En un mundo donde la libertad y la independencia son valores preciados, resulta alarmante observar cómo instituciones globales y nacionales, como la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial (WEF), la Unión Europea (UE) y el Gobierno de España, están orquestando una narrativa que tacha a los coches privados de algo malo, presentándolos como enemigos del medio ambiente y de la sociedad.
Sin embargo, la realidad es bien distinta: el coche no solo es una herramienta esencial de movilidad, sino también un símbolo de autonomía personal, especialmente en un país como España, donde las distancias, las infraestructuras rurales y las necesidades cotidianas hacen que el vehículo privado sea indispensable para millones de ciudadanos. Lo más indignante es que esta campaña de manipulación parece venir de quienes, paradójicamente, disfrutan de coches oficiales con chófer y aviones privados, mientras predican lo contrario. Y, para colmo, que una agente de la Policía Local de La Coruña se haya convertido en el rostro de esta defensa resulta, cuanto menos, sorprendente y contradictorio.
La Agenda 2030, promovida por las Naciones Unidas, establece objetivos de desarrollo sostenible que priorizan el transporte público y las ciudades sin emisiones, promoviendo un modelo de vida donde los coches particulares serían progresivamente eliminados o restringidos para alcanzar el cero neto de emisiones para 2050. Esta visión, aunque presentada como ecológica, ignora las realidades de muchas regiones españolas donde el transporte público es escaso o inexistente, dejando a las personas sin alternativas prácticas.
El Foro Económico Mundial, con iniciativas como la Coalición para las Transiciones Urbanas, ha ido más allá, predicando modelos de «transporte como servicio» que podrían acabar con la propiedad individual de vehículos, según un informe de 2023 que predice que el 95% de los desplazamientos en EEUU se realizarían mediante proveedores de movilidad compartida para 2030. Estas ideas, lejos de ser neutras, sugieren una agenda que limita la libertad individual bajo la excusa de la sostenibilidad.
En la Unión Europea, las políticas como el Reglamento sobre Vehículos al Final de su Vida Útil y las estrategias de movilidad urbana refuerzan esta narrativa, promoviendo el uso de transporte público, bicicletas y vehículos compartidos, mientras se demonizan los coches privados.
En España, el Gobierno ha implementado medidas como zonas de bajas emisiones en ciudades como Madrid y Barcelona, pintando a los coches como culpables de la contaminación y el cambio climático. Sin embargo, esta retórica choca frontalmente con la realidad de quienes gobiernan: ministros, altos cargos y funcionarios que se desplazan en coches oficiales con chófer, a menudo de alta gama, y asisten a cumbres internacionales en aviones privados. Esta hipocresía es difícil de ignorar: ¿cómo pueden predicar la renuncia al coche privado quienes no solo lo utilizan, sino que lo hacen en condiciones de lujo y privilegio?
En este contexto, el post en X de @no_vacruniado, publicado el 16 de marzo de 2025, con un vídeo de una agente de la Policía Local de La Coruña defendiendo aparentemente el «fin de los coches particulares», resulta especialmente chocante. Una policía local, figura que tradicionalmente debería estar al servicio de la ciudadanía y entender sus necesidades diarias, se convierte en el rostro de una narrativa que muchos perciben como elitista y desconectada.
La policia Loca de A Coruña 😂 pic.twitter.com/EMK2OSjNyw
— No Vacruniado (@no_vacruniado) March 16, 2025
Para los habitantes de A Coruña y otras zonas de España, donde el coche es una herramienta vital para trabajar, visitar familiares o simplemente moverse en áreas con transporte público insuficiente, esta postura parece no solo absurda, sino profundamente injusta. ¿Cómo puede alguien que patrulla las calles, viendo de primera mano las realidades de la gente, defender una idea que podría privarles de su libertad más básica?
La ironía es aún mayor cuando se considera que esta agente, al igual que otros funcionarios públicos, probablemente depende de vehículos oficiales para realizar su trabajo, mientras se le pide a la población común que renuncie a su coche. Esta contradicción no pasa desapercibida en las respuestas al post, donde usuarios como @Karraska_ y @arrpak ironizan con que ella misma debería usar bicicleta o caballo, o directamente señalan la agenda 2030 y la supuesta imposición de «pobreza y control» que subyace en estas políticas.
La verdad es que los coches no son inherentemente malos. Ofrecen libertad, independencia y acceso a oportunidades que el transporte público no siempre puede garantizar, especialmente en un país con una geografía tan diversa como España. La narrativa que los demoniza, promovida desde foros globales y gobiernos que viven en una burbuja de privilegio, ignora estas realidades y prioriza una visión homogénea que no respeta las necesidades individuales.
Mientras la Agenda 2030, el WEF, la UE y el Gobierno de España continúan empujando esta agenda, la ciudadanía debe cuestionarse: ¿quiénes son realmente los beneficiarios de estas políticas? Porque, ciertamente, no parecen ser los millones de españoles que dependen de su coche para vivir con dignidad. Y que una agente de la Policía Local de La Coruña, de todos, se sume a esta narrativa, solo añade una capa más de incredulidad a un debate ya de por sí polarizado.