El juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, decidió este lunes archivar la causa de Tsunami Democràtic, en la que se investigaba a diez personas, incluida Marta Rovira, secretaria general de ERC y actualmente prófuga. Esta decisión sigue la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que admitió un recurso de una investigada y determinó que la instrucción judicial debía quedar sin efecto debido a una prórroga mal ejecutada en julio de 2021, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva.
Esta investigación había llevado a García-Castellón a proponer al Tribunal Supremo (TS) que investigara al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo, delito no contemplado en la ley de Amnistía. Ahora, la decisión ha sido comunicada al TS para que determine si debe desimputar al líder de Junts.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional invalidó las diligencias posteriores al 29 de julio de 2021, considerando que la prórroga de la investigación, extendida el 30 de julio de ese año, había violado los derechos legales. Los magistrados Alfonso Guevara, Carlos Fraile y Ana María Rubio admitieron el recurso de Marta Molina Álvarez, secretaria de Movimientos Sociales de ERC, invalidando todas las diligencias de instrucción del Juzgado Central de Instrucción 6 posteriores a dicha fecha.
La defensa de Molina argumentó que la prórroga de la investigación, extendida fuera del plazo permitido, vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con garantías. Los magistrados, en un auto emitido el mismo lunes, invalidaron las diligencias posteriores a esa fecha, requiriendo a García-Castellón dictar un auto de sobreseimiento o proceder con la causa si existían indicios suficientes recabados antes de la prórroga.
García-Castellón, a pesar de encontrar indicios de terrorismo, reconoció que no podía continuar la investigación debido a la falta de declaración de los investigados dentro del plazo legal. Esta situación lo llevó a interrumpir sus vacaciones para dictar el auto de archivo.
La mayoría de las diligencias de la investigación, que comenzó hace cuatro años, se realizaron en los tres últimos años, fuera del período legal. El informe de la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3) de la Guardia Civil, clave para imputar a Marta Rovira y otras nueve personas por terrorismo, se entregó en noviembre del año pasado. Dicho informe también fue fundamental para elevar una exposición razonada al Supremo contra Puigdemont y Rubén Wagensberg por el mismo delito.
En noviembre, García-Castellón indicó que las diligencias recientes corroboraban provisionalmente algunos de los indicios de la investigación. Además, en el mismo mes, se recibió un informe de los Mossos d’Esquadra sobre los disturbios en el aeropuerto de El Prat en octubre de 2019, que revelaba el uso de artefactos y armas por parte de los manifestantes.
Estos informes fueron esenciales para considerar los actos como terrorismo, ya que perturbaban el servicio de aviación civil y ponían en peligro la seguridad del aeropuerto y del tráfico aéreo. También se atribuía a Tsunami la muerte de un ciudadano francés durante estos disturbios.
Con la decisión del Supremo de asumir la investigación de Tsunami en lo que afecta a Puigdemont y Wagensberg, las resoluciones de la Audiencia Nacional y del juez instructor dejan la decisión final sobre la imputación del expresidente catalán en manos del TS, aunque es probable que no se mantenga la causa.
La magistrada Susana Polo, encargada de la causa en el Supremo, preguntó a las partes sobre la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la entrada en vigor de la ley de Amnistía, a petición de las acusaciones populares y ante las dudas sobre la compatibilidad de la norma con el derecho comunitario en casos de terrorismo.
Puigdemont, aún prófugo, no ha declarado por estos hechos, al igual que otros imputados en la Audiencia Nacional. Fuentes de la investigación señalan que existe jurisprudencia del Supremo tanto a favor como en contra de tomar declaraciones en este punto si García-Castellón hubiera continuado con los indicios previos a 2021.
La defensa de los imputados, antes de conocer la decisión del juez, sostenía que «no hay base para mantener la causa contra Puigdemont con lo instruido hasta 2021 ni contra los investigados a los que el juez aún no ha citado a declarar».
Señores del Gobierno, no es necesario que aprueben leyes de amnistía, basta a los abogados detectar y exponer los vergonzosos y abundantes errores judiciales, para que a los acusados de cualquier índole (que a ustedes les interese, por supuesto) no se les lleve al banquillo.
Siento asco por algunas las instituciones de mi país, especialmente por aquellas donde sus funcionarios no hacen bien su trabajo.
Desde el 2017 esta este cachondeo y la AN no ha tenido tiempo de investogar nada.
Y a esta basura la llaman Justicia y luego dicen que se les calumnia y tienen derecho al honor.
Va a llegar un momento que los de la toga van a tener que salir corriendo y no estamos muy lejos de tal desenlace, el cumulo de despropositos, mala fe, desidia es ya inaudito el problema es que causan victimas y esas victimas les van a pedir daños y perjuicios. Todo esto va a ser a nivel mundial empezando por EEUU, Rusia, China y arrasando como un tsunami el mundo. Van a pagar un alto precio todos los togados principalmente jueces y fiscales así como abogados traidores, el tiempo se les acaba y pobre de aquel que no redima y siga las ordenes de la elite.