En un giro decisivo que intensifica la presión sobre el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, ha acordado transformar las diligencias de investigación contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, en un procedimiento ante jurado popular por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La resolución implica también a la asistente de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Aunque el auto no detalla exhaustivamente los hechos imputados, cita a los tres implicados para este sábado por la tarde en el juzgado, con el fin de informarles de la nueva vía procesal.
Esta decisión llega tras más de un año de una instrucción controvertida, marcada por recursos, anulaciones parciales y críticas por parte de la Fiscalía y la defensa. Peinado, conocido por su tenacidad en casos de alto perfil, se apoya en indicios acumulados sobre el uso irregular de recursos públicos en la contratación y funciones de Álvarez, quien habría desviado esfuerzos oficiales hacia actividades privadas de Gómez, como la gestión de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La investigación se remonta a abril de 2024, cuando Peinado admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Inicialmente, el foco estaba en cartas de recomendación firmadas por Gómez en favor de empresas y en su rol en el rescate de Air Europa. Sin embargo, la causa se ha ramificado en múltiples piezas separadas, incorporando nuevas querellas de formaciones como Vox y Hazte Oír.
Un punto de inflexión llegó en marzo de 2025, cuando el juez abrió una pieza específica por malversación, al considerar que La Moncloa contrató a Cristina Álvarez en julio de 2018 no solo para asistir a la esposa del presidente en agenda oficial, sino para tareas privadas. Álvarez, con un salario público de unos 2.500 euros mensuales, habría gestionado correos y contactos relacionados con la cátedra extraordinaria de Gómez en la UCM sobre transformación digital y sostenibilidad, patrocinada por empresas como Telefónica, Indra y Google. Según el juez, estos esfuerzos incluyeron gestiones para software educativo que «nunca se utilizó», lo que apunta a un posible desvío de fondos públicos hacia intereses privados.
En agosto de 2025, Peinado imputó formalmente a Gómez y Álvarez por este delito, citándolas de nuevo a declarar el 10 y 11 de septiembre, respectivamente. Durante estas comparecencias, Álvarez se acogió al derecho a no declarar, mientras Gómez defendió que las acciones de su asistente eran un «favor» personal, no una sustitución de funciones oficiales.
El auto de imputación se basó en un fallo de la Audiencia Provincial de Madrid de junio de 2025, que avaló la continuación de la pesquisa al señalar que Álvarez podría haber «sobrepasado sus funciones públicas para favorecer un plan delictivo» de Gómez en materia de tráfico de influencias.
Paralelamente, en mayo de 2025, Peinado imputó a Francisco Martín Aguirre, exsecretario general de Presidencia (2021-2022) y actual delegado en Madrid, por su supuesta responsabilidad en la contratación de Álvarez cuando era jefe de gabinete de Félix Bolaños, entonces secretario general. Vox presentó una querella alegando que Martín participó en un nombramiento irregular financiado con presupuestos estatales.
Martín, que declaró como investigado el 14 de mayo, negó cualquier intervención en la decisión de 2018 –cuando aún no ocupaba el cargo clave– y afirmó confiar en el archivo del caso. La Fiscalía recurrió esta imputación, argumentando que el nombramiento era «legítimo y usual» para esposas de presidentes, como ocurrió con antecesoras de Gómez.
El auto de Peinado, emitido este 24 de septiembre, concluye la instrucción de esta pieza separada y propone el enjuiciamiento ante jurado popular, reservado para delitos graves como la malversación cuando implica «conductas que lesionan gravemente la Administración de Justicia o la Administración Pública».
El magistrado argumenta que los indicios son suficientes para elevar el caso a juicio oral, donde un jurado de nueve ciudadanos decidirá por mayoría (al menos siete votos) sobre la culpabilidad. Esta vía, inusual en casos de malversación, subraya la gravedad que Peinado atribuye a los hechos: el desvío de una empleada pública (Álvarez) para labores privadas de Gómez, como correos a patrocinadores de la cátedra UCM o gestiones con Reale Seguros para prórrogas de financiación.
La cita de este sábado –previa a la apertura formal de juicio oral– servirá para notificar personalmente la transformación procesal. Fuentes cercanas a la defensa indican que Gómez y Álvarez recurrirán ante la Audiencia, alegando «falta de indicios sólidos» tras 15 meses de investigación.
Aunque esta pieza por malversación avanza hacia juicio, el grueso de la causa contra Gómez permanece abierto, con imputaciones pendientes por apropiación indebida, intrusismo y tráfico de influencias. Incluye interrogatorios a directivos de empresas patrocinadoras –quienes negaron irregularidades– y careos fallidos, como el propuesto entre Álvarez y un alto cargo de Moncloa.
La defensa insiste en que la asistente realizaba tareas habituales, como coordinación de seguridad y agenda, tradición en todas las primeras damas democráticas.
El enjuiciamiento ante jurado podría dilatarse meses, pero ya marca un hito: por primera vez, una esposa de presidente se enfrentaría a un veredicto popular por malversación. Mientras, la sombra sobre La Moncloa se alarga, alimentando el debate sobre la separación entre lo público y lo privado en el corazón del poder.