El pasado 27 de enero de 2026, el Congreso de los Diputados asestó un duro golpe al Gobierno de Pedro Sánchez al rechazar el denominado «decreto ómnibus», un paquete legislativo que agrupaba una amplia variedad de medidas bajo un mismo texto. Este rechazo, impulsado por los votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya, se produjo principalmente por la inclusión de una prórroga a la suspensión de desahucios para familias vulnerables, una medida que, en la práctica, ha sido criticada por beneficiar a los okupas e inquiokupas, prolongando la inseguridad jurídica para los propietarios. Sin embargo, lo más controvertido no es solo el contenido, sino la estrategia del Ejecutivo: mezclar asuntos populares y urgentes, como la revalorización de las pensiones, con otros más polémicos, en un claro intento de forzar su aprobación integral. Esta táctica, calificada por la oposición como «chantaje legislativo», pone de manifiesto la astucia –o tramposería– del Gobierno al utilizar a los pensionistas y otros colectivos como rehenes para colar reformas controvertidas.
El decreto, aprobado inicialmente por el Consejo de Ministros en diciembre de 2025, pretendía convalidarse como un todo indivisible, lo que obligaba a los diputados a aceptar o rechazar el paquete completo. Esta aproximación ómnibus, común en legislaturas fragmentadas, se convierte en una herramienta manipuladora cuando se incluyen medidas de consenso amplio junto a otras divisivas. A continuación, detallamos exhaustivamente todas las medidas que se pretendían aprobar en este decreto, basándonos en análisis de fuentes independientes y medios especializados. La lista revela la amplitud del texto y cómo el Gobierno intentó camuflar controvertidas extensiones del «escudo social» bajo el paraguas de mejoras económicas populares.
El decreto abarcaba un abanico de reformas en ámbitos como pensiones, fiscalidad, protección social y empleo. Aquí va la lista completa de lo que se buscaba aprobar:
- Revalorización de las pensiones contributivas: Un incremento general del 2,7% a partir del 1 de enero de 2026, ajustado a la inflación media del año anterior, afectando a casi 13 millones de pensionistas.
- Subida de las pensiones mínimas: Un aumento del 7% para garantizar un mayor apoyo a los jubilados con prestaciones más bajas.
- Incremento de pensiones no contributivas e Ingreso Mínimo Vital (IMV): Una subida del 11,4%, dirigida a los colectivos más vulnerables sin cotizaciones previas.
- Prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI): Mantenimiento temporal del SMI de 2025 (1.184 euros en 14 pagas) hasta negociar el de 2026, evitando un vacío legal.
- Congelación de cotizaciones sociales para autónomos: Mantenimiento de las cuotas de 2025, respondiendo a críticas por incrementos propuestos.
- Prórroga del sistema de módulos para autónomos: Extensión del régimen simplificado de IRPF e IVA para trabajadores por cuenta propia, incluyendo el especial para agricultura, ganadería y pesca.
- Coeficientes reductores para jubilación anticipada: Cotización adicional para bomberos forestales y agentes medioambientales, permitiendo adelantar la edad de retiro.
- Compatibilidad de pensión y trabajo para médicos: Ampliación hasta diciembre de 2025 de la posibilidad de que médicos de atención primaria, familia y pediatras combinen el 75% de su pensión con empleo activo.
- Subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): Incremento al 0,9% (0,75% a cargo de la empresa y 0,15% del trabajador) para reforzar el fondo de reserva de las pensiones.
- Prórroga del escudo antidesahucios: Suspensión hasta el 31 de diciembre de 2026 de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida originada en la pandemia que ha impedido ejecuciones judiciales incluso en casos de ocupación ilegal.
- Prohibición de cortes de suministros básicos: Extensión hasta diciembre de 2026 de la garantía de luz, agua y gas para consumidores vulnerables.
- Prórroga del bono social eléctrico: Descuentos del 42,5% para vulnerables y 57,5% para vulnerables severos en la factura de la luz, hasta finales de 2026.
- Prohibición de despidos por costes energéticos: Extensión de la norma que impide a empresas con ayudas públicas alegar subidas energéticas como causa de despido objetivo.
- Eliminación de obligación de declarar IRPF para parados: Exención de presentar la renta para perceptores de prestaciones por desempleo.
- Exenciones fiscales por desastres naturales: No tributación en IRPF de ayudas por daños personales en incendios forestales (del 23 de junio al 25 de agosto de 2025) y otras emergencias; exención en IRPF e Impuesto de Sociedades para ayudas por la DANA en Valencia, con prórroga de líneas de subvenciones para municipios afectados.
- Bonificaciones por eficiencia energética y movilidad sostenible: Deducciones en IRPF hasta el 15% por obras de eficiencia en viviendas, compra de vehículos eléctricos o instalación de cargadores; exención en Impuesto de Sociedades para autoconsumo energético.
- Prórroga de entregas a cuenta a comunidades autónomas: Mantenimiento de anticipos financieros a regiones y entidades locales.
- Actualización del impuesto de plusvalía municipal: Nuevos coeficientes progresivos para gravar más las transmisiones especulativas de terrenos (de 0,16 para menos de un año a 0,35 para más de 20 años).
- Prórroga de criterio para pérdidas por COVID: No computar pérdidas de 2020-2021 a efectos de disolución empresarial.
Lo que hace particularmente tramposo este decreto es la decisión deliberada del Gobierno de Pedro Sánchez de empaquetar medidas de amplio consenso, como la subida de pensiones –que afecta a millones de españoles y se aplica automáticamente según la ley de reforma de pensiones–, con otras altamente controvertidas, como la prórroga del escudo antidesahucios. Esta última, aunque se presenta como protección a vulnerables, ha sido denunciada por asociaciones de propietarios y la oposición como una carta blanca a los okupas, ya que impide recuperar viviendas ocupadas ilegalmente pese a sentencias judiciales, reduciendo la oferta de alquiler por miedo a la inseguridad. Al incluirlo todo en un solo texto, el Ejecutivo fuerza a los partidos a elegir entre aprobar beneficios a okupas o dejar sin subida a los pensionistas, un chantaje que el PP ha calificado de «uso de los pensionistas como rehenes» y Junts como «maniobra sucia».
Esta estrategia no es nueva en el sanchismo, pero en esta ocasión ha fallado estrepitosamente, dejando en el aire medidas esenciales y exponiendo la fragilidad de la mayoría parlamentaria del PSOE. El rechazo obliga ahora al Gobierno a negociar decretos separados, lo que podría retrasar implementaciones y generar incertidumbre económica. En última instancia, este episodio subraya cómo el afán por aprobar agendas ideológicas a toda costa puede volverse en contra, perjudicando a los ciudadanos que supuestamente se pretende proteger. ¿Aprenderá el Ejecutivo la lección, o persistirá en sus tácticas tramposas? El tiempo, y el Congreso, lo dirán.