En un contexto de creciente presión fiscal y normativas medioambientales, la reciente aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en España ha abierto la puerta a un controvertido mecanismo: los peajes urbanos. Esta norma, impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso el 8 de octubre de 2025, permite a los ayuntamientos cobrar tasas a los vehículos por circular en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), especialmente a aquellos considerados contaminantes. Bajo el pretexto de reducir las emisiones y la congestión, el Ejecutivo anima a las ciudades a implementar estos cobros, que van desde un euro al día hasta tarifas variables por emisiones.
La Ley de Movilidad Sostenible, que ha tardado dos legislaturas en aprobarse tras múltiples enmiendas y suspensiones electorales, establece en su Disposición Adicional 7ª que los municipios pueden gravar la circulación de vehículos que «superen los límites o categorías máximas de libre circulación» en las ZBE. Esto incluye coches sin etiqueta ambiental o con la B (los más contaminantes, como diésel anteriores a 2006 o gasolina previos a 2000). El argumento oficial es que acceder a estas zonas con tales vehículos representa un «aprovechamiento especial del dominio público», justificando una tasa municipal.
La norma no obliga a su implementación —es «opcional» para ayuntamientos de más de 20.000 habitantes—, pero crea el marco jurídico para que lo hagan. En paralelo, refuerza las ZBE obligatorias en ciudades de más de 50.000 habitantes desde 2023, con multas por incumplimiento que superan los 200 euros. Además, el texto promueve la revisión de las etiquetas de la DGT en un año, incorporando CO₂ como criterio, y prioriza modos de transporte «sostenibles» como el peatonal, ciclista o público sobre el coche privado.
Esta ley supuestamente responde a compromisos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia, desbloqueando hasta 10.000 millones de euros a cambio de avanzar en descarbonización. A cambio de eliminar los peajes en autovías (otro globo sonda impopular), el Gobierno ha potenciado el transporte de mercancías por ferrocarril (del 4% al 10% de cuota) y habilitado estos peajes urbanos.
Las Islas Baleares han sido el laboratorio de esta política. Desde 2025, Ibiza y Menorca cobran hasta un euro diario a vehículos no matriculados localmente, extendiéndose a coches de alquiler para frenar el turismo motorizado. Palma de Mallorca planea un peaje similar para reducir el tráfico en sus calzadas, argumentando congestión creciente.
Además, una «tasa ecológica» de 50-85 euros se aplica a vehículos que llegan en ferry, escalada por emisiones.
En la península, ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla ya restringen la etiqueta B en ZBE, y la ley acelera su expansión a 150 municipios. Barcelona ha estudiado un peaje de 4 euros diarios (7-20h) para no residentes con coches contaminantes, potencialmente recaudando 370 millones anuales. Madrid podría implementar viñetas de 80 euros anuales, similar a Portugal o Alemania.
Estudios citados por expertos muestran que peajes como los de Londres (10-30 euros) o Milán reducen tráfico un 20-30%, pero combinados con ZBE estrictas; solos, solo desplazan la contaminación a periferias sin mejorar el aire global.
En España, con un parque automovilístico envejecido (media de 14 años), esto penaliza a familias de renta media que no pueden renovar por coches eléctricos. Mientras, el Gobierno promete incentivos para «cero emisiones», pero sin fondos suficientes: el PERTE del vehículo eléctrico se agota en 2025.
La verdadera cara de esta ley es recaudatoria. Conductores ya pagan IVA, matriculación, circulación, combustible e ITV; ahora, duplican con tasas urbanas. En 2025, con recaudación estatal en máximos históricos, estos peajes podrían generar miles de millones: Barcelona sola, 370 millones; extrapolado, superaría el déficit de mantenimiento vial (10.000-15.000 millones estimados por Bruselas).
Críticos como Ángel Sampedro (UAX) lo llaman «impuesto finalista inexistente»: la recaudación se diluirá en presupuestos generales, no en carreteras o aire limpio.
Los peajes urbanos son el enésimo capítulo de una agenda que prioriza el control sobre la equidad. Bajo el manto verde de la sostenibilidad, el Gobierno y ayuntamientos acumulan tasas que no resuelven la contaminación —pues pagan los ricos y contaminan igual— sino que castigan a la clase media, fomentando desigualdad. Si Europa exige descarbonización, España responde con más burocracia recaudatoria, no con trenes accesibles o incentivos reales. Es hora de cuestionar: ¿movilidad sostenible o Estado depredador?