Desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, su gobierno ha implementado o aumentado impuestos en un total de 69 ocasiones. Entre las medidas más destacadas, se han registrado ocho incrementos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuatro en el Impuesto de Sociedades, uno en el Impuesto sobre el Patrimonio y otro en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). También se han creado nuevos impuestos como la tasa Google, la tasa Tobin y otros gravámenes relacionados con la banca, sucesiones y donaciones.
Estas iniciativas han generado un incremento notable de la presión fiscal sobre familias y empresas en España. Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, ha señalado que, en promedio, el gobierno ha introducido o incrementado un impuesto al mes desde la llegada de Sánchez al poder. Además, entre 2018 y 2022 se adoptaron 42 medidas fiscales destinadas a aumentar la recaudación, y en 2023 y principios de 2024 se introdujeron otras 17, con más previstas según las últimas declaraciones del propio Sánchez.
La consecuencia de estas políticas es que el esfuerzo fiscal en España ha superado en un 17,8 % la media de la Unión Europea (UE), una cifra ya de por sí elevada en comparación con otros países. En 2023, la recaudación fiscal en España alcanzó un récord histórico, a pesar de que, según la organización Tax Foundation, el país se encuentra entre los menos competitivos en materia fiscal dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En particular, dos áreas de la tributación destacan por su alta carga fiscal. La primera es la imposición sobre las empresas, donde el impuesto sobre sociedades en España es uno de los seis más gravosos de la OCDE. En términos comparativos, la presión fiscal normativa en este ámbito es un 28,9 % mayor que la media de la UE y un 20,9 % más alta que la media de la OCDE. España ha visto cómo su competitividad en este impuesto ha disminuido considerablemente: mientras que en 2020 ocupaba la posición 28 de 36 países analizados, en 2022 descendió al puesto 34 de 38.
La segunda área con una alta presión fiscal es la imposición patrimonial, donde España ocupa el segundo peor puesto de toda la OCDE, solo superada por Italia. En este caso, la carga tributaria española es un 39,6 % más alta que la media de la UE y un 37,3 % más elevada que el promedio de la OCDE.
En cuanto al IRPF, la presión fiscal en España es un 6,1 % superior a la media de la UE y un 2,2 % mayor que la media de la OCDE. El sistema fiscal español se caracteriza por tener un IRPF especialmente progresivo, ubicándose en el décimo puesto de entre los 28 países analizados en términos de progresividad. Además, el alto nivel de las cotizaciones a la Seguridad Social en España eleva la cuña fiscal (la suma de las cotizaciones sociales e IRPF) hasta el 59,5 % para los trabajadores sujetos al tipo máximo de IRPF. Esto significa que el salario neto que recibe un empleado representa solo el 60 % del coste laboral total.
Este elevado nivel de cuña fiscal coloca a España muy por encima de la media de la OCDE, que se sitúa en el 47 % en casos similares. En resumen, la política fiscal del gobierno de Sánchez ha incrementado significativamente la presión sobre los contribuyentes, tanto en el ámbito empresarial como en el personal, y ha colocado a España entre los países con mayor esfuerzo fiscal dentro de la UE y la OCDE.