Como españoles y católicos asumimos tanto el derecho como la obligación moral de proteger y defender los derechos humanos fundamentales de todas las mujeres y niñas que viven en nuestro país. Esto incluye, de manera muy especial, a aquellas que se encuentran sometidas a presiones culturales, familiares o religiosas que limitan gravemente su autonomía, su libertad personal y su igualdad plena. No podemos permanecer en silencio ni aceptar pasivamente que, invocando el respeto a la diversidad cultural o religiosa, se tolere en territorio español cualquier forma de discriminación sistemática contra las mujeres.
Permitir excepciones que vulneren la dignidad femenina bajo el argumento de la multiculturalidad equivaldría a traicionar los valores constitucionales y democráticos que han costado décadas de lucha conquistar.
El uso del hiyab (velo que cubre cabeza y cuello) en los centros educativos y del burka (o niqab en sus variantes que cubren el rostro) en espacios públicos no puede considerarse, en muchísimos casos, una decisión plenamente libre y autónoma de las mujeres o niñas que lo portan.
Con demasiada frecuencia responde a imposiciones procedentes de entornos familiares, comunitarios o ideológicos que reproducen patrones patriarcales profundamente desiguales. Estas prendas, cuando son obligatorias o fuertemente presionadas, funcionan como marcadores visibles de sumisión de género: exigen a las mujeres y niñas cubrirse para no “provocar” o “incitar” a los hombres, un mandato que jamás se aplica al sexo masculino.
Esa asimetría no es un detalle cultural neutro; es una estructura de desigualdad estructural. España es un Estado social y democrático de Derecho que proclama en su Constitución varios principios irrenunciables:
- El artículo 14 consagra la igualdad ante la ley y prohíbe expresamente la discriminación por razón de sexo.
- El artículo 10 sitúa la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social.
- El artículo 16 reconoce la libertad ideológica, religiosa y de culto, pero —como ocurre con todos los derechos fundamentales— establece que puede ser limitada por ley cuando sea necesario para proteger otros derechos de igual o superior rango, el orden público, la salud o la moral.
La libertad religiosa no es un derecho absoluto.
Cuando su ejercicio concreto entra en colisión directa con la igualdad real entre mujeres y hombres, con la dignidad de las menores o con la neutralidad del espacio público y educativo, el Estado tiene el deber de intervenir para dar prevalencia a los derechos más vulnerados.
En el caso de las menores de edad, la cuestión adquiere aún mayor gravedad. Las niñas y adolescentes menores de 16 años carecen, según nuestro ordenamiento jurídico, de plena capacidad de consentimiento en asuntos de tanta trascendencia.
No puede presumirse que las niñas de familias musulmanas lleven el hiyab por una elección libre y madura cuando están sujetas a la autoridad parental, a la presión comunitaria o incluso a amenazas de rechazo familiar, sobre todo cuando realizan la apostasía del Islam pueden ser condenadas a muerte.
En estos casos, delegar la decisión exclusivamente en los centros educativos supone una grave abdicación de responsabilidad por parte de las administraciones públicas.
La protección de las menores frente a cualquier forma de coacción debe ser una política de Estado, no una cuestión que se resuelva caso por caso en cada instituto.
España no estaría inventando nada nuevo ni actuando de forma aislada. Países europeos como Francia llevan años aplicando normativas que prohíben el hiyab en las escuelas públicas (desde 2004) y restringen severamente el burka/niqab en espacios públicos (2010), precisamente por las mismas razones: preservar la laicidad del Estado, garantizar la igualdad de sexos y proteger a las menores de imposiciones. Bélgica, Países Bajos (en algunos ámbitos), Dinamarca, Austria y otros han adoptado medidas similares con amplio respaldo jurídico.
Resulta especialmente doloroso y contradictorio escuchar en España manifestaciones de estudiantes — impulsadas por organizaciones comunistas— que defienden el “derecho” a llevar hiyab en las aulas presentándolo como una conquista de libertad femenina.
Esa narrativa choca frontalmente con la realidad que viven millones de mujeres en países como Irán, Afganistán, ciertas zonas de Pakistán o Arabia Saudí (antes de ciertas reformas), donde quitarse el velo ha sido —y en muchos lugares sigue siendo— motivo de persecución, cárcel, tortura, violación o incluso asesinato.
Las mujeres iraníes que se juegan la vida por mostrar su cabello o las afganas que resisten al Talibán no luchan por “imponer” el velo, sino por quitárselo. Ignorar ese contexto global y equiparar ambas situaciones supone una grave falta de empatía y coherencia feminista. El velo es una cárcel de tela.
En España tenemos que prohibir por Ley, el uso del hiyab y cualquier prenda que cubra total o parcialmente la cabeza en todos los centros educativos (públicos y privados concertados), en todas las etapas formativas.
También tenemos que prohibir el uso en espacios públicos de prendas que cubran íntegramente el rostro (burka, niqab y equivalentes), manteniendo las excepciones razonables ya previstas por seguridad o identificación.
Estas medidas no persiguen atacar a ninguna religión ni a ninguna persona por su fe. No son un acto de islamofobia, sino una defensa activa de la igualdad sustantiva, de la dignidad inherente de cada mujer y niña, y de un espacio público y educativo libre de símbolos que, en la práctica, marcan y perpetúan la inferioridad femenina.
Los españoles tenemos la responsabilidad histórica de no permitir que se normalice en nuestro país ninguna forma de opresión disfrazada de tradición o diversidad.
España debe seguir siendo un territorio de libertad real, igualdad efectiva y dignidad innegociable para todas sus ciudadanas, sin excepciones ni retrocesos.
La libertad religiosa termina donde comienza la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres. Regular el hiyab en las aulas y prohibir el burka en la calle no es retroceder en derechos; es avanzar en la protección efectiva de quienes más lo necesitan. El futuro de nuestras mujeres esta en juego ante el avance del Islam.