En un país en el que la justicia debería ser el pilar de la sociedad, el caso de la muerte de Sergio Delgado representa un escándalo que pone en evidencia las grietas del sistema judicial español. Sergio, un joven vallisoletano de 32 años, perdió la vida en febrero de 2024 tras recibir un puñetazo brutal en Burgos, motivado aparentemente por er de Valladolid. Dos años después, en febrero de 2026, un jurado popular y un juez han decidido que el responsable, José Luis Novoa Ibáñez, quede en libertad tras cumplir solo dos años en prisión provisional. Esta decisión no solo minimiza la gravedad de un homicidio, sino que envía un mensaje peligroso: matar por imprudencia puede costar menos que un delito menor.
Todo comenzó en la madrugada del 24 de febrero de 2024 en Burgos. Sergio Delgado, un diseñador gráfico de Valladolid, se encontraba celebrando una despedida de soltero junto a cuatro amigos. Habían consumido bebidas alcohólicas durante la noche, como es común en este tipo de eventos. Según los testimonios y las investigaciones policiales, Sergio fue abordado por José Luis Novoa Ibáñez, entonces de 23 años, quien le preguntó si era «de Pucela» (un apodo coloquial para Valladolid). Al confirmar Sergio su origen, Novoa le propinó un puñetazo en la cara que le rompió la nariz y lo hizo caer hacia atrás «a plomo», golpeándose la cabeza contra el suelo.
Los forenses que realizaron la autopsia confirmaron que la causa fundamental de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico grave, derivado del impacto frontal del puño y la caída posterior. Aunque se mencionó que el nivel de alcohol en la sangre de Sergio (embriaguez plena) pudo influir como «concausa» al ralentizar la capacidad de recuperación del organismo, los expertos médicos enfatizaron que el puñetazo fue el «desencadenante» directo de la muerte súbita. Novoa, vinculado a grupos de extrema izquierda y a la afición radical del Burgos CF –conocida por su rivalidad deportiva y social con Valladolid–, negó inicialmente la agresión, pero las pruebas y testigos lo incriminaron. Fue detenido y puesto en prisión provisional ese mismo febrero de 2024.
Esta agresión no fue un acto aleatorio: testigos y la policía revelaron que el motivo aparente fue el origen vallisoletano de Sergio, lo que podría encajar en un delito de odio. Sin embargo, el jurado descartó esta intencionalidad, una decisión que ha generado indignación al ignorar el contexto de rivalidad y violencia ultra que envuelve el caso.
El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Burgos en febrero de 2026, con un jurado popular compuesto por nueve miembros. Novoa, ahora de 25 años, admitió el puñetazo pero alegó no recordar el motivo exacto, mencionando vagamente que Sergio «iba de algo». Durante las vistas, que fueron tensas y emotivas, declararon testigos como el agente de Policía Nacional que tomó la primera declaración de Novoa, amigos de la víctima y forenses.
El jurado, en un veredicto casi unánime (ocho a uno en algunos puntos), declaró a Novoa culpable de homicidio imprudente, pero descartó por completo la intencionalidad de matar (dolo eventual), el agravante de superioridad (pese a que Novoa tenía conocimientos básicos de Muay Thai) y cualquier motivación relacionada con el origen de Sergio. Se consideró probado que el alcohol ingerido por la víctima influyó en el desenlace, pero no se profundizó en el hecho de que Novoa, un hombre joven y entrenado, atacara a alguien en estado de vulnerabilidad.
Inicialmente, la Fiscalía pedía 12 años de prisión por homicidio doloso, pero tras el veredicto, modificó su solicitud a un máximo de cuatro años. La defensa, por su parte, solicitó la libertad inmediata. El magistrado presidente del tribunal, acusado por la familia de parcialidad, accedió a esta petición el 11 de febrero de 2026. La razón: Novoa ya había cumplido dos años en prisión provisional, lo que cubre la mitad de la pena máxima posible. Así, el 12 de febrero, el Diario de Burgos anunció la liberación, desatando una ola de críticas.
La decisión del juez de dejar en libertad a Novoa es el epicentro de esta injusticia. A pesar de haber causado una muerte violenta, el acusado no enfrentará más de cuatro años de cárcel, y con el tiempo ya cumplido, podría evitar incluso regresar a prisión si la sentencia final es indulgente. Esta resolución ignora el dolor irreparable de la familia de Sergio, quienes han calificado el veredicto de «vergüenza» y han anunciado que recurrirán. En declaraciones públicas, han expresado su frustración: «Sergio merecía más respeto. Esto no es justicia, es una burla».
La familia ha denunciado públicamente el proceso, destacando cómo el jurado y el juez minimizaron elementos clave, como la posible ideología extremista de Novoa y el contexto de odio regional. En redes sociales, han recibido apoyo masivo, con mensajes como «Justicia para Sergio» y acusaciones de que el sistema protege a agresores radicales.
El caso de Sergio Delgado no es solo una tragedia personal; es un reflejo de una justicia fallida que valora más las tecnicidades legales que la vida humana. ¿Cómo es posible que un puñetazo motivado por odio regional, que acaba con la vida de un inocente, se resuelva con una pena tan leve y una liberación inmediata? Novoa, un individuo con vínculos a grupos violentos, camina libre mientras la familia de Sergio lucha por un cierre digno. Esta decisión envía un mensaje escalofriante: la imprudencia letal sale barata, y las víctimas de violencia ultra quedan desprotegidas.
Es imperativo que se revise este veredicto en apelación y que se reforme el sistema para que casos como este no se repitan. Sergio Delgado no estaba preparado para defenderse, y su muerte no puede quedar en una mera «imprudencia». Justicia real para Sergio: eso es lo que exige la sociedad, y lo que este artículo denuncia con vehemencia. La familia no está sola en esta lucha; el clamor público debe impulsar un cambio.