En las últimas semanas, España ha sido testigo de una ola de protestas protagonizada por veterinarios, dueños de mascotas y asociaciones animalistas. El motivo: la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, aprobado el 18 de julio de 2023 y efectivo desde el 2 de enero de 2025, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Esta normativa, teóricamente diseñada para combatir la resistencia a los antibióticos y alinearse con directivas europeas, ha desatado una tormenta de críticas al considerarse una amenaza para la salud de las mascotas y una restricción injustificada a la labor profesional de los veterinarios.
El decreto introduce medidas estrictas para controlar el uso de antibióticos en animales, incluyendo a las mascotas. Entre sus puntos más controvertidos está la obligación de registrar cada prescripción de antibióticos en la plataforma Presvet, un sistema informático del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este requisito, que ya se aplica a animales de granja desde 2019, ahora se extiende a perros, gatos y otras mascotas, exigiendo datos detallados como el microchip del animal y el tipo de medicamento recetado, con plazos estrictos para su notificación (cada 15 días como máximo).
Además, la norma prohíbe a los veterinarios dispensar directamente antibióticos, obligando a los dueños a adquirirlos en farmacias tras presentar una receta. También restringe la prescripción de ciertos antibióticos a casos que cuenten con pruebas diagnósticas previas, como cultivos o antibiogramas, que pueden tardar días en arrojar resultados. Por último, se prohíbe tratar con antibióticos a animales sin microchip, dejando desatendidos a gatos callejeros, perros abandonados o mascotas cuyos dueños no han cumplido con la identificación obligatoria.
El sector veterinario ha reaccionado con indignación. El 11 de febrero de 2025, miles de clínicas en todo el país realizaron un cierre simbólico, convocado por plataformas como VetsUnidos, para visibilizar su malestar. Profesionales como Manuel Lázaro, vocal del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, han denunciado que la normativa «limita el criterio clínico» y añade una «carga burocrática insostenible». Según ellos, el sistema Presvet, aunque funcional para ganadería, no se adapta a la realidad de las clínicas de pequeños animales, donde las urgencias requieren respuestas inmediatas.
Uno de los mayores temores es el impacto en la salud animal. «En una infección grave, esperar una semana por un cultivo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una mascota», advierten desde Veterinarios Unidos. Además, las farmacias no siempre disponen de los medicamentos específicos recetados, lo que obliga a retrasos o sustituciones sin supervisión veterinaria. Las sanciones por incumplimiento, que pueden alcanzar los 1,2 millones de euros, agravan la situación, generando miedo entre los profesionales a cometer errores administrativos.
Los propietarios de mascotas también han salido a las calles, sumándose a manifestaciones como la del 2 de febrero en Barcelona, donde más de 2.000 personas marcharon desde Plaza Cataluña hasta el Parque de la Ciutadella, o la del 23 de febrero en La Coruña. Su preocupación es doble: por un lado, temen que sus animales no reciban tratamientos a tiempo; por otro, enfrentan un incremento en los costes. Comprar envases completos en farmacias, en lugar de las dosis exactas que antes dispensaban las clínicas, encarece los tratamientos, sumándose al IVA del 21% que grava los servicios veterinarios, una tasa que el sector lleva años pidiéndole al gobierno que reduzca.
Organizaciones como el Partido Animalista (PACMA) han apoyado las protestas, argumentando que la normativa «desacredita la profesión veterinaria y dificulta el acceso a tratamientos adecuados». Para muchos dueños, la imposibilidad de tratar a animales sin chip —como gatos de colonias felinas— es un golpe directo al bienestar animal, contradiciendo el espíritu de la Ley de Bienestar Animal aprobada en 2023.
El Ministerio de Agricultura ha defendido la normativa, asegurando que su objetivo es proteger la salud pública y animal frente a la creciente resistencia a los antibióticos. En un comunicado, destacó que los veterinarios tuvieron año y medio para adaptarse desde la publicación del decreto en 2023 y que Presvet «no limita las prescripciones, sino que las monitoriza». Sobre las sanciones, el ministerio ha señalado que se está tramitando una modificación para graduarlas según la gravedad y reiteración de las faltas, aunque esto no ha calmado las críticas.
Las movilizaciones no cesan. El 21 de febrero, Valencia acogió otra protesta convocada por la Asociación Empresarial Veterinaria de Valencia (Aevetval), con apoyo de colegios profesionales. Los veterinarios exigen una moratoria para adaptar Presvet, la derogación del régimen sancionador actual y una reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos para permitirles dispensar tratamientos directamente, como ocurre en países como Francia o Alemania. También reiteran su demanda histórica de equiparar el IVA veterinario al de otros servicios sanitarios.
La tensión entre el gobierno y el sector veterinario está lejos de resolverse. Mientras las autoridades insisten en la necesidad de un control riguroso, veterinarios y dueños advierten que las consecuencias ya se sienten: animales sin tratar, tratamientos retrasados y un sistema que, en su afán de regular, podría estar poniendo en riesgo a quienes pretende proteger. En un país donde las mascotas son parte de millones de hogares, el debate trasciende lo técnico y toca fibras emocionales profundas. La pregunta que queda en el aire es si el gobierno escuchará estas voces o si las protestas deberán escalar para lograr un cambio.
La cuestión, señores, no es otra que mantenernos preocupados y hacernos daño por tierra, mar y aire. Olvídense de otros motivos.
No van a por perros y gatos lo que quieren es convertirnos a nosotros en mascotas.