Por Alfonso de la Vega
Una de las cosas que más llaman la atención en la actual imparable decadencia española es que muchas batallas político sociales se intentan dirimir en los tribunales en vez de en sus específicos teatros de operaciones. Es un corolario del fracaso institucional multiorgánico que disfrutamos. El Rey no reina ni la Corona arbitra ni menos hace cumplir la Constitución. El Parlamento es un lugar repleto de buscavidas y lumpen desocupado en el que, como decía el capitán Renault de Casablanca, se ha convertido en un garito en el que aquí se juega apostando a lo que dice el tramposo croupier de la Moncloa. El Ejército ya está en parte desactivado por el enemigo exterior o en manos de pancistas, complacientes o colaboracionistas que hacen almoneda del honor e incluso del cumplimiento de la ley por ascensos y prebendas como acabamos de comprobar con la catástrofe de Valencia.
De modo que parte de las batallas se libran ahora en la Judicatura. Aunque no se ha podido cumplir el sueño húmedo del rojerío social comunista de que obedezcan totalmente sus consignas el caso es que el felón gobierno de Su Majestad no solo mantiene sino que aumenta su control de la Judicatura, sobre la que ahora recae la gravísima responsabilidad histórica de salvar a la nación de la tiranía roja. Es comprensible desde luego que los tempos judiciales no son los del “aquí te cojo, aquí te mato”, pero seria muy conveniente que los procesos no se dilatasen en el tiempo, incluso a las calendas grecas, a la espera del oportuno error en el procedimiento judicial que deje los delitos impunes.
Si en verdad hubiere motivo para procesar y condenar al presidente del gobierno de Su Majestad y señora, a su emprendedor hermano y demás familia, o al fiscal general del Estado o al complaciente general jefe de la guardia de Corps socialista o a la onerosa banda comisionista mafiosa que soporta tanta delincuencia institucional sería fundamental hacerlo cuanto antes. Aunque sólo fuese por alguno de los delitos menores como Al Capone. Ya que cada instante que pasa se agrava nuestra ruina de todas clases. Y llegará un momento que la dictadura socialista habrá acabado con todo atisbo de legalidad y será imposible. O si no, pues mejor dejarlo y no seguir engañando a la gente, y resignarse a perseguir a los roba gallinas siempre que sean autóctonos que a la esforzada morisma tampoco se la toca. Pero no deja de ser curioso e innovador en el mundo de la delincuencia que algunos presuntos se vean en la necesidad de hacer constancia o guardar pruebas de los delitos ante notario para protegerse de la propia banda. Si no se puede conservar el cargo al menos la vida.
Ahora bien, mal asunto, muestra inequívoca de descomposición, es cuando el aparato del Estado se pone al servicio no de la Nación o de la sociedad civil española sino de bandas bien organizadas con intereses delictivos o políticos inconfesables. Entonces esas fracciones del aparato del Estado se disputan el poder con las que pese a todo intentan mantener su obligación de neutralidad institucional al servicio de la sociedad y de la Ley. Existe el claro precedente histórico del secuestro de la Segunda Republica por las izquierdas marxistas.
En este toma y daca, un grupo de significados rojos históricos justicieros muy escandalizados por lo que acontece ahora en el reino no se ha querellado contra las terroríficas mañas mafiosas de la banda en el poder sino que se ha dignado denunciar al anterior Jefe del Estado. En realidad, quizás motivos nunca faltarían pero la acusación es por supuesto fraude a un “Hacienda son ellos”. No deja de ser una muestra de cinismo cuando las sospechas sino indicios creíbles de corrupción generalizada y de cuentas en paraísos fiscales rodean a la voraz banda gobernante. Y eso ahora, no en el pasado, que agua pasada no mueve molino.
Pero esta batalla forma parte de la guerra. Claro que se manifiestan curiosas paradojas.
Así la de los fiscales atrapados en la trampa de que para hacer cumplir la ley debieran acusar y pedir la condena de su propio jefe al que sin embargo le deben obediencia.
Otro sí digo. La Justicia se administra en nombre del rey, es decir en este caso en nombre del propio hijo del justiciable querellado. ¿Todo queda en casa?
Tranquilos, no va a pasar nada.