Recientemente el PSOE ha decidido una campaña para demonizar la comunidad de Madrid y en especial Ayuso, el blanco de las críticas de la mafia socialista a la que si pudieran quitarla del medio lo harían con gusto. El escándalo de su pareja y el caso del Fiscal general del Estado es un excelente ejemplo de cómo se puede jugar con la vida de las personas contando secretos de manera ilegal y provocando un chivatazo que está investigando el TS sobre la acción de este corrupto y brazo ejecutor de la mafia socialista, puesto a dedo por su amo.
Lo que hoy vamos a hacer es un ejercicio a lo Holmes, investigando lo que ocurrió en aquel 2020 en las residencias y quienes eran competentes en la gestión sanitaria, todo un misterio para Conan Doyle, el cual escribiría una excelente novela llena de emoción e intriga, aunque sin imaginarse el horror que supondría vivir en ese futuro distópico que el pobre no podría ni soportar.
La historia se inicia con el proceso seguido por un Juzgado de lo Contencioso administrativo de Cáceres por un tema más que delicado, con respecto a la gestión del covid 19 y quién fue el verdadero responsable de ella en los primeros meses, sobre todo en los que las personas de la tercera edad murieron como chinches de un campo de concentración sin que nadie hiciese absolutamente nada. La demandante sugiere que algo tuvo que la comunidad autónoma en la decisión que provocó la muerte de una mujer de 73 años, internada desde febrero de 2019, la cual padecía alzheimer con un grado de incapacidad del 70 por ciento. Parece ser que, al ser contagiada por el supuesto bicho, al igual que muchos residentes, resultó contagiada de neumonía bilateral grave, por lo que se planteó que fuese tratada en un hospital, pero, al no entrar en los protocolos médicos por su estado cognitivo, no fue ingresada en UCI, de modo que falleció en la residencia sin que la familia no llegase a ni imaginar el grado de gravedad de su madre, siendo tratada con morfina en sus últimas horas.
Ante la cuestión si de los hechos era responsable la comunidad autónoma, la sentencia concluye que se dictaron algunas órdenes por parte del ministerio de sanidad, especialmente la orden SND 265 de 2020, de 19 marzo, en la que se decide que es el ministerio de sanidad el que interviene en la gestión de las residencias de mayores, dictando las normas correspondientes, es decir, que estaba todo centralizado allí. Las comunidades autónomas no tuvieron competencias hasta la llegada del Real Decreto 555 de 2020 de 14 de junio sobre medidas para ver decidir si se había superado la fase III de la farsemia. Es decir, que en ningún momento las comunidades autónomas pudieron tomar decisiones al respecto pues todo estaba centralizado en el gobierno de España y especialmente en Pablo Iglesias, vicepresidente por aquel entonces y ministro de la agencia 2030, todo relacionado pues formaba parte del mismo paquete de medidas para ejecutar el plan de reducción de la población, quien coordinaba incluso el rol que jugaron las fuerzas de seguridad del estado español para mantener las medidas del aquel RD que abrió la puerta al fascismo que aún seguimos sufriendo.
Teniendo en cuenta que el 67 por ciento de los fallecidos en 2020 fueron en residencias, las cifras oficiales de ese año fueron de 29408 personas, siendo más de 6000 de la comunidad madrileña, 4709 en Cataluña, 3987 en Castilla León, 2085 en Andalucía y 1951 en Valencia. Estas cifras se ven incrementadas en el año 2021 con un total de 40171, correspondiendo 11079 a la comunidad de Madrid, 7719 en Cataluña o 5216 en Castilla León. Es decir, que siendo el estado el primer responsable de todo este masivo genocidio y asesinato en masa, pudieron las comunidades haber denunciado lo ocurrido, pero fue el silencio cómplice de las autoridades lo que hizo que nadie se percatara de que en realidad nadie movía un dedo por salvarlos y que el hecho de que no tuvieran competencias no es excusa para denunciar lo que a las claras se podía ver como un delito gravísimo que hasta la fecha nadie ha estudiado.
Por lo tanto, la lista de autores de estos crímenes comienza por Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Salvador Illa, todo el equipo del ministerio de sanidad, incluyendo los doctores que cumplieron al pie de la letra los incorrectos protocolos ordenados por la genocida organización de la OMS, pasando por las autoridades autonómicas que, obedeciendo órdenes, no tuvieron los cojones de denunciar lo que estaba ocurriendo, lo cual los convierte nada más y nada menos en cómplices. Me refiero a todos los presidentes de las comunidades autónomas, fueran del PSOE o del PP, todos comprados por un buen billetón para estar bien calladitos y empezar el plan de la agenda 2030 y del nuevo orden mundial, ése que nos anunció Montero en una declaración desde la Moncloa en mayo de 2020.
Todo ello merecedor de un juicio a lo Nuremberg, pero sin trampa ni cartón para que paguen estos criminales por su fechorías y políticas claramente genocidas, las cuales no se quedaron allí, sino que siguieron gracias a que estos partidos estaban completamente comprados y tenían un acuerdo para taparse el secreto de sus acciones claramente delictivas.
No hay entonces un solo asesino, sino que son tantos entre autores y cómplices, muchos de ellos en sus cargos, como si tal cosa, que habría que hacer un barrido para dejar todas las instituciones vacías por su inutilidad y costo para el contribuyente.
Estos son los hechos de los que el PSOE quiere sacar partido acusando sólo a Ayuso, mientras eran ellos los que tenían las competencias y tomaban las riendas de la crisis. Nada nuevo entonces bajo el sol tras esa matanza en la que las personas de la tercera edad morían aporreando las puertas.
Sólo demonios tienen la sangre fría para hacer eso e instrumentalizar ese daño a su propio beneficio, sólo quienes vendieron sus almas a Lucifer e hicieron un sacrificio de sangre y de hermandad con Leviatán pueden dormir tranquilos. Ésta es la calaña de nuestra clase política, decir que son despreciables es un halago que ni merecen.