miércoles, junio 19, 2024
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Sindicatos policiales denuncian lo sucedido ayer en Madrid y piden explicaciones y dimisiones de los responsables políticos

Tenemos una casta de políticos a los que les gusta recurrir a lo que diga la ONU, pero solo cuando les interesa. Cuando no les interesa, se pasan por el forro lo que diga la ONU e incluso lo que dijera el Foro Económico Mundial, al que sirven, si la cosa no les cuadrara para sus intereses personales.

Y esto debe ser porque los políticos agendistas, los de la Agenda 2030 ideada por la propia ONU, les pagan muy bien, o les viene muy bien defender esto, cuando, por el contrario, hay otros asuntos de los que prefieren que ni siquiera se hable.

Por ejemplo, el 17 de diciembre de 1979 la ONU aprobaba y publicaba un «Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley«. Ese código, que consta de 8 artículos, se lo saltaron a la torera los mismos que nos quieren implantar la Agenda 2030, también porque lo dice la ONU. Los 8 artículos son los siguientes:

  1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.
  2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.
  3. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.
  4. Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.
  5. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
  6. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.
  7. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán.
  8. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.

Evidentemente, también esto forma parte de la hipocresía política. Y ante todo lo sucedido, los dos sindicatos policiales más importantes han reaccionado con sendos comunicados en los que piden responsabilidades al ministro Marlaska y la dimisión del Delegado del Gobierno en Madrid.

Hemos de decir que, a pesar del comunicado, el tuit escrito por JUPOL ha sido tremendamente desafortunado, ya que no pueden aprovechar lo sucedido para, en el mismo saco, incluir sus históricas demandas de subida salarial.

Por otro lado, ni un solo comentario sobre los agentes porque, si un político les da una orden ilegal lo que no deberían hacer ellos es cumplirla, ya que son ellos mismos, en primera persona, los que están cayendo en esa ilegalidad.

Efectivamente, aquí hay unas claras responsabilidades políticas, pero también los agentes tienen una grave responsabilidad personal. Excusarse en el habitual «cumplimos órdenes», ya está llegando a un punto que, además de infantil, resulta indignante.

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