a Bolsonaro a juicio por un supuesto intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, un proceso que muchos analistas consideran politizado. Este juicio, que podría resultar en una larga condena de prisión, parece diseñado para eliminar a Bolsonaro de la escena política de cara a las elecciones de 2026, asegurando el camino libre para Lula y su proyecto de poder.
Bajo la gestión de Lula, el STF ha sido convertido en un brazo ejecutor del gobierno, lejos de su rol como garante de la Constitución. Moraes, quien también ha sido criticado por censurar a opositores y restringir plataformas como X y Rumble, parece actuar con total impunidad, respaldado por un Ejecutivo que se beneficia de su accionar. La complicidad entre Lula y Moraes es evidente: mientras el presidente busca consolidar su poder, el ministro utiliza su posición para silenciar a la oposición, incluso si eso significa ignorar principios fundamentales del Estado de Derecho.
El gobierno de Lula se presenta como supuesto defensor de la democracia, pero sus acciones cuentan una historia diferente. ¿Qué democracia puede existir cuando se intimida a un ciudadano en una UCI, en un momento de extrema vulnerabilidad? ¿Qué justicia puede haber cuando los procesos legales se manipulan para eliminar a un rival político? Este tipo de actos «abre un peligroso precedente» en el que los derechos fundamentales se vuelven maleables según el interés político del momento.
Las respuestas al tuit de Bolsonaro reflejan la indignación de muchos brasileños que
califican la orden de Moraes como una muestra de servilismo al Estado y un acto desproporcionado que cruza una línea ética y legal inaceptable.
El caso de Bolsonaro no es solo una batalla personal; es un síntoma de un problema mucho mayor. El gobierno de Lula y las prácticas de Alexandre de Moraes representan una amenaza directa a las libertades individuales y al sistema democrático de Brasil. La persecución judicial, la censura y el abuso de poder no son herramientas de justicia, sino de opresión. Como advirtió el congresista McCormick, si no se toman medidas, «estamos señalando que toleraremos la tiranía judicial que amenaza no solo la democracia de Brasil, sino también nuestros propios intereses nacionales».
Es imperativo que la sociedad brasileña y la comunidad internacional alcen la voz contra estas prácticas. La dignidad humana, el debido proceso legal y la imparcialidad de las instituciones no pueden ser sacrificados en nombre de una supuesta «defensa de la democracia». Brasil merece un sistema judicial que actúe con justicia, no con venganza. Y Jair Bolsonaro, independientemente de las opiniones sobre su figura, merece ser tratado con la misma humanidad que cualquier otro ciudadano.
Mientras Bolsonaro permanece en la UCI, enfrentando no solo su condición médica sino también la maquinaria judicial de un gobierno que busca destruirlo, una cosa queda clara: la lucha por la libertad y la justicia en Brasil está lejos de terminar. Es hora de que los brasileños digan «basta» a este autoritarismo disfrazado de legalidad.