Una revelación exclusiva de la Cadena COPE, divulgada el 27 de enero, ha puesto el foco en una decisión gubernamental que resulta inexplicable e irresponsable. Quince agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a las Unidades de Protección y Respuesta (UPR), se dirigían al lugar del siniestro tras recibir una alerta a través de la sala de operaciones 091. Estos policías estaban inicialmente asignados a proporcionar seguridad en un partido de fútbol entre el Córdoba y el Málaga, que comenzaba a las 21:00 horas. Al enterarse de la magnitud de la tragedia, se pusieron en marcha con medios técnicos y humanos para asistir en las labores de rescate.
Sin embargo, a solo 2 o 3 kilómetros de distancia, recibieron una orden directa de la jefa provincial de Córdoba para dar media vuelta. El argumento esgrimido fue que Adamuz es una zona rural bajo la competencia exclusiva de la Guardia Civil, y que sus servicios «no eran necesarios por ahora». Fuentes cercanas a los agentes, citadas por Juan Baño, jefe de Interior de COPE, expresan una «mucha frustración» en el cuerpo policial, con sentimientos de resignación y tristeza por no haber podido intervenir en los momentos iniciales, cuando cada minuto contaba para salvar vidas.
🔴 #EXCLUSIVA | Quince Policías Nacionales se dieron la vuelta camino de Adamuz al recibir la orden de la Subdelegación del Gobierno de no ir a la zona
🎙️ Juan Baño, jefe de Interior de COPE, explica en @linternacope que existe «mucha frustración» en el cuerpo por lo sucedido pic.twitter.com/TlS6Wzz7Vq
— COPE (@COPE) January 27, 2026
La Subdelegación del Gobierno ha negado haber emitido una «contraorden» explícita, pero confirma que rechazó la oferta de ayuda, alegando que los agentes estaban ocupados en otras tareas en Córdoba, lejos de la zona cero del accidente. Esta explicación no ha convencido, ya que los policías ya estaban en ruta y dispuestos a colaborar, lo que podría haber acelerado la respuesta en un escenario caótico donde los supervivientes relataban escenas de maletas apiladas sobre personas y gritos de auxilio en la oscuridad.
Esta orden controvertida no es un caso aislado; evoca de manera alarmante la gestión del desastre causado por las riadas en Valencia en octubre de 2024. En aquella ocasión, se acusó al Gobierno central de retrasar la activación de recursos clave, como la UME, priorizando competencias autonómicas y protocolos burocráticos sobre la urgencia humanitaria. Miles de personas quedaron atrapadas en inundaciones devastadoras, con un saldo de más de 200 muertos, y las críticas se centraron en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no actuar con celeridad.
En Adamuz, el patrón se repite: la rigidez en las demarcaciones entre cuerpos de seguridad (Policía Nacional vs. Guardia Civil) parece haber primado sobre la coordinación efectiva. Usuarios en redes sociales, como @prrojo, han expresado su indignación: «Y está puta vergüenza de competencias e incompetentes, con consecuencias, pasó en la DANA y vuelve a pasar aquí, porque vale más la presunta honrilla de algún gerifalte, que salvar vidas.» Otro comentario de @bdebaltasar resume el sentimiento general: «Pues como con la dana en Valencia. Marlaska es un miserable.»
Críticos como María Jamardo en Código 10 han ido más allá, afirmando que «esto es una cuestión de incompetencia… este gobierno sabe que el accidente de Adamuz es SU responsabilidad y que la culpa es invigilando, por omisión, negligencia o imprudencia de los suyos». Informes previos sobre el deficiente mantenimiento de las vías ferroviarias, ignorados por el Ministerio de Transportes bajo Óscar Puente, agravan las sospechas de negligencia sistémica. Testimonios en programas como Horizonte de Iker Jiménez revelan que trabajadores eran enviados semanalmente a fotografiar problemas estructurales sin resolverlos, por el alto costo involucrado.
La orden de regreso a los policías en Adamuz no solo representa una oportunidad perdida para salvar vidas, sino que expone un fallo estructural en la gestión de emergencias del Gobierno. Al igual que en la riada, donde la ayuda se demoró por «no haber sido solicitada formalmente», aquí se anteponen competencias territoriales a la humanidad básica. Esta negligencia recurrente, sustanciada por testimonios y exclusivas periodísticas, sugiere un patrón de ineficacia que cuesta vidas y erosiona la confianza pública.
Es imperativo que se investiguen responsabilidades, incluyendo posibles dimisiones de figuras como Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska. España no puede permitirse más desastres donde la burocracia triunfe sobre la solidaridad. Las víctimas de Adamuz, como las de Valencia, merecen justicia, no excusas.