Imagina esto: sales de casa con la ilusión de un fin de semana en la playa, en la sierra o visitando a la familia en otra provincia. Pero no. El tren se retrasa tres horas, o directamente se cancela. La autovía tiene un socavón que parece cráter lunar y el atasco es interminable. ¿Mala suerte? ¿Falta de inversión crónica? O, ¿y si todo esto es parte de un plan mucho más siniestro y calculado?
En España, en febrero de 2026, el sistema de transportes está en plena ebullición. Dos accidentes ferroviarios mortales en menos de una semana (Adamuz con 45 muertos y Gelida), huelgas salvajes de maquinistas, recortes masivos de servicios en el AVE Madrid-Barcelona, limitaciones de velocidad que convierten un viaje de dos horas y media en mucho más largo, y carreteras que parecen campos de minas con 34.000 kilómetros en estado «muy grave» según la Asociación Española de la Carretera. El déficit de mantenimiento supera los 13.400 millones de euros y el 52% de la red viaria está en ruinas. ¿Coincidencia? Cada vez más voces se atreven a plantear una hipótesis incómoda: el Gobierno está dejando que (o directamente provocando) este caos para que la gente tenga miedo a moverse y acabe aceptando, resignada, el modelo de «ciudades de 15 minutos».
El colapso ferroviario: ¿negligencia o sabotaje estratégico?
Miremos los hechos con los ojos bien abiertos. En enero de 2026, España vivió su peor tragedia ferroviaria en años: el choque en Adamuz entre un Iryo y un Alvia dejó decenas de muertos y heridos. Días después, en Gelida, un muro se derrumbó sobre un convoy de Rodalies. Desde entonces, Adif y Renfe han cancelado cientos de trenes, impuesto revisiones masivas y alargado los tiempos de viaje en 25 minutos «por seguridad». Los maquinistas del sindicato Semaf llevan meses denunciando fallos en las vías, catenarias defectuosas y falta de mantenimiento. Hubo huelga del 9 al 11 de febrero (aunque desconvocada in extremis con promesas de más contrataciones).
¿Y quién es el ministro responsable? Óscar Puente, el mismo que culpa al PP de un «gap inversor de 30.000 millones» mientras el sistema se desmorona bajo su mandato. Curioso, ¿no? Mientras tanto, el Gobierno sigue invirtiendo miles de millones en el «tren del futuro» y en líneas de alta velocidad que parecen más un escaparate propagandístico que una red fiable.
El mensaje subliminal es claro: viajar es peligroso. El tren, antes símbolo de modernidad española, se ha convertido en una ruleta rusa. ¿Quién quiere arriesgarse a un descarrilamiento cuando puede «quedarse en casa»?
Las carreteras: el otro frente del asedio a la movilidad
Si el ferrocarril está en crisis, las carreteras no se quedan atrás. El informe de la AEC de 2025 es demoledor: más de la mitad de las vías españolas necesitan intervención urgente. Baches, piel de cocodrilo, grietas, socavones que aparecen tras cada lluvia. El carril derecho de la AP-7 es un desastre. Los transportistas gritan que el mantenimiento es «similar al de la red ferroviaria»: catastrófico. Inversión anual real: 800 millones. Necesaria: más del doble.
¿Resultado? Atascos eternos, accidentes por estado de la vía, y un aumento exponencial del estrés y el miedo al volante. ¿Casualidad que coincida con la expansión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes? ¿Que mientras las carreteras se pudren, se multiplique la propaganda sobre «movilidad sostenible» y «proximidad»?
El objetivo final: las ciudades de 15 minutos, la jaula dorada
Aquí es donde encaja todo. El concepto de «ciudad de los 15 minutos» —impulsado por el urbanista Carlos Moreno y adoptado por Barcelona (con sus supermanzanas), Valencia, y cada vez más ayuntamientos progresistas— suena bonito: todo lo que necesitas (trabajo, compras, médico, ocio) a menos de un cuarto de hora andando o en bici. Adiós al coche. Adiós a la libertad de movimiento.
Pero en la práctica, y según las teorías que cada vez suenan menos conspiranoicas, se trata de confinamiento suave. Zonas de bajas emisiones que multan al que se atreve a entrar con diésel. Peatonalizaciones que colapsan el tráfico. Impuestos al coche. Y ahora, con trenes y carreteras hechos trizas, el argumento perfecto: «¿Para qué ir a 300 km cuando puedes tenerlo todo aquí?».
El Gobierno de Sánchez, alineado con la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y el C40 Cities (ese club de alcaldes «progres» que incluye a Barcelona), lleva años preparando el terreno. Ley de Cambio Climático, planes de movilidad urbana, subvenciones a bicis y patinetes… Todo mientras se desmantela la infraestructura que permite al español medio ser libre: viajar, cambiar de aires, escapar de su barrio.
¿Es descabellado pensar que el caos actual es intencionado? No. Es la forma más eficaz de ingeniería social: no prohíbas, haz que la alternativa sea un infierno. Crea miedo, dependencia y resignación. La gente, harta de retrasos y riesgos, acabará pidiendo (o aceptando) quedarse en su «burbuja de 15 minutos». Controlada, monitorizada y «feliz» en su jaula ecológica.
España no se está cayendo a pedazos por accidente. Se está rediseñando a propósito. Y el precio lo pagamos los que solo queremos vivir sin que nos digan dónde podemos ir.
¿Hasta cuándo vamos a mirar hacia otro lado?