La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha elevado una denuncia formal contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea. El motivo: la persistente negativa a implementar la directiva europea que permite la exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas con facturaciones inferiores a 85.000 euros anuales, conocida como «IVA franquiciado». Según Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, «España es el único país de la Unión Europea que no ha aplicado la directiva europea del IVA franquiciado», lo que genera una discriminación flagrante para los más de tres millones de autónomos españoles.
Esta acción, presentada el pasado viernes, pone de manifiesto un retraso crónico en la transposición de normativas comunitarias que, de haberse aplicado, simplificarían la vida fiscal de miles de emprendedores. En un contexto de creciente presión por la competitividad de las pymes, la denuncia de ATA resalta cómo el Ejecutivo central opta por ignorar obligaciones europeas, priorizando posiblemente el mantenimiento de ingresos fiscales a corto plazo sobre el alivio administrativo para los trabajadores por cuenta propia.
El IVA franquiciado, también denominado «régimen de franquicia del IVA», es un mecanismo de exención fiscal introducido por la Unión Europea para aliviar la carga burocrática de los pequeños negocios y autónomos. Bajo este régimen especial, las empresas y profesionales con una facturación anual inferior a 85.000 euros quedan exentos de repercutir el IVA a sus clientes, de liquidarlo ante Hacienda y de presentarlo en declaraciones trimestrales o anuales. A cambio, no pueden deducir el IVA soportado en sus compras, pero el saldo neto suele ser favorable para operaciones de bajo volumen.
El objetivo principal es reducir la complejidad administrativa: en lugar de lidiar con cálculos, facturas detalladas y declaraciones periódicas, los beneficiarios emiten facturas sin IVA, lo que agiliza transacciones y mejora la competitividad frente a proveedores extranjeros. Este sistema se inspira en modelos ya vigentes en países como Francia (con su «franchise en base de TVA») o Italia, donde se denomina «regime forfettario», y busca fomentar el emprendimiento al eliminar barreras fiscales para microempresas.
En esencia, el IVA franquiciado no es una eliminación total del impuesto, sino una simplificación voluntaria que equilibra recaudación pública con apoyo al tejido productivo. Según expertos fiscales, podría beneficiar directamente a alrededor del 70% de los autónomos españoles, que operan por debajo del umbral de 85.000 euros, ahorrándoles horas de gestión y miles de euros en asesoría contable anual.
La base legal de esta exención radica en la Directiva (UE) 2020/285 del Consejo, modificatoria de la Directiva 2006/112/CE sobre el sistema común del IVA. Esta norma, aprobada en diciembre de 2020, amplió los umbrales de exención para adaptarse a la inflación y al crecimiento económico post-pandemia, elevando el límite de facturación exenta de 35.000 euros (vigente desde 2016) a los actuales 85.000 euros. Los Estados miembros tenían hasta el 1 de enero de 2025 para transponerla a sus legislaciones nacionales, haciendo de su aplicación una obligación vinculante.
A fecha de hoy, 15 de diciembre, 26 de los 27 países de la UE han incorporado esta directiva, con variaciones locales pero cumpliendo el espíritu de simplificación. Países como Alemania, con su «Kleinunternehmerregelung», o Portugal, que ya exime a autónomos con ingresos hasta 12.500 euros (y ahora ampliable), han visto un impulso en el registro de nuevos emprendedores. En contraste, España permanece rezagada: pese a promesas en el Plan de Recuperación y Resiliencia, el Gobierno no ha modificado la Ley 37/1992 del IVA para incluir este régimen, limitándose a regímenes especiales como el de recargo de equivalencia, que no ofrece la misma flexibilidad.
Lorenzo Amor ha sido tajante al respecto: «El Gobierno de España vuelve a discriminar a los autónomos españoles con respecto a los autónomos europeos, porque es el único país que no ha aplicado esta directiva». En su denuncia, ATA argumenta que esta inacción viola el artículo 395 de la Directiva IVA, que obliga a los Estados a notificar las medidas de transposición, y genera una desventaja competitiva para los profesionales españoles en el mercado único europeo.
La implementación del IVA franquiciado no solo simplificaría la contabilidad –eliminando declaraciones modelo 303 y 390 para el IVA–, sino que también potenciaría la economía real. Estudios de la Comisión Europea estiman que regímenes similares han reducido en un 20% la tasa de morosidad en pymes al agilizar pagos sin el lastre del IVA pendiente. En España, donde el 80% de los autónomos son microempresas, esta exención podría inyectar liquidez inmediata, fomentando inversión y empleo local. Sin embargo, el retraso actual obliga a estos profesionales a repercutir un 21% de IVA general, incrementando precios y restando atractivo en mercados transfronterizos.
Amor concluye con una llamada a la acción: «La implantación en España de un régimen real de simplificación y exención del IVA para pequeños negocios, alineado con la UE, que reduzca cargas administrativas y facilite el cumplimiento». Esta denuncia no es solo un pulso legal, sino un recordatorio de que los autónomos, pilar de la economía española, merecen políticas alineadas con Europa.
En última instancia, la inacción del Gobierno revela una preferencia clara: optar por el pago potencial de multas a la Unión Europea antes que por beneficiar directamente a los autónomos con una medida que impulsaría su competitividad y simplificaría su día a día. Mientras otros países europeos avanzan hacia una fiscalidad más amigable, España se atrinchera en un modelo obsoleto que perpetúa desigualdades. ATA ha encendido la mecha; ahora, toca al Ejecutivo decidir si corrige el rumbo o asume las consecuencias de su aislamiento normativo. Los autónomos, una vez más, pagan el precio de la inercia política.