La polémica decisión del comisario jefe de la Policía Metropolitana (Met), Sir Mark Rowley, de obligar a todos sus agentes y personal civil a declarar cualquier afiliación pasada o presente a la francmasonería ha escalado a los tribunales. La United Grand Lodge of England (UGLE), principal organismo masónico británico, junto con las ramas femeninas y mixtas, ha presentado una solicitud de demanda con medidas cautelares ante el Alto Tribunal para suspender inmediatamente la medida. Los masones acusan a la Met de discriminación religiosa, violación de derechos humanos y de «alimentar teorías conspirativas».
La policía defiende la norma como un paso crucial para restaurar la confianza pública en una institución lastrada por escándalos de corrupción y pérdida de credibilidad. La política, anunciada el 11 de diciembre y entrada en vigor de forma inmediata, exige declarar la pertenencia a cualquier «organización jerárquica con pertenencia confidencial que obligue a sus miembros a apoyarse y protegerse mutuamente». Aunque la redacción es genérica, el objetivo principal es la francmasonería, una sociedad fraternal con siglos de tradición en el Reino Unido.
Según la Met, una consulta interna reveló que dos tercios de los respondientes consideran que estas afiliaciones dañan la percepción de imparcialidad policial. Solo participó menos del 5% del personal (unos 40.000 empleados), un punto criticado por los masones como insuficiente para justificar la reforma.
Sir Mark Rowley ha enmarcado esta medida en un paquete más amplio de reformas para mejorar la transparencia y la integridad del cuerpo. La Met ha sufrido en los últimos años graves crisis reputacionales: denuncias de racismo institucional (informe Baroness Casey), corrupción interna y fallos en investigaciones de alto perfil. Fuentes policiales indican que una investigación actual sobre presunta mala praxis incluye alegaciones vinculadas a relaciones masónicas, aunque no se han probado judicialmente.
La policía ha manejado durante años inteligencia sobre posibles irregularidades derivadas de lazos forjados en logias, sin alcanzar siempre el umbral probatorio requerido.
Las reticencias hacia la francmasonería en las fuerzas del orden británicas no son novedosas. Desde los años 80 y 90, han circulado acusaciones de favoritismo, encubrimientos y redes de influencia en la policía y el sistema judicial. En 1999-2009, incluso los jueces debían declarar su pertenencia masónica.
El caso que ha impulsado la medida actual es el asesinato no resuelto del detective privado Daniel Morgan en 1987, asesinado a hachazos en el parking de un pub en Sydenham (sur de Londres).El Panel Independiente Daniel Morgan, en su informe de 2021, concluyó que la corrupción policial había «ocultado» el fracaso en resolver el crimen. Aunque no encontró pruebas directas de que se usaran canales masónicos para sabotear la investigación, identificó a diez agentes prominentes en el caso como masones. Uno de ellos incluso pasó a trabajar con un sospechoso principal. El panel destacó la «sospecha recurrente y desconfianza» generada por estas afiliaciones, recomendando explícitamente controles más estrictos, como la declaración obligatoria de pertenencia a organizaciones que pudieran generar conflictos de lealtad.
Este informe ha sido el catalizador definitivo para Rowley, quien considera que ignorar estas recomendaciones agravaría la erosión de confianza pública y interna.
La UGLE, representando a unos 200.000 masones en Inglaterra y Gales, ha reaccionado con contundencia. En una carta previa a la acción judicial (17 de diciembre) y en la solicitud de injunction presentada el 24 de diciembre, califican la política de «ilegal, desproporcionada, injusta y discriminatoria». Alegan violaciones de la Ley de Igualdad de 2010, el GDPR (protección de datos) y derechos humanos como la privacidad y la libertad de asociación (artículos 8 y 11 del Convenio Europeo).
Un argumento central es presentar la francmasonería como una creencia protegida: para ingresar, se requiere profesar fe en un ser supremo, lo que –según ellos– la convierte en una característica religiosa o filosófica amparada por la ley. Adrian Marsh, gran secretario de la UGLE, ha insistido en que la masonería se basa en «integridad, amistad, respeto y servicio», y que el compromiso de apoyo mutuo es moral, siempre subordinado a la ley y la familia. Critican que la Met «inventa la ley sobre la marcha» y proyecta «una aura de desconfianza» sobre toda la comunidad masónica.
La Federación de Policía Metropolitana también se opone, calificando la medida de «innecesaria e incorrecta» por posible vulneración de derechos humanos. Desde perspectivas externas, como la católica, este alegato religioso resulta controvertido.
La Iglesia Católica ha declarado históricamente la incompatibilidad entre la fe cristiana y la masonería, por sus juramentos secretos, estructura iniciática y ambigüedad doctrinal. Organizaciones como la FSSPX han interpretado esta estrategia como un «recurso defensivo» ante exigencias de transparencia en ámbitos sensibles como el policial.
En un contexto de profunda crisis institucional en el Reino Unido –con desconfianza hacia la policía en mínimos históricos–, la Met argumenta que la declaración no prohíbe la pertenencia, sino que asegura transparencia. «La percepción de imparcialidad es tan vital como la imparcialidad real», ha declarado un portavoz, prometiendo defender «vigorosamente» la política. Insisten en que fallar en actuar dañaría aún más la confianza pública.
Los masones, por su parte, rechazan alternativas propuestas durante la consulta (iniciada en septiembre) y acusan a la Met de consulta inadecuada. La UGLE ha mantenido reuniones con comandantes policiales, pero considera que no se escucharon sus objeciones.
El Alto Tribunal decidirá en las próximas semanas –posiblemente en enero– si concede la suspensión cautelar. Independientemente del resultado inicial, el caso abrirá un juicio de fondo que reavivará el debate sobre el papel de sociedades secretas en instituciones públicas.
Ante todo lo expuesto, cabe una pregunta: ¿Por qué una organización jerárquica y discreta resiste tanto a la declaración pública?
Cuando redes de lealtad paralela operan en la sombra dentro de un cuerpo coercitivo del Estado, la exigencia de luz no parece persecución, sino precaución legítima. El veredicto podría marcar un precedente sobre hasta dónde llega el derecho a la privacidad en el servicio público y cómo equilibrar secretismo fraternal con la neutralidad exigida a quienes aplican la ley. La confianza en la policía británica pende, una vez más, de este equilibrio delicado.