No todo juicio que termina con condenas firmes, incluso con confesiones y pruebas aparentemente contundentes, garantiza que se haya hecho justicia. Cuando en un crimen aparecen intereses políticos, resulta razonable sospechar que puedan haberse comprado silencios, ocultado pruebas o limitado deliberadamente determinadas líneas de investigación. En este contexto se encuadran varios asesinatos ocurridos en España en los que la casta política aparece, directa o indirectamente, como un elemento clave y nunca investigado oficialmente.
Terceras personas no condenadas en los casos de Asunta o Marta del Castillo
La delincuencia política no siempre se manifiesta de forma distinta a la delincuencia común u organizada. Al contrario, ambas comparten mecanismos, intereses y formas de actuación. El poder, el dinero y la impunidad generan dinámicas que se repiten, aunque los escenarios parezcan distintos. Algunos casos concretos resultan especialmente reveladores.
Uno de los crímenes que, a juicio de muchos, nunca se esclareció del todo es el de Asunta Basterra. Aunque oficialmente se dio por cerrado con la condena de sus padres adoptivos, la realidad es que gran parte de la información relevante nunca llegó a judicializarse. Existen pruebas, testimonios y elementos objetivos que apuntan a la participación de terceras personas, pero fueron apartados del proceso. El resultado fue una condena rápida que dejó fuera a otros posibles implicados.
El asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León
Una situación similar se da en el caso de Marta del Castillo. La investigación estuvo plagada de errores, contradicciones y omisiones. Según se ha denunciado reiteradamente, hubo personas que debieron sentarse en el banquillo desde el primer momento y no lo hicieron. Los propios padres de la víctima han señalado vínculos directos entre personas que participaron en el encubrimiento y cargos políticos relevantes en Andalucía. Esta conexión explicaría la torpeza inicial de la investigación y el hecho de que, durante casi veinte años, un grupo de jóvenes sin relevancia social haya podido burlarse del sistema sin consecuencias reales.
El asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, encaja también en este patrón. Aunque el crimen fue resuelto con rapidez y se condenó a tres mujeres, existen elementos que nunca fueron investigados y que apuntan a algo más que una simple venganza personal. Carrasco concentraba un enorme poder político y económico en la provincia de León, lo que la convertía en un obstáculo para muchas personas dentro y fuera de su propio partido.
Una larga lista de enemigos políticos y personales en el propio PP
La rapidez con la que se cerró el caso evitó que saliera a la luz una larga lista de enemigos políticos y personales. La Diputación de León era un centro de poder de primer nivel, un auténtico chiringuito institucional por el que pasaban decisiones, favores y recursos. Controlar ese espacio significaba controlar buena parte de la vida política y económica de la provincia.
Uno de los aspectos más llamativos del caso es la relación telefónica entre Triana Martínez, una de las condenadas, y un asesor directo del entonces presidente de la Junta de Castilla y León. En los meses previos al asesinato se produjeron cientos de llamadas entre ambos. Dichas comunicaciones constaban en el sumario, pero nunca fueron investigadas ni identificadas durante el juicio. No se preguntó quién era esa persona, qué relación mantenía con Triana ni de qué trataban esas conversaciones, pese a producirse en momentos clave.
El documental Muerte en León incide especialmente en este punto y plantea la posibilidad de que existieran autores intelectuales no judicializados. La propia dinámica interna del Partido Popular en Castilla y León, marcada por enfrentamientos, rivalidades y luchas por el poder, refuerza esta hipótesis. Isabel Carrasco no gozaba de buena reputación entre muchos de sus compañeros de partido y acumulaba resentimientos internos.
Triana Martínez, interina en la Diputación, se encontraba en una situación personal y económica muy delicada. Tras perder la plaza que ocupaba y ver cómo se eliminaba definitivamente ese puesto, recorrió despachos del PP leonés en busca de apoyos. Su convencimiento era que la cúpula del partido debía ayudarla. Isabel Carrasco se negó, sacó la plaza a oposición pública y, cuando el único aprobado renunció, decidió extinguirla, cerrando cualquier posibilidad de regreso para Triana.
Triana y su madre denunciaron persecución laboral y llamadas a empresarios para impedir que la contrataran
A partir de ahí surgieron acusaciones cruzadas. Triana y su madre denunciaron persecución laboral, llamadas a empresarios para impedir que la contrataran y, posteriormente, un supuesto acoso sexual por parte de Isabel Carrasco. Esta última acusación no prosperó por falta de denuncia previa y pruebas. Lo que sí quedó acreditado fue que la presidenta reclamó judicialmente cantidades cobradas de forma indebida por Triana y que se produjeron represalias económicas que agravaron su situación.
La cuestión central es si se trató de una venganza personal desproporcionada por parte de Triana y su madre, de una persecución política y laboral por parte de Isabel Carrasco, o de una combinación de ambas cosas dentro de un contexto de intrigas internas del partido. El texto sostiene que la realidad probablemente se sitúa en un punto intermedio, donde confluyen rivalidades políticas, ambiciones personales y situaciones económicas límite.
La participación de Raquel Gago, policía local, añade un elemento difícil de explicar si no se contempla un plan más amplio. Su papel habría sido proporcionar apoyo logístico, ocultar el arma y aportar seguridad a una madre y una hija sin experiencia criminal. Esto refuerza la idea de que el crimen pudo estar planificado con antelación y con la participación de más personas de las que finalmente fueron condenadas.
La verdad oculta del crimen de Isabel Carrasco
El artículo que escribí hace unos días sobre la verdad oculta del crimen de Isabel Carrasco plantea la posibilidad de que las autoras materiales asumieran toda la responsabilidad a cambio de protección, dinero o favores futuros, señalando que la cárcel no resulta tan disuasoria cuando existen apoyos poderosos detrás. En este sentido, se cuestiona que nunca se investigara si la situación económica de las condenadas cambió tras el asesinato.
Se apunta también a la existencia de relaciones personales y sentimentales poco claras entre Triana y personas influyentes, incluso con financiación de vivienda, lo que resulta especialmente relevante teniendo en cuenta su situación económica desesperada y la hipoteca que había asumido confiando en obtener una plaza fija.
Isabel Carrasco había manifestado en vida su miedo a ser asesinada
Isabel Carrasco había manifestado en vida su miedo a ser asesinada y llegó a comentar a personas de su entorno que cualquier día podían pegarle unos tiros. Tras su muerte, el poder que concentraba se repartió entre distintas manos. El texto sostiene que, de haber seguido viva, podría haber señalado a muchos de los responsables últimos de su eliminación.
La conclusión es que el asesinato de Isabel Carrasco no puede entenderse únicamente como un crimen personal o familiar. Existen demasiados indicios de que se produjo en un entorno de luchas políticas, dinero y poder, donde las autoras condenadas pudieron ser solo la parte visible de una trama mucho más amplia que nunca fue investigada.
