En un movimiento que podría redefinir las relaciones transatlánticas en materia de libertad de expresión, el Departamento de Estado de Estados Unidos está desarrollando un portal en línea denominado «freedom.gov«. Este sitio web permitirá a usuarios en Europa y otras regiones acceder a contenidos prohibidos por sus gobiernos locales, incluyendo material clasificado como discurso de odio o propaganda terrorista. La iniciativa, revelada en un informe exclusivo de Reuters este 18 de febrero, se presenta como una herramienta para contrarrestar lo que Washington percibe como censura excesiva, particularmente bajo regulaciones como el Acta de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.
Antecedentes y Detalles del Proyecto
El portal «freedom.gov» fue registrado el 12 de enero de 2026 y actualmente muestra un mensaje de desarrollo: un encabezado que dice «Freedom Is Coming» (La libertad está llegando), seguido de la frase «Information is power. Reclaim your human right to free expression. Get ready» (La información es poder. Reclama tu derecho a la libre expresión. Prepárate). Fuentes familiarizadas con el plan indican que el sitio podría incorporar una función de red privada virtual (VPN) integrada, haciendo que el tráfico de los usuarios parezca originarse en Estados Unidos, lo que dificultaría el rastreo por parte de autoridades locales. Además, se asegura que la actividad de los usuarios no será monitoreada.
El lanzamiento, originalmente planeado para la semana pasada, se retrasó, pero el proyecto forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para promover la libertad digital en aliados occidentales. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que la «libertad digital es una prioridad», aunque negó detalles específicos sobre un programa de imposición de censura enfocado en Europa. El equipo detrás del portal incluye a exmiembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), destacando el enfoque en eficiencia y anti-censura.
Esta iniciativa surge en medio de tensiones crecientes. Estados Unidos ha criticado repetidamente las leyes europeas como el DSA y el Acta de Seguridad en Línea del Reino Unido, argumentando que sofocan la libertad de expresión e imponen cargas a empresas tecnológicas estadounidenses. Un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU., publicado el 3 de febrero de 2026, expuso una campaña de una década por parte de la Comisión Europea para presionar a plataformas como Google, Meta y X a censurar contenidos, incluyendo información veraz sobre temas como la pandemia de COVID-19, inmigración y cuestiones transgénero.
La Unión Europea aún no ha emitido una respuesta oficial directa al portal, pero expertos anticipan tensiones. Kenneth Propp, exfuncionario del Departamento de Estado y ahora en el Atlantic Council, lo calificó como «un tiro directo» a las reglas europeas, percibiéndolo como un esfuerzo de EE.UU. para frustrar provisiones legales nacionales. La delegación de la UE en Washington no respondió inmediatamente a solicitudes de comentarios.
Críticos argumentan que el portal podría posicionar a Washington en el rol inusual de alentar a ciudadanos a violar leyes locales, potencialmente exacerbando divisiones transatlánticas. En el contexto más amplio, la administración Trump ha prometido financiar iniciativas de libertad de expresión en Europa, con funcionarios visitando el continente para presionar contra regulaciones vistas como «censura». Por su parte, líderes europeos como Antonio Costa han defendido sus políticas, afirmando que «no habrá libertad de expresión si se sacrifica la libertad de información de los ciudadanos por los objetivos de los oligarcas tecnológicos en Estados Unidos».
Contexto Regulatorio en Europa
El DSA, implementado hace dos años, ha permitido revertir 50 millones de decisiones de moderación de contenidos por plataformas, y recientemente ha llevado a investigaciones contra empresas como Shein y TikTok por incumplimientos relacionados con diseño adictivo y protección de usuarios. Sin embargo, EE.UU. ve estas medidas como un intento de control editorial global, afectando incluso el discurso en territorio estadounidense. Organizaciones como EDRi han instado a la UE a resistir presiones estadounidenses, enfatizando la necesidad de soberanía digital y software de código abierto.