El pasado 26 de septiembre, las autoridades federales de EEUU arrestaron a Howard Rubin, un exfinanciero de Wall Street con conexiones pasadas con George Soros, en su residencia de Connecticut, tras una acusación por tráfico sexual y transporte de mujeres para prostitución. Rubin, que ocupó cargos destacados como gerente en Soros Fund Management y Bear Stearns, enfrenta cargos que han sacudido tanto los círculos financieros como los legales.
Según la investigación, Rubin habría dirigido durante una década una operación ilícita desde un apartamento en Manhattan, convertido en una «mazmorra sexual» equipada con dispositivos BDSM, incluyendo correas, restricciones y equipos de electrochoque. La acusación detalla que Jennifer Powers, asistente personal de Rubin desde aproximadamente 2011, fue arrestada en Texas y se le acusa de gestionar los aspectos logísticos de esta red de tráfico. Powers habría sido clave en la organización de los encuentros, lo que la convierte en una figura central en el caso.
El caso involucra a diez mujeres, identificadas como Jane Does #1 a #10, quienes alegan haber sufrido un trato brutal a manos de Rubin, provocando lesiones que en ocasiones requirieron atención médica. Los fiscales estiman que Rubin invirtió al menos un millón de dólares para financiar esta operación, que incluía trasladar a exmodelos de Playboy a Nueva York para actos sexuales comerciales entre 2009 y 2019. Este escándalo retoma acusaciones previas de 2017, cuando varias mujeres denunciaron agresiones y violaciones por parte de Rubin, lo que llevó a un fallo civil multimillonario en su contra por violar la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico.
El Director Asistente del FBI, Christopher Raia, describió la operación como una red de tráfico nacional en el que se explotaba el estatus de Rubin para atraer a víctimas, silenciándolas con amenazas de acciones legales. El apartamento, ubicado en la calle 57 Oeste cerca de Central Park, contaba con habitaciones insonorizadas pintadas de rojo, diseñadas específicamente para actividades BDSM, algunas de las cuales dejaban a las mujeres inconscientes e incapaces de defenderse. Según la acusación, las mujeres involucradas recibían 5.000 dólares por encuentro y debían firmar acuerdos de confidencialidad en blanco.