En un momento en que el PSOE aún lidia con el polvorín interno desatado por las denuncias de acoso sexual contra Francisco «Paco» Salazar –el exasesor de confianza de Pedro Sánchez en La Moncloa y amigo de Pilar «Alaorgía», que iba a ser catapultado a la secretaría de Organización en sustitución de Santos Cerdán tras su caída por corrupción, pero que el presidente rescató como asesor informal antes de que las acusaciones lo hundieran–, salta un nuevo caso que saca los colores al partido que tanto ha presumido de feminista. Como si el fuego no ardiera lo suficiente, ahora es Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos (Málaga), quien ha sido denunciado por acoso sexual y llevado ante la Fiscalía, revelando patrones preocupantes de gestión interna que parecen priorizar el silencio sobre la protección de las víctimas.
El «lío de Paco Salazar» es otro vértice de una crisis que ha expuesto grietas profundas en el PSOE. Salazar, antiguo fontanero de Sánchez y figura clave en el círculo íntimo del Gobierno, fue apartado de su cargo en Moncloa en julio de 2025, justo antes de que un Comité Federal lo confirmara como número tres del partido, en relevo de Cerdán –implicado en la trama de corrupción del caso Koldo y enviado a prisión provisional–. Sin embargo, las denuncias de al menos dos mujeres que trabajaron bajo su mando no se limitaron a rumores: describían un ambiente tóxico en La Moncloa, con gestos humillantes como simular felaciones, pedir que mostraran el escote o pasearse con la bragueta abierta. A pesar de ello, Sánchez lo rescató como asesor externo.
Estas acusaciones, presentadas de forma anónima en el canal interno antiacoso del PSOE, «desaparecieron» misteriosamente de la plataforma digital, sin que Ferraz contactara a las denunciantes durante cuatro meses.
El partido, que presume de ser vanguardia feminista, tardó demasiado en reaccionar: solo esta semana, tras el revuelo en una reunión de urgencia con las secretarías de Igualdad de las federaciones, Pilar Bernabé –secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en Valencia– admitió que no se gestionó bien, aunque insistió en que «no hubo intención de ocultar nada».
Las denuncias contra Salazar se tramitaron por el canal del PSOE, no por el de Moncloa, revelando un «miedo» generalizado entre las trabajadoras a usar los mecanismos internos del Gobierno, por temor a represalias.
En este contexto de humos tóxicos, estalla el caso de Antonio Navarro, un mazazo que ilustra cómo los fallos sistémicos del PSOE se replican en las bases territoriales. Navarro, de 49 años, madrileño afincado en Torremolinos desde 2010 y comercial de peluquería de profesión, asumió la secretaría general local en abril de 2025. Es concejal en el Ayuntamiento desde 2019 y diputado provincial en Málaga, un perfil ascendente que ahora se tambalea por una denuncia presentada el 10 de noviembre ante la Sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Málaga.
La denunciante, una militante socialista que trabajaba bajo su órbita cuando Navarro era secretario de Organización y teniente de alcalde, lo acusa de acoso sexual y violencia de género psicológica y coactiva desde el último trimestre de 2021.
Los detalles son escalofriantes: mensajes de WhatsApp que comienzan con temas municipales pero derivan en insinuaciones sexuales persistentes –como «Te quiero meter ficha» o proposiciones no consentidas–, tocamientos no deseados (incluido un «toque en el trasero» que ella rechazó advirtiéndole de que lo reportaría) y un acoso que se extendió a llamadas y visitas no solicitadas a su domicilio, generando en la víctima «pánico a ser violentada físicamente en la puerta de casa».
La mujer describe un «ambiente intimidatorio, degradante y humillante», y menciona que al menos otras dos militantes podrían haber sufrido lo mismo, según fuentes internas. Antes de ir a la Fiscalía, agotó los cauces internos: denunció en el canal antiacoso de Ferraz el 8 de junio y reiteró el 14 de octubre, pero no obtuvo respuesta en dos meses.
Una parálisis que, curiosamente, contrasta con el caso Salazar, donde las denuncias «desaparecieron», pero aquí al menos se inició un expediente –aunque sin avances ni medidas cautelares–.
La Fiscalía ha abierto diligencias pre-procesales para investigar, solicitando medidas de protección para la denunciante y su familia, y podría derivar en una querella si se confirman los indicios.
Navarro, contactado por medios locales, lo niega todo y lo tacha de «denuncia falsa», pero el PSOE de Málaga ha reaccionado con un comunicado: los hechos están en manos del Órgano contra el Acoso de Ferraz, y si la Fiscalía avanza, pedirán su suspensión cautelar de militancia.
Fuentes del partido lo describen como «un tío difícil» que ha generado tensiones internas en Torremolinos, pero el momento no podría ser peor: coincide con la crisis nacional por Salazar y un Comité Federal inminente donde Sánchez busca recomponer la Ejecutiva.
Estos dos casos, entrelazados en el tiempo y en la metodología fallida del PSOE, cuestionan el compromiso real del partido con la igualdad que tanto proclama. ¿Es el canal antiacoso una herramienta de protección o un limbo burocrático para dilatar escándalos? Las víctimas, militantes socialistas en ambos casos, han tenido que escalar, unas a la Justicia y otras a medios como el diario. es, para ser oídas, mientras Ferraz convoca reuniones de urgencia que parecen más cosméticas que resolutivas. A un PSOE desgastado por la corrupción de Ábalos y Cerdán, ahora se le añade este goteo de abusos.
Tal vez el inservible ministerio de igualdad debería mirar más dentro del partido, que bastante tiene ya, antes de dar lecciones a los demás con sus ridículas y costosísimas campañas.