En marzo de 2020 se realizó un experimento de ingeniería social conocido como “La Pandemia”. Durante ese periodo que va desde marzo de 2020 a diciembre del mismo año, se utilizó por el Gobierno de España y por obscuras manos mundialistas como la OMS y la ONU, a una sociedad presuntamente democrática y libre, como era la española, como conejillo de indias para comprobar cuánto tiempo era capaz de resistir con los derechos fundamentales de los ciudadanos suspendidos y gobernados mediante Decretos por un gobierno dictatorial.
La gente recibió un mensaje que asumió como una orden del Gran Protector de su salud y su existencia: Inocularse un suero experimental y usar mascarilla. La gente en su mayoría obedeció como autómatas sin pensar en las consecuencias de lo que hacían. El Estado velaba por su salud y seguridad. Las Fuerzas del Orden que debían velar por la libertad de las personas y por sus derechos fundamentales, se convirtieron en represoras del pueblo, y simples policías locales se convirtieron en adalides de una dictadura en la que sentían cómodos ejerciendo un poder sin límites de “sheriff de pueblo”.
Se cerraron empresas en pro de la “salud” de la población, se arruinaron negocios por el bien del ciudadano, se envió a miles de trabajadores al desempleo al quebrar las pymes en las que trabajaban, cerraron la hostelería y los espectáculos y encerraron ilegalmente a la población en sus casas, mientras una parte de la misma, con síndrome de Estocolmo, salía todos los días a aplaudir al dictador que les tenía en cautiverio con la excusa de homenajear al personal sanitario. Limitaron la movilidad de las personas con normas ridículas tales como viajar las familias con mascarillas en sus propios vehículos, mientras los mismos pasajeros convivían en la mismo hogar sin mascarilla. Incluso yo he visto a “iluminados” viajando solos en automóviles con una mascarilla puesta.
La propiedad privada fue expropiada, junto con los medios de producción y los inquilinos de las viviendas arrendadas podían vivir sin pagar las rentas de alquiler, y nadie podría echarles de las viviendas por orden del Gran Dictador, que inventó el término de vulnerable para evitar los desahucios por falta de pago de los inquilinos morosos, que pronto se convirtieron en una fuente de votos para el Dictador.
Esos inquilinos se acostumbraron a vivir en casas ajenos sin pagar, se suspendieron los juicios para desalojarlos creando una injusticia con los pequeños propietarios que habían puesto sus propiedades en alquiler. Se les obligó incluso a seguir pagando la electricidad y el gas, aunque no recibieran renta alguna de los “inquiokupas”.
La propiedad había sido expropiada por el Estado en pro de un presunto fin social, pero el propietario registral, debía de seguir pagando gastos, hipotecas e impuestos por ella.
Esta injusticia propia de un Estado Comunista, es decir, de Sánchez, se ha mantenido durante cinco años prorrogando el citado decreto de “protección del moroso inquiokupa”.
Pero ayer llegó la no aprobación del decreto antideshaucios y su derogación por el Congreso de los Diputados, al no votar a favor de su convalidación, ni Junts (Puigdemont), ni PP, ni VOX, entre otros. En resumen derrota de Sánchez y de sus “inquiokupas”.
Ante este hecho, surge una pregunta: ¿Los propietarios podrán echar por fin a sus okupas tras cinco años de supresión del derecho a la propiedad por parte del gobierno comunista de Sánchez?
De momento el propietario ha de acudir a los tribunales y solicitar que se alce la suspensión de los procedimientos judiciales.
El problema es que la okupación representa un importante caladero de votos para el PSOE y existe la posibilidad de que el Gobierno dicte otro decreto similar al derogado. Pero ya no sería todo igual para el inquiokupa, tendrían que justificar de nuevo su situación de vulnerabilidad mientras el procedimiento judicial avanza. Además, hay que hacer notar que ese decreto, tendría que ser igualmente convalidado en el Congreso en el plazo de un mes y es evidente que Junts, PP y VOX votarían de nuevo en contra, ya que la okupación se ha convertido en un problema en Cataluña y los propietarios que votan a Junts, presionan para que este decreto nunca vuelva a aprobarse.
A los propietarios afectados, les queda la posibilidad de pedir al Estado los daños y perjuicios que han de solicitarse en un mes a partir de la derogación del decreto en el Congreso de los Diputados o un mes desde que expiró el anterior. No esta claro, pero lo que si está meridianamente claro es que hay que reclamarlo inmediatamente antes del 31 de enero, por si acaso. Otra cosa son los grandes tenedores, que tendrán que ir por otro camino diferente a los pequeños propietarios y comenzar en dos meses el trámite correspondiente ante la administración autonómica para averiguar si su okupa es vulnerable y, una vez averiguado esto, hacer una mediación en caso de que lo sea o pedir el lanzamiento.
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